Viñateros adelantan dificultad para fiscalizar producción de vino ante nueva normativa
El SAG será el encargado de revisar el cumplimiento de la norma. Productores locales reconocieron las pérdidas que sufren por quienes mezclan uva de mesa con el de vinificación.
Aunque el gremio viñatero calificó como un avance el aumento de las sanciones a quienes incumplan la normativa en la producción vitivinícola, también señalaron que resulta insuficiente para generar un impacto significativo, y temen que la fiscalización se concentre en los pequeños productores y no en las empresas que lideran el mercado.
La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y despachada a ley el 6 de junio y determina nuevas normas sobre las sanciones administrativas de la Ley 18.455. Las sanciones van desde las 50 hasta las 5 mil UTM, así como la clausura temporal o permanente del establecimiento fiscalizado, en caso de reincidencia, y reclusión menor en su grado mínimo (61 días) a medio (3 años y 1 día).
Desde la Coalición Nacional de Viñateros señalaron que prohibir en su totalidad la vinificación de la uva de mesa, demanda que lleva años vigente, tendría una mayor relevancia dentro del rubro. Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizará el proceso durante la época de cosecha y vinificación, y desde el organismo esperan que la medida ayude a desincentivar las infracciones a la Ley de Alcoholes.
Uva de mesa
Según indicó la coordinadora de la Coalición, Yenny Llanos, emplear la uva de mesa en el proceso de elaboración de vinos tiene un impacto negativo para la industria local, pero también para el consumidor. "Para exportar la uva de mesa exigen cierta calidad, y lo que se rechazó en los parronales queda como uva basura. En las décadas pasadas esto se botaba, pero ahora se pueden vinificar estos desechos", explicó.
En ese sentido, ésta compite directamente con las cepas que producen los agricultores, tanto las autóctonas como las finas, pues se pagan al mismo precio dentro del mercado. Esto reduce la calidad del producto y perjudica a los pequeños productores, quienes señalan que cada vez son más los que abandonan el rubro.
"Por mucho que se fiscalice no existe ese análisis que permita determinar qué hay en la botella, si es vino Chardonnay o uva de mesa. Aquí para poder erradicar o disminuir los fraudes en forma seria se necesita prohibir la vinificación de uva de mesa, que antes no se permitía", planteó la coordinadora. Dicho proyecto fue ingresado en 2021, sin avance hasta la fecha.
Dagoberto Riquelme, miembro del Comité de Viñateros de Florida, añadió que "lo hemos pedido muchas veces en las reuniones, en las mesas nacionales y regionales, en las cuales hoy día no estamos participando, porque no están invitando a los dirigentes".
Fiscalización
Desde el SAG sostuvieron que la fiscalización del proceso productivo se efectúa durante el período de la cosecha y vinificación en cada temporada.
"Esto es durante el período de vendimia, a través de los operativos de vendimia, donde se fiscaliza in situ la molienda de uva y se verifica mediante documentos tributarios el origen y tipo de uva que ingresa a las bodegas", afirmaron.
Además, se determina la composición del producto y si éste fue objeto de adulteración o falsificación, mediante un análisis en los laboratorios del servicio.
No obstante, desde el gremio temen que el proceso se concentre principalmente en los pequeños productores pues, según indicaron, ya ha ocurrido anteriormente.
"Para mí sería una buena noticia, el problema es que en Chile no se fiscaliza a la gran industria, se fiscaliza al agricultor chico. En el fondo no nos beneficia, porque nunca se va a sacar una multa. Nos han perjudicado con la uva de mesa, con el agua en el vino. Las leyes no las hacen cumplir, y por eso mismo nosotros estamos eliminando las viñas", acusó Dagoberto Riquelme.
En tanto, desde el SAG se valoró la medida y se aseguró que ésta "va en el sentido correcto para desincentivar la comisión de faltas y delitos por infracción a la Ley de Alcoholes por parte de los usuarios afectos a esta ley, lo que ayudará a mejorar la cadena de comercialización de uvas y vinos en la industria vitivinícola nacional".
5 mil UTM es la máxima sanción monetaria que se impondrá a quienes infrinjan la normativa de la Ley de Alcoholes.