"El rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública: ¿Cuál es el límite?" fue el tema que convocó a invitados nacionales e internacionales en el seminario con que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián presentó en Concepción el Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO).
La jornada comenzó con la intervención del general (r) Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia y ex vicepresidente de su país. "Cuando digo que es necesario recurrir a capacidades militares, no me refiero a la presencia de soldados en las calles como parte fundamental y necesaria para superar el reto de la inseguridad y el crimen organizado. Me refiero a sumar capacidades que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de inteligencia", expresó el general (r), quien cumplió un destacado rol en la lucha contra los carteles en su país y en las negociaciones de paz con las FARC.
El seminario, que contó con dos paneles de conversación y abordó también el caso de Italia, finalizó con la exposición del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz.
"El Estado de Chile como forma de organización política existe para el bien común, expresado en tres términos: seguridad, desarrollo y, la suma de las dos, un bienestar a los ciudadanos, los que son parte del contrato social. Hasta ahí, nada nuevo, pero la seguridad tiene dos dimensiones, una interna y otra externa, y así lo recoge nuestra constitución".
General (r) John Griffiths,
ex jefe del Estado Mayor
del Ejército de Chile.
"Es insensato pretender que las Fuerzas Armadas o todas las instituciones del país no cooperen en la seguridad pública. Lo sensato es ver cómo cooperan, porque tanto las fuerzas de orden como las de seguridad son diferentes en su estructura, formación y medios".
Vicealmirante (r)
Cristián de la Maza,
ex subsecretario de Defensa.
"Las Fuerzas Armadas sí deben tener un rol, porque forman parte de una sociedad democrática. La pregunta es cuál es ese rol".
Luis Toledo, ex fiscal regional
y director del CESCRO.
"Los gobiernos regionales deben tener competencias en materia de prevención del delito, porque son los representantes de los ciudadanos. No se entiende que una autoridad elegida por las personas no tenga competencias para la principal preocupación ciudadana, su seguridad".
Felipe Harboe, ex subsecretario
del Interior e integrante
de CESCRO USS.
"El crimen es un fenómeno que ha cambiado mucho en Chile y tenemos que abordarlo desde el punto de vista del crimen organizado. Acá se construyeron propuestas que servirán como insumo para el debate nacional".
Pía Greene, ex jefa de Seguridad Pública del Ministerio del Interior
e integrante de CESCRO USS.
"En Chile, las ayudas que se les dan a las víctimas, por parte del Ministerio Público o del Interior, son exiguas y casi paupérrimas. Lo que nosotros hemos venido reivindicando es que, así como hay una garantía y una Defensoría Penal Pública que ayuda a los imputados, las víctimas no queden al azar".
Rodrigo Díaz, gobernador
de la Región del Biobío.
"Chile tiene una Ley Antiterrorista muy antigua, de 1985. Ha tenido algunas modificaciones, pero se da una situación, tanto los fiscales como los jueces y el gobierno, dicen que es una ley que no sirve. Por eso, no la invocan o no la aplican, y aplican la legislación común".
Jorge Burgos, ex ministro
del Interior
e integrante de CESCRO.