Defensor regional llama a corregir errores de causas para "garantizar un sistema justo"
En la instancia liderada por Osvaldo Pizarro se abordaron los avances logrados en materia institucional durante 2022. El descenso en el número de causas y la falta de medidas correctivas tras los errores detectados en el caso Tomás Bravo marcaron el balance.
El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, encabezó la cuenta pública de la entidad en la zona, instancia en la cual entregó cifras sobre la gestión local y avances en materia institucional durante el año pasado. Además, abordó el descenso en el número de causas y la falta de medidas correctivas tras los errores detectados en el caso del pequeño Tomás Bravo.
Sobre este último punto, Pizarro realizó una importante crítica a las filtraciones de la carpeta investigativa y profundizó sobre la ausencia de medidas correctivas tras conocerse un sinnúmero de errores registrados durante la investigación y tramitación del caso por parte de diferentes organismos.
"No hemos tomado conocimiento de ninguna corrección objetiva que se haya implementado, como podría ser, por ejemplo, la dictación de nuevas normas técnicas que regularan ciertos trabajos científicos, y ello es extremadamente complejo, porque detectar errores y no corregirlos hace que la confianza en el sistema de justicia criminal se debilite y ello no puede ocurrir", puntualizó.
En la misma línea, el defensor regional subrayó que la detección de los errores es sólo el primer paso para asegurar la justicia. "Si no los corregimos, estamos siendo negligentes y causando daño a personas inocentes y al sistema de justicia criminal. Es nuestro deber moral y legal actuar con prontitud y eficacia para restablecer la confianza en las instituciones. Debemos trabajar juntos para corregir los errores y garantizar que nuestro sistema de justicia sea justo y eficaz", sentenció.
Ingresos de causas
En cuanto al balance, Osvaldo Pizarro precisó que durante el año 2021 se registraron 26.847 ingresos de causas en la Defensoría Regional, mientras que en 2022 estas disminuyeron a 20.675, lo que corresponde a una merma del 23%. El defensor explicó que existe un menor nivel de denuncia y criminalidad que se judicializa ante el sistema penal. Indicó que se explica también porque existe un menor nivel de casos judiciales ante los tribunales debido al alto número de causas de rezago que existen post estallido social y pandemia, las que significan cargas de trabajo retenidas por parte del Ministerio Público, y que al día de hoy no han podido ser judicializadas.
En la instancia, Osvaldo Pizarro también profundizó en el derecho a la presunción de inocencia y los 10 años de la implementación del Proyecto Inocentes. En esa línea, aclaró que de las 25.205 causas terminadas el año pasado, 5.101 (que corresponden a un 20%) concluyeron con imputados inocentes o no condenados. De ellos, 96 permanecieron privados de libertad dando cuenta que se sigue haciendo un uso excesivo de esta medida cautelar, la más gravosa del sistema de justicia.
Perspectiva de género
Sobre los avances principales, señaló que uno de los mayores logros durante 2022 y que se extendió al 2023 fue la tramitación de casos con perspectiva de género que permitió revocar la prisión preventiva a todas las mujeres embarazadas y/o con hijos lactantes de la Región, sustituyéndola por medidas cautelares de menor intensidad.
Asimismo, el enfoque de las alegaciones se centró en la obligatoriedad de la aplicación de los estándares internacionales en materia de mujeres embarazadas y lactantes por parte de los tribunales.