A dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Entrevistas Videograbadas
carola rivas, Presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción,
El Estado de Chile y por cierto el Poder Judicial tenían una deuda con los niños, niñas y adolescentes que se ha empezado a saldar a dos años de la entrada en vigencia en nuestra región de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas.
La ley, también conocida como "No me preguntes más", estableció un modelo acorde a la normativa internacional y respetuoso de los derechos de los/as niños, niñas y adolescentes. A su vez, representa un cambio de paradigma en la tramitación de los casos por policías, fiscales, jueces/zas y defensores/as y cómo se ha de interactuar con los/as niños, niñas y adolescentes resguardando su dignidad, trato y salud.
No es un acto de "nobleza" o "de buenas intenciones hacia los niños, niñas y adolescentes", como lo manifestaran algunos intervinientes del proceso penal, por allá en al año 2021; es el reconocimiento de sus derechos fundamentales, dadas sus particulares características y sus etapas de desarrollo evolutivo, así como su posición de víctimas, lo que requirió de la instalación de una estructura sistémica que les permita participar, esto es, poder entender, expresarse y accionar sin ser dañados en el intento, dadas las claras consecuencias que el sistema penal y sus dinámicas han generado hasta ahora en su contacto con ellos.
Es importante recordar que esta jurisdicción fue pionera en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en el proceso penal, realizando acciones concretas para evitar su victimización secundaria por los tribunales, sus jueces y los intervinientes de un proceso penal.
En efecto, en el año 2014, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles había implementado una Sala Especial para la declaración de menores víctimas de algún delito, aunando al proyecto a representantes de la Fiscalía, Defensoría Penal Pública, profesionales de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos y del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior. Luego, se sumarían los TOP de Concepción y Cañete.
Son 19 jueces y juezas quienes hoy día se han constituido como intermediadores -de los 44 con que cuenta la región- interactuando en 82 oportunidades en procedimientos ante los Tribunales Orales Penales de la jurisdicción. La mayoría de las declaraciones judiciales (61%) se ha realizado en virtud de procesos por delitos de violación y abuso sexual.
Los jueces y juezas hemos concurrido a consolidar este nuevo sistema, que ya es parte de un proceso legal y debido, justo y respetuoso, imbuido de la necesaria diferenciación positiva que requieren las víctimas menores de edad que se ven empujadas a él. Y ello, no porque seamos buenas personas o nos interesen los niños como correctos "padres y madres de familia", sino porque debemos ser garantes y promotores de sus derechos humanos.