Por Felipe Cuevas Mora

Esta semana, avanzó la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, luego de que la comisión del mismo nombre en el Senado aprobara una serie de modificaciones a la normativa ingresada en septiembre de 2021, y que cuenta con suma urgencia luego de permanecer por casi dos años en su primer trámite constitucional sin mayores avances.

Entre las principales modificaciones acordadas entre los senadores y el Ejecutivo respecto a la normativa que dividirá el actual Ministerio del Interior, se contempla la creación de la figura de un comisionado regional de seguridad pública bajo la responsabilidad del futuro ministerio y con facultades de ejecución y jefatura en temas de seguridad pública a nivel regional.

A ello, se suma el otorgar a los hoy delegados presidenciales regionales la facultad de dirigir los consejos regionales de seguridad pública ya existentes, con la responsabilidad política, de coordinación y de fiscalización en seguridad regional.

Ante estos ajustes, que se suman a la reforma constitucional ingresada por La Moneda para suplir el nombre de los delegados presidenciales por jefes regionales de Gobierno Interior, la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) suspendió las conversaciones con el Ejecutivo y solicitó que el Presidente Boric lleve a la reunión del 5 de julio en Maule una propuesta para revertir esta situación y profundizar el proceso de descentralización: "Solicitamos consensuar un acuerdo que establezca de manera clara los compromisos adquiridos en pro de garantizar la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y continuar el proceso descentralizador necesario para el desarrollo de Chile y sus territorios".

Dar pasos adelante

En entrevista con este medio, el gobernador Rodrigo Díaz planteó el pasado domingo que como Agorechi "planteamos al Presidente Boric el querer aportar en seguridad, pero no en todas las materias. Nosotros podemos colaborar, acorde a nuestras capacidades, en prevención de delitos y ayuda a víctimas", y también señaló que "se debe reconocer el rol de coordinadores de la inversión pública, al ser quienes definimos la estrategia de desarrollo y malamente una figura de ascendencia presidencial la que podrá decirnos como coordinar lo que planificamos".

La diputada independiente de Demócratas, Joanna Pérez -miembro de la comisión de Gobierno Interior del hemiciclo- lamentó el avance del proyecto de ley y señaló que "sigue la línea de mantener las facultades de control de la seguridad pública del delegado presidencial, al establecer que en el Consejo Regional de Seguridad Pública, si bien contempla la presencia del gobernador regional y autoridades locales, quien lo preside es el delegado regional".

Además, dijo que "no se explica que esta iniciativa, teniendo la posibilidad de dar un vuelco mayor a la descentralización, no lo haga y mantenga estas potestades radicadas principalmente en una autoridad designada a nivel central".

"La descentralización debe construirse con voluntad en cada enfoque ya sea en seguridad o en rentas regionales, crecimiento y desarrollo y lo que intenta hacer este gobierno en estas áreas es cosmético, y se queda sólo en titulares o anuncios sin cambios profundos", añadió Pérez.

La diputada UDI Flor Weisse, y exgobernadora por Arauco, en tanto puso el énfasis en que "el proyecto avanza y en los tiempos en que el alza de los delitos aumenta considerablemente, y se requiere seguridad y prevenir delito, todos los esfuerzos son importantes".

"Lo que sí esperamos es que las personas a cargo sean personas con experiencia en temas de seguridad y que trabajen con foco en prevención y combate efectivo de la delincuencia, narcotráfico y terrorismo", complementó.

Avance en seguridad

El diputado DC Eric Aedo, y exgobernador de Concepción en tanto indicó que "este proyecto se vuelve necesario para avanzar en que un ministerio se dedique a abordar el crimen organizado, distinto de hace algunos años atrás, con acceso a armamento de alto calibre y con presencia incluso internacional", y llamó a los gobernadores a "reenfocar el proceso de descentralización, ya que nadie puede explicar el cambio que se ha generado con los gobernadores electos".

El seremi de Gobierno Eduardo Vivanco destacó los avances que presenta el proyecto de ley al que el Ejecutivo le puso suma urgencia, valorando que "se hará cargo de las labores propias de seguridad y de orden público. Esto es un avance significativo, ya que el nuevo ministerio, podrá concentrar y priorizar su trabajo en una materia tan importante y sensible como lo es la seguridad, la prevención y el mejor combate a la delincuencia".

El vocero de Gobierno añadió que la figura del comisionado y de los consejos de seguridad pública permitirán dar "un salto adelante para mejorar la gestión en seguridad, porque permite incrementar la focalización en cada región y resaltar los énfasis territoriales".

Un completo operativo de fiscalización de motos fue el que realizó este viernes la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en las adyacencias del Mall del Centro, como parte del plan Calles Protegidas que se concreta a nivel intersectorial, el cual dejó cursadas 15 infracciones por distintos incumplimientos.

Todo en el marco de la vigencia de la Ley Patente Cero Días que prohibe la venta de vehículos nuevos sin su identificación respectiva e incorpora multas a las comercializadoras, las que pueden llegar a las 50 UTM. Asimismo, se cursarán partes de 1.5 y a 3 UTM para los vehículos que transiten sin patente, ya que se considera una sanción gravísima.

El seremi Héctor Silva dijo que "los vehículos ya sean de dos, de tres o de cuatro ruedas deben contar con su documentación al día, y para eso existen procedimientos que pueden ser realizados por los conductores. Hoy en día existe la necesidad de homologar todo tipo de vehículo en especial las motos, y esa posibilidad está abierta hasta febrero del 2024".

El alcalde (s) de Concepción Aldo Mardones Alarcón, agregó que "estas fiscalizaciones son súper importantes, sabemos que el centro de Concepción se encuentra con muchos vehículos en situación irregular, hemos dispuestos en equipos municipales para que estén fiscalizando diferentes puntos de la comuna. Queremos generar seguridad peatonal y vehicular".

Continúa el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales de febrero, y uno de los trámites centrales es el que lleva adelante el Ministerio de Bienes Nacionales con la tramitación de los títulos de dominio para las familias afectadas por la catástrofe. El seremi Eduardo Pacheco indicó que "hay 53 expedientes que han ingresado como casos nuevos y que se espera poder regularizar en un plazo de ocho meses. Así mismo, ya se han entregado 28 títulos de dominio en las zonas afectadas".

En otras zonas, como es en la comunidad mapuche Alhuelemu de Mulchén la cartera trabaja en el trámite de la mensura, donde un equipo técnico realiza una serie de medidas topográficas, las que permiten definir los límites y las dimensiones del terreno para, posteriormente, realizar el plano correspondiente e ingresar toda la documentación al Conservador de Bienes Raíces para la inscripción del título de dominio para las 78 familias que habitan la comunidad.

"Hemos venido a terreno a ver cómo va este proceso en la Comunidad Mapuche Alhuelemu, donde 78 familias iniciaron su regularización de dominio bajo el convenio que tenemos vigente con Conadi, a quienes se les suma la situación que se ha vivido en este sector con la afectación de los incendios forestales, donde vivieron una situación muy dramática y difícil", planteó la autoridad sectorial, junto con señalar que "las familias tienen hasta el 15 de julio para presentar toda la documentación para regularizar su título de dominio a costo cero y en un periodo de tramitación no mayor a ocho meses".

28 familias de la Región afectadas por los incendios forestales ya han recibido sus títulos de dominio de B. Nacionales