Por Redacción

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal quedó en prisión preventiva por determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la segunda jornada de la audiencia de formalización en su contra, en la que se le imputaron 29 delitos de fraude al Fisco, junto con delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita, con los que según la acusación obtuvo más de 761 millones de pesos a través de desvío de dineros de programas municipales hacia sus cuentas personales.

Los querellantes del caso y la Fiscalía solicitaron la máxima medida cautelar al considerar que su libertad condiciona el éxito de la investigación, es un peligro para la seguridad de la sociedad y también existe riesgo de fuga de la exautoridad, que era militante de Renovación Nacional durante los 25 años a cargo del municipio y renunció al partido cuando se destapó este escándalo.

El jueves el tribunal había decretado las medidas cautelares para los demás imputados: Renato Sepúlveda (exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura), Domingo Prieto (exdirector de los programas Vita), Antonia Larraín (exsubdirectora de Desarrollo Comunitario), y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva deberán cumplir con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicarse entre ellos.

Las acusaciones

De acuerdo a la investigación, los montos implicados superan los 761 millones de pesos, y además, Torrealba falsificó declaraciones de renta entre 2017 y 2022, defraudando al Fisco por más de 72 millones de pesos.

El Ministerio Público dio cuenta de conversaciones de WhatsApp del alcalde con los funcionarios involucrados, comentando que a los empleados se les solicitaba realizar el retiro de cheques de dineros de la Municipalidad bajo la figura de un adelanto de honorarios para pagar servicios de boletas pendientes.

Dicho dinero luego circulaba entre los funcionarios con la entrega de sobres con "informes", palabra que sería una clave para hablar de millones de pesos. Por ejemplo, uno sobre que dijera un informe contendría un millón de pesos y si decía cinco informes serían cinco millones.

Y la parte querellante informó que "existe eliminación de mensajes de WhatsApp, que dan cuenta que tiene un manejo de estos sistemas -no altamente complejo- que le permite borrar su mensajería".

"Existe también una intervención telefónica del 27 de septiembre del 2021, entre el señor Torrealba y su hijo: el hijo le indica, '¿ayer cómo le fue leyendo estos WhatsApp?' -que eran 1.500 mensajes- y el imputado contesta 'puta, los borramos todos, salimos del cuento ya, nos acostamos temprano y dormimos tranquilos'. El hijo le indica 'perfecto, era mejor, me preocupaba que te pudieras poner ansioso, porque es un tema que igual tienta po', y el imputado le indica 'no, ya están todos borrados así que chao'", detalló Diego Acuña, abogado del Consejo de Defensa del Estado.

La defensa

Al iniciar su participación ayer, la defensa del exjefe comunal se opuso a la prisión preventiva al considerar esta medida cautelar como "una petición exagerada".

El abogado de Torrealba, Francisco Veloso, se opuso a la prisión preventiva bajo el argumento de que al resto de los imputados "se les investigó para ver si efectivamente tenían algún involucramiento de los hechos, todas las cuentas corrientes de los imputados están en la carpeta de investigación. ¿Se periciaron? No. ¿Respecto de quién se periciaron las cuentas corrientes? Única y exclusivamente del señor Torrealba".

Sin embargo, la jueza María Carolina Herrera consideró que la libertad de Torrealba "constituyente peligro para la seguridad de la sociedad", por lo que resolvió enviarlo a prisión preventiva, en principio en el penal Santiago 1. No obstante, a petición de la defensa, instruyó a Gendarmería que decida si lo hace en el anexo Capitán Yáber.

"Con su actuar, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que perjudica la estabilidad política del sistema democrático", razonó la jueza.

El tribunal estableció un plazo de investigación de 150 días, alrededor de cinco meses, pese a que la Fiscalía pedía un año.

El Presidente Gabriel Boric nombró al economista Claudio Reyes Barrientos, militante del PPD, como nuevo subsecretario de Previsión Social, dependiente del Ministerio del Trabajo.

Ingeniero comercial, la nueva autoridad reemplazará a Christian Larraín, que dejó abruptamente el cargo el 26 de mayo tras conocerse una acusación en su contra por supuesto acoso sexual hacia una funcionaria.

Reyes ya había estado en la Subsecretaría de Previsión Social coordinando la reforma previsional del primer Gobierno de Michelle Bachelet y fue subsecretario de dicha repartición entre 2009 y 2010. También fue superintendente de Seguridad Social entre 2014 y 2020.

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN) e integrante de la Comisión de Trabajo, destacó el nombramiento de Reyes, aseverando que "el nuevo subsecretario tiene experiencia política y técnica".

Ya se viene julio y con él una nueva alza en las tarifas del TAG y de los peajes, según lo anunciado a principios del año por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El reajuste tarifario, el segundo en lo que va del año, será del orden del 6,7% para así completar el 13,3% correspondiente al IPC.

En enero, el alza fue del mismo monto gracias a un plan de aumento progresivo ideado por el MOP para que el incremento correspondiente de las tarifas no golpee tan fuertemente el bolsillo de los automovilistas.

El ex ministro de la cartera, Juan Carlos García, afirmó que se convocó a todas las autopistas del país para que respeten este aumento progresivo.

"Hemos decidido hacerlo de manera progresiva porque sabemos que ahora viene el verano, las familias quieren salir de vacaciones, en marzo vienen los colegios, las patentes, y ya ha sido un año difícil para las pequeñas y medianas empresas", sostuvo el entonces ministro a comienzos de año.

La actual ministra, Jessica López, ratificó, en conversación con El Mercurio, que "el MOP, en un esfuerzo por mitigar los efectos de alza del costo de vida, gatillada por cifras históricas de inflación, a fines del año pasado acordó con varias concesionarias un reajuste parcelado de las tarifas de las autopistas urbanas e interurbanas".

"La medida hizo posible que en enero de este año no se aplicara la totalidad del reajuste por IPC, que correspondía a 13,3% como una manera de no afectar aún más el presupuesto de las familias", agregó.

"Sabemos que pagar la totalidad del aumento anual de las tarifas de las autopistas a partir del mes de julio resultará complejo para muchas personas; sin embargo, es necesario aclarar que no se trata de un reajuste 'extra', como algunos han dicho, sino que es la segunda parte de un alza que debió realizarse en enero pasado", complementó.

Luego de una asamblea nacional del Colegio de Profesores realizara ayer en Santiago, el gremio anunció un paro nacional al regreso de las vacaciones de invierno. El objetivo de los profesores es presionar por el avance de las medidas del Petitorio Docente, que se le presentó al ministro de Educación Marco Antonio Ávila en 2022. Las medidas incluyen reparación de la deuda histórica y reforma a la jornada escolar completa, entre otros puntos. Carlos Díaz, presidente del gremio, informó que el paro será de carácter ascendente, con un "primer hito de 24 horas".

Con el objetivo de reforzar los conocimientos de los profesionales de la salud, la Universidad de Los Andes está ofreciendo un curso gratuito de cuidados intensivos respiratorios en niños. La idea es combatir el alza sostenida de ingresos hospitalarios por enfermedades causadas por virus respiratorios, típicos de esta época, que han impactado fuertemente la salud de los niños. El curso, teórico y de modalidad online, es ofrecido de forma gratuita por la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Los Andes. La inscripción es a través del sitio web.