Por Karlyng Silva Leal

Luego de 3 años y 8 meses se inició el juicio en contra del sargento del Ejército Héctor Herrera Villa, quien enfrenta cargos por apremios ilegítimos consumados en contra de Gastón Santibáñez. Se trata del hombre que en el contexto del estallido social registrado en 2019 y en un control realizado por los funcionarios armados, terminó siendo herido en una pierna con una escopeta antimotines que portaba el sargento.

Durante la primera jornada del juicio, que se espera se extienda por poco más de una semana, la Fiscalía, los querellantes y la defensa presentaron sus alegatos de apertura, tras lo cual el acusado prestó declaración y contestó las preguntas formuladas por las distintas partes. Durante las próximas jornadas se espera que la víctima entregue su testimonio sobre lo ocurrido el pasado 22 de octubre de 2019, cuando resultó herido.

Juicio

El abogado del sargento, Pelayo Vial, explicó tras la primera jornada del juicio que "nosotros como defensa pedimos la absolución, porque entendemos que es el cumplimiento de un deber y que además, la persona se resistió a la detención y fue amenazante contra él (sargento) e hizo uso del arma a efecto disuasivo. Declaró hoy, contestó todas las preguntas del tribunal y esperamos que cuando termine el juicio, en 6 u 8 días, tengamos un resultado favorable".

El fiscal para causas de DD.HH. Nelson Vigueras, indicó en el transcurso de los alegatos de apertura que la víctima nunca opuso resistencia a la detención, tampoco amenazó al funcionario militar y que, por lo demás, se encontraba rodeada por militares armados, esto en el contexto del estado de excepción que regía en dicho momento.

Cabe recordar que la formalización fiscal indica que los hechos tuvieron lugar cerca de las 19:30 horas, donde la víctima se dirigía a su domicilio por calle Bulnes, donde en el marco de un control realizado por funcionarios militares, el sargento le disparó en una pierna a Gastón Santibáñez, dejándolo con lesiones menos graves.

Declaración

El sargento Herrera relató que el día anterior a los hechos le cambiaron un fusil de guerra por una escopeta antimotines con 25 tiros, con la principal finalidad de brindar seguridad a la unidad a su cargo. Describió el avance de su patrulla desde Avenida Los Carrera por Paicaví, mientras las manifestaciones se desarrollaban cerca de la Laguna Tres Pascualas.

Luego de las 19 horas, indicó que reciben la orden de detener a personas que incumplían en el lugar el toque de queda y que, además, se encontraban en el sector Remodelación Paicaví arrojando objetos contundentes al personal militar.

En ese contexto, y luego de concretar varias detenciones, una mujer alertó sobre la presencia de dos personas escondidas tras un poste. "Yo llego al lugar en primera instancia y me encuentro con esas dos personas, a las que se les indica que salgan del lugar y se tiendan. Una inmediatamente acató la orden y se tendió, por lo que el soldado que me acompañaba se queda con él haciendo el registro correspondiente y detención mientras llegaba personal de apoyo", sostuvo.

El militar indicó que la otra persona -Santibáñez- no acató la orden que fue repetida varias veces y avanzó hacia él, haciéndolo retroceder. "Sigo retrocediendo, dándole nuevamente la orden de que se detuviera y esta persona en varias oportunidades me dijo "no. ¿Por qué?", entonces llega un momento en que me encuentro con un objeto detrás mío. Me veo prácticamente encerrado en ese lugar y hago uso de armamento no letal que se me había entregado, disparando efectivamente a la extremidad inferior de la persona", agregó.

Posteriormente fue consultado por el fiscal, los querellantes y la defensa sobre su experiencia y preparación, la identificación de los hechos, indicando que cuando disparó, consideró el actuar de la víctima como una amenaza a su persona, que la advertencia realizada no incluyó un aviso sobre el disparo, así como su formación en las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Personal de Carabineros del OS9 logró incautar diversas evidencias en el marco de una investigación conjunta con la Fiscalía Local de Cañete por el delito de sustracción de madera en la misma comuna. De esta forma se recuperó una maquinaria utilizada en una faena ilegal cuyo avalúo rodea los $60 millones.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio forestal Paillihue, ubicado en la comuna de Cañete, donde carabineros del OS9, con apoyo de personal de Control del Orden Público (COP) y la Armada de Chile, acudió hasta el lugar con medios blindados, encontrando la maquinaria que era utilizada en una faena maderera ilegal.

La capitán Elizabeth Ibacache Gómez, Jefe (s) de OS9, explicó que con el operativo se logró incautar "parte de esta maquinaria que tiene un avalúo aproximado de 60 millones de pesos. En el lugar también se incautó líquido acelerante y una motocicleta que era utilizada para prestar labores de seguridad a la organización mientras se ejecutaba la faena ilegal".

La incautación incluyó una torre de madereo que automatiza la tala de los árboles en predios de forma ilegal, evidencia de ello también fue la madera que se encontró acopiada en el lugar.

La capitán destacó que el operativo y la incautación "representa una acción significativa en contra de esta organización, ya que se incautaron los recursos logísticos que utilizaban para concretar el delito investigado".

Cabe recordar que el delito de sustracción de madera en la región, y principalmente en la provincia de Arauco, se encuentra bajo investigación constante bajo la denominación de crimen organizado.

Hace aproximadamente un mes, la Corte Suprema declaró inadmisible la solicitud presentada por 15 diputados para que se evaluara la remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Durante la jornada de ayer, 16 parlamentarios volvieron a ingresar la solicitud subsanando lo indicado por la Corte para insistir en la destitución de la persecutora.

La iniciativa, que fue impulsada en primera instancia por el diputado Leonidas Romero (UDI), volvió a ser presentada ante el presidente de la Corte Suprema, Juan Fuentes Belmar, siendo esta vez firmada por 16 parlamentarios, de los cuales 7 corresponden a la Región del Biobío.

Cabe recordar que la motivación para insistir en esta medida es que los parlamentarios apuntan a que la fiscal habría incurrido en negligencias en el marco de sus funciones, apelando a casos que se mantienen aún en investigación y sin resultados, como lo es el caso de Tomás Bravo, el hallazgo luego de tres años en dependencias del SML de Sergio Mardoff, entre otros que fueron detallados en el primer informe entregado tanto a la Corte Suprema como al fiscal nacional, Ángel Valencia.

La decisión de la Corte de declarar inadmisible la solicitud durante la primera instancia, apelaba a que no se entregaron los medios de prueba de las faltas en que habría incurrido la fiscal, por lo que el trámite no logró avanzar para ser discutido en el pleno de la Corte.

En esta oportunidad, los parlamentarios firmantes incluyen a Marlene Pérez (IND), Karen Medina (PDG), Joanna Pérez (IND), Flor Weisse (UDI), Roberto Arroyo (IND), Sergio Bobadilla (UDI) y Leonidas Romero (IND).