Por Francisca Pacheco Pérez

Aunque el gremio viñatero calificó como un avance el aumento de las sanciones a quienes incumplan la normativa en la producción vitivinícola, también señalaron que resulta insuficiente para generar un impacto significativo, y temen que la fiscalización se concentre en los pequeños productores y no en las empresas que lideran el mercado.

La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y despachada a ley el 6 de junio y determina nuevas normas sobre las sanciones administrativas de la Ley 18.455. Las sanciones van desde las 50 hasta las 5 mil UTM, así como la clausura temporal o permanente del establecimiento fiscalizado, en caso de reincidencia, y reclusión menor en su grado mínimo (61 días) a medio (3 años y 1 día).

Desde la Coalición Nacional de Viñateros señalaron que prohibir en su totalidad la vinificación de la uva de mesa, demanda que lleva años vigente, tendría una mayor relevancia dentro del rubro. Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará el proceso durante la época de cosecha y vinificación, y desde el organismo esperan que la medida ayude a desincentivar las infracciones a la Ley de Alcoholes.

Uva de mesa

Según indicó la coordinadora de la Coalición, Yenny Llanos, emplear la uva de mesa en el proceso de elaboración de vinos tiene un impacto negativo para la industria local, pero también para el consumidor. "Para exportar la uva de mesa exigen cierta calidad, y lo que se rechazó en los parronales queda como uva basura. En las décadas pasadas esto se botaba, pero ahora se pueden vinificar estos desechos", explicó.

En ese sentido, ésta compite directamente con las cepas que producen los agricultores, tanto las autóctonas como las finas, pues se pagan al mismo precio dentro del mercado. Esto reduce la calidad del producto y perjudica a los pequeños productores, quienes señalan que cada vez son más los que abandonan el rubro.

"Por mucho que se fiscalice no existe ese análisis que permita determinar qué hay en la botella, si es vino Chardonnay o uva de mesa. Aquí para poder erradicar o disminuir los fraudes en forma seria se necesita prohibir la vinificación de uva de mesa, que antes no se permitía", planteó la coordinadora. Dicho proyecto fue ingresado en 2021, sin avance hasta la fecha.

Dagoberto Riquelme, miembro del Comité de Viñateros de Florida, añadió que "lo hemos pedido muchas veces en las reuniones, en las mesas nacionales y regionales, en las cuales hoy día no estamos participando, porque no están invitando a los dirigentes".

Fiscalización

Desde el SAG sostuvieron que la fiscalización del proceso productivo se efectúa durante el período de la cosecha y vinificación en cada temporada.

"Esto es durante el período de vendimia, a través de los operativos de vendimia, donde se fiscaliza in situ la molienda de uva y se verifica mediante documentos tributarios el origen y tipo de uva que ingresa a las bodegas", afirmaron.

Además, se determina la composición del producto y si éste fue objeto de adulteración o falsificación, mediante un análisis en los laboratorios del servicio.

No obstante, desde el gremio temen que el proceso se concentre principalmente en los pequeños productores pues, según indicaron, ya ha ocurrido anteriormente.

"Para mí sería una buena noticia, el problema es que en Chile no se fiscaliza a la gran industria, se fiscaliza al agricultor chico. En el fondo no nos beneficia, porque nunca se va a sacar una multa. Nos han perjudicado con la uva de mesa, con el agua en el vino. Las leyes no las hacen cumplir, y por eso mismo nosotros estamos eliminando las viñas", acusó Dagoberto Riquelme.

En tanto, desde el SAG se valoró la medida y se aseguró que ésta "va en el sentido correcto para desincentivar la comisión de faltas y delitos por infracción a la Ley de Alcoholes por parte de los usuarios afectos a esta ley, lo que ayudará a mejorar la cadena de comercialización de uvas y vinos en la industria vitivinícola nacional".

5 mil UTM es la máxima sanción monetaria que se impondrá a quienes infrinjan la normativa de la Ley de Alcoholes.

El director regional del Sence, Daniel Jana, hizo un llamado a las personas beneficiarias del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para actualizar sus datos bancarios, en caso de que los hayan cambiado, hasta el viernes 30 de junio. La idea es poder gestionar sin contratiempos su Pago Anual 2022.

El directivo local explicó que la actualización bancaria "es necesaria para realizar sin inconvenientes el depósito de dicho pago, "pues se requiere tener los datos exactos de la cuenta bancaria vigente, en caso de que las personas los hayan cambiado, entre otras razones para evitar pagos rechazados por inconsistencias en la información".

Para actualizar los datos hay que ingresar al sitio web de cada beneficio (con RUT y Clave Única). Posteriormente, se debe ingresar a la opción "Tu perfil" y modificar la información en la opción "Actualización de datos". También es posible recibir guía en las oficinas Sence o con el apoyo de la red de Sence y las 33 omil comunales de la Región del Biobío, según explicó Jana.

Para ambos aportes hay dos modalidades de pago para beneficiarios: el pago anual y el pago mensual, siendo el primero un acumulativo anual del Subsidio y Bono Sence, y el segundo un beneficio con entrega o depósitos mensuales al estar dentro de los benificiarios y cumplir los requisitos.

Crepón et al (1998) plantearon un modelo de ecuaciones que describe el proceso de decisión de innovación de las empresas. El conocido modelo CDM (por las siglas de sus autores) presenta cuatro ecuaciones que permiten analizar desde la decisión de gastar en I+D de las empresas, hasta la decisión de innovación de las mismas y el efecto en la productividad.

Ha sido utilizado de manera extensa para analizar firmas en diversos países, incluido Chile. Sin embargo, parte importante de la aplicación del modelo se ha dado en innovaciones tecnológicas, de producto y proceso, pero poca discusión en innovaciones no tecnológicas, organizacionales y de procesos; y con énfasis en el gasto de I+D interno y externo, dejando de lado otras actividades de I+D que tienen disponibles las empresas.

En un estudio que realizamos junto a Felipe Vásquez (UDD) encontramos que en Chile las firmas que han utilizado protección por medio de patentes y aquellas de tamaño medio y grande (medido en número de empleados) tienen una mayor probabilidad de gastar en actividades de investigación y desarrollo. Mientras que la mayor intensidad del gasto (medida en término per cápita por empleado) está asociada a las empresas que exportan y las que desarrollan actividades de cooperación en actividades de I+D con otras empresas.

De igual forma, aquellas empresas que obtienen información desde el mercado o desde fuentes eternas como ferias empresariales, internet o publicaciones tienen una mayor intensidad de gasto por trabajador.

Un resultado que nos queda para la discusión y mayor análisis es que las empresas que usan fuentes de información institucionales (como universidades o centros de investigación) tienen menor intensidad del gasto por trabajador respecto del resto de las empresas. ¿Hipótesis? Varias por discutir y analizar.

En términos de desempeño, el crecimiento de las ventas de las empresas innovadoras es casi doble de las empresas no innovadoras y, mientras el empleo crece en las empresas innovadoras, en las no innovadoras disminuye.

Innovar y desarrollar actividades de I+D implica que las firmas son más productivas (ventas por trabajador) respecto de aquellas que no lo desarrollan. Y realizar estrategias complejas, tres o cuatro tipos de innovaciones, lleva a las firmas a ser más productivas respecto de las empresas cuya estrategia implica desarrollar una o dos innovaciones.

Cristian Guzmán Cofré, académico Departamento Economía

FACEA UCSC