Por Nicolás Álvarez Arrau / nicolas.alvarez@diarioelsur.cl

La ley 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), fue promulgada el 27 de julio de 2021. El nuevo sistema opera desde enero de este año y vino a reemplazar a la conocida Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), con la idea de anticipar y enfrentar los diferentes tipos de urgencias bajo una estrategia escalonada y otorgar mayores facultades y atribuciones al organismo. Para entender el asunto, Alejandro Sandoval, director regional del Senapred, se remonta a 2014, año en que Chile estableció una primera política nacional de reducción del riesgo de desastres y un plan estratégico nacional, lo que se actualizó hace unos tres años para tener una mirada amplia de cara a 2030. "Dentro de eso se comenzaron a trabajar planes de reducción del riesgo de desastres a nivel regional, es decir, hasta antes de la ley que crea el Senapred Chile tenía una gobernanza bastante consolidada a nivel regional, pero faltaba la última parte: llegar a los territorios a través de los municipios", afirma.

Bajo ese nuevo modelo, la normativa dejó algunas tareas a los municipios, como la elaboración del plan de reducción del riesgo de desastres y un plan de emergencia comunal, además de la consolidación de una unidad de gestión del riesgo de desastres - u otra instancia municipal o persona, dependiendo de cada administración- a cargo de cumplir con las instrucciones, todas tareas que deben ser revisadas por el Servicio y aprobadas por el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres antes del 7 de agosto de 2023, según Sandoval. Ese día, además, los planes deberán contar con el decreto alcaldicio respectivo.

Los plazos, sin embargo, inquietan. A la fecha, existe una realidad dispar en el trabajo de los municipios. Algunos tienen un avance notable, pero hay otros que trabajan contra el tiempo y otros que, derechamente, dicen que si no hay un financiamiento directo del nivel central será imposible cumplir con los planes que dispone la ley. Esta situación se observa en parte de los municipios que fueron afectados en los incendios del verano pasado.

La experiencia de san pedro y el rápido avance de santa juana

A diferencia de otras municipalidades de la zona, San Pedro de la Paz logró crear una unidad de gestión de riesgos hace ya cinco años, lo que les ha permitido mantener planes vigentes que hoy están en etapa de actualización, sobre todo en materia de mapas de riesgo frente a la instalación de nuevas poblaciones. Víctor Betancur, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos del municipio sampedrino, agrega que en esta labor de actualización también es clave renovar las alianzas con los actores privados, definir nuevas vías de seguridad y evacuación, así como consolidar el catastro de albergues para la temporada de incendios que se viene y de los equipos municipales disponibles.

Con todo esto, San Pedro ha logrado igualmente poner a disposición sus equipos para ayudar a capacitar a otras administraciones del Biobío y Ñuble, como Alto Biobío, Florida y Chillán. El trabajo apunta robustecer los planes comunales.

Independiente de la experiencia, Betancur reconoce que falta una mayor inyección de recursos para poner en marcha los planes solicitados, "porque eso haría que esto fuera mucho mejor (...) Nosotros ya los tenemos, pero si quisiéramos innovar o ampliar la cantidad de público necesitaríamos más recursos, especialmente entendiendo que San Pedro de la Paz es una comuna multiriesgo".

Santa Juana, en tanto, registra un progreso menor. En febrero, cuando los incendios consumían gran parte de su territorio, el encargado de Gestión de Riesgos y Desastres, Edison Fonseca, manifestaba su preocupación por la falta de recursos para activar los instrumentos planteados por la ley. A meses de la última conversación con EL SUR, el profesional cuenta que lograron establecer una unidad el 17 de abril, "ya que vimos la necesidad y al final se tomó la decisión luego de análisis jurídicos y financieros. Si bien no da para financiar los estudios, por último da para crear el espacio y designar a la persona a cargo, que en este caso soy yo".

Respecto al plan comunal, agrega que están ad portas de enviarlo al Senapred, lo que irá acompañado de anexos por variable de riesgo, que en Santa Juana se asocian al peligro de incendios forestales, terremotos, inundaciones y anegamientos, y remociones en masa. "Adicionalmente, y lo que más va a costar, será el plan de reducción del riesgo de desastres, porque este es como un instrumento. No es tan grande como el Pladeco, pero sí indica metas a mediano y corto plazo para reducir el riesgo de estas amenazas y hacer obras de mitigación, apalancar inversión y levantar información", dice Fonseca.

Insiste en que Santa Juana entregará el plan en el plazo estipulado, pero asegura que frente a la falta de recursos no se enviará una estrategia robusta con todos los problemas identificados. Por lo mismo, pide que el nivel central otorgue un financiamiento directo a los municipios para contratar a profesionales como geólogos, geógrafos, ingenieros forestales, constructores o civiles que puedan realizar estudios.

Los casos de coronel y florida y la dificultad de nacimiento

Coronel, Florida y Nacimiento también fueron parte del grupo de comunas afectadas en los últimos incendios. La primera, por ejemplo, aborda la ley 21.364 desde su Dirección de Seguridad Pública, en donde hay un encargado y una unidad de emergencia y protección civil que avanza en lo que pide la nueva institucionalidad, lo que va a la par de un plan de emergencia rural para apoyar a las zonas más afectadas en los siniestros del verano.

En miras de los plazos planteados por el Senapred, el alcalde coronelino Boris Chamorro precisa que será complejo llegar a agosto, "entendiendo que tampoco, y para ser muy honestos, no hemos tenido mucho apoyo del Senapred para avanzar en esta materia. Necesitamos más respaldo para que nos puedan guiar sobre la implementación de esta nueva política".

Además, el regidor alega que hay poca coordinación con el Servicio y que todo lo hecho hasta el momento responde a los esfuerzos propios del municipio. "La generosidad tiene que se recíproca, y en ese sentido el Senapred tiene que tener la voluntad de colaborar, guiar y apoyar a los municipios, cosa que hasta el momento no se ha visto", reclama Chamorro, quien solicita apoyo profesional, insumos y financiamiento para desarrollar un plan integral en materia de desastres y evitar la burocracia que significa la demanda de dinero al nivel central ante escenarios de emergencia.

En Florida, por su parte, aseguran estar trabajando en el plan comunal, más bien en una reestructuración del plan que ya tenían. Mauricio Gallardo, encargado (s) de Emergencia, cuenta que este proceso va de la mano con lo instruido por la norma que crea al Senapred y que busca dar una respuesta rápida a cualquier emergencia, lo que implica mejoras en la tecnología y equipos para enfrentar alguna eventualidad.

Según el profesional, actualmente concentran sus acciones en la estructura teórica de este plan, "donde se incorporan los ejes necesarios para mejorar el plan de acción. La piedra de tope, sin embargo, sigue siendo el financiamiento para poder concretar la idea final".

En Nacimiento son más críticos. El alcalde Carlos Toloza dice que hay una apreciación general de los alcaldes del Biobío respecto a la falta de financiamiento, "ya que al final a nosotros nos imponen cosas". La autoridad remarca que está de acuerdo con robustecer la institucionalidad, aunque cree que es imposible hacerlo con el presupuesto que las administraciones comunales tienen hoy.

"Tenemos un encargado de emergencia y de riesgo de desastres, pero sólo por iniciativa propia. Si viene todo financiado, no tendremos problema en implementar lo que se nos solicita. Ahora, eso conlleva contratar más personal y tenemos la planta a tope, por lo que debe haber una modificación a la ley de plantas", reclama Toloza.

Respuesta a los cuestionamientos

El director regional del Senapred plantea una serie de puntos acerca del rol mantenido en la zona. Por un lado, dice que hace dos años se vienen realizando capacitaciones a los funcionarios municipales para que puedan desarrollar sus instrumentos, lo que se trabaja junto a una mesa de gestión del riesgo a nivel regional. Este punto es destacado por algunas municipalidades, aunque estas mismas advierten que eso es insuficiente para cumplir con las tareas pedidas.

Alejandro Sandoval indica también que hay un número importante de municipios locales que ya cuentan con los planes, documentos que se encuentran en fase de actualización. Añade que en agosto debiese estar todo listo, pero no descarta que haya administraciones que no logren cumplir con la meta y extiendan el proceso. Lo importante, dice, es que ese mes los planes estén elaborados o en proceso de revisión.

"Esto depende de la voluntad de las respectivas autoridades comunales. Hay municipios que han avanzado, y no necesariamente los más grandes, como Curanilahue o Alto Biobío, que tienen profesionales trabajando en el tema y muy directamente con nosotros. Por eso hago un llamado para que esto se impulse, pues de esa forma se le da una estructura y una hoja de ruta al trabajo y a las acciones estratégicas", puntualiza.

Finalmente, Sandoval explica que el tema del financiamiento para la creación de las unidades no depende del Senapred y que no es mandatorio que las municipalidades creen las unidades de gestión de riesgo. "Sí la modifica (la legislación) y les da la posibilidad de hacerlo, que es lo deseable, pues en la medida de que la autoridad cree la unidad o contrate a profesionales o técnicos, esta temática se comienza a profesionalizar en los territorios", subraya.

La ley dispondrá de un programa para que los municipios puedan contar con financiamiento. Se espera que los recursos se puedan entregar a partir de 2024.