Por Efe

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, pidió este martes impulsar un pacto fiscal "consensuado" entre partidos políticos, empresas y agentes sociales para "mejorar la gestión del Estado" y "aumentar servicios a la ciudadanía".

"El desarrollo económico está en manos de la empresa privada. Son las empresas y las personas quienes pagan impuestos, y por eso nosotros tenemos que estar en el debate. El pacto fiscal tiene que ser mancomunado para llegar a un muy buen acuerdo, el país lo está demandando", reivindicó Mewes a la salida de una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El líder del gran empresariado defendió la necesidad de un pacto fiscal no solo para cambiar impuestos, sino para "mejorar la gestión de los recursos públicos" y "evaluar los programas que no rinden", dijo.

"Hemos planteado nuestras inquietudes respecto al crecimiento económico, la informalidad en el trabajo y el ambiente para hacer negocio en Chile, para que podamos generar una instancia de crecimiento e inversión que nos ayude a salir de donde estamos hoy en día", añadió Mewes.

La conversación de Marcel con empresarios se celebró un día después de la reunión del presidente Gabriel Boric con ministros y partidos oficialistas para impulsar una nueva reforma tributaria que permita al Ejecutivo implementar reformas clave en salud, educación, pensiones y seguridad, luego de que en marzo el Congreso rechazara una primera propuesta del Gobierno con la que se buscaba recaudar un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en cuatro años.

Marcel, por su parte, detalló que por ahora solo se cerró una hoja de ruta para entablar conservaciones en las próximas semanas, y coincidió en hablar sobre un pacto fiscal amplio que contemple mejoras en la eficiencia del Estado.

La semana pasada, en su segundo discurso ante el Parlamento para dar cuenta de sus primeros 14 meses de gestión, Boric reivindicó la necesidad de un pacto fiscal para aumentar los recursos públicos y anunció que el Gobierno "insistirá en el Senado" con la discusión parlamentaria a finales de julio.

Tras el golpe propinado por el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, el Gobierno condicionó al nuevo pacto algunas de sus principales promesas, como la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, la condonación de los créditos universitarios CAE, el incremento de las patrullas policiales, el aumento de la pensión solidaria a $250 mil, el pago de la deuda histórica a los profesores o la reducción en un 40% los tiempos de espera en salud.

El Banco Mundial moderó la caída en la proyección de crecimiento para Chile en 2023, de 0,7% anterior al 0,4% ayer, mientras que para el próximo año pronostica un PIB de 1,8%, menor al 2,1% que calculó en enero pasado.

Aunque mantiene la proyección de una caída, la entidad "prevé que la producción en Chile se contraiga un 0,4% en 2023. La recesión total prevista en 2023 es el resultado de los efectos de arrastre de tres trimestres de crecimiento negativo en 2022".

"Esta desaceleración puede atribuirse principalmente a la brusca retirada de importantes estímulos monetarios y cuasi fiscales", avanzó el Banco Mundial y explicó que "se espera que el crecimiento aumente hasta el 1,8% en 2024 a medida que se relaja la política monetaria".

Se estima, por otra parte, que Latinoamérica crecerá solo el 1,5 % en 2023, un avance muy por debajo del 3,7 % registrado el año pasado, debido a la baja del precio de las materias primas y a los efectos de las subidas de tasas de interés.

En su nuevo informe de perspectivas globales, el Banco aumentó sin embargo las perspectivas en dos décimas respecto a enero.

Desde las 00:00 horas de este miércoles y hasta el próximo 7 de julio, se llevará a cabo la etapa de participación ciudadana en el proceso constitucional, fase para la cual ya hay 50 mil inscritos.

Ayer, en tanto, rectores y rectoras de universidades chilenas se reunieron con la presidenta de la Comisión Experta para dar a conocer la campaña de difusión que tiene por lema: "Si estamos todos/as, será de todos/os" y que da el vamos a la activación de los cuatro mecanismos con los que contará la ciudadanía para incidir en el proceso: Iniciativas Populares de Norma, Audiencias Públicas, Consulta virtual y Diálogos Ciudadanos.

En un encuentro que contó con la participación de la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, y que fue encabezado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; y la rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Romaguera, en representación de las diversas casas de estudio que se han congregado en todo Chile, además de ciudadanos y ciudadanas, se dio el puntapié inicial al Mes de la Participación.

La presidenta de la Comisión Experta señaló que "no basta con que la Comisión Experta haga su trabajo, no basta con que el Consejo Constitucional escriba el anteproyecto final. Si todas y todos no estamos involucrados, no vamos a tener una Constitución para las y los chilenos que recoja las demandas de la ciudadanía, así que los llamamos para que conozcan los mecanismos de participación, se entusiasmen y se organicen en este Mes de la Participación Ciudadana".

Así, durante todo un mes, hasta el 7 de julio, las personas están invitadas participar.

El Gobierno presentó ayer en el Senado las primeras modificaciones al nuevo Decreto del estado de excepción constitucional de Emergencia, y que implicarán un aumento en el presupuesto asignado a las fuerzas militares para la Macrozona Sur.

Los cambios se detallaron en una sesión de las comisiones unidas de Defensa y Seguridad del Senado, a la que asistieron las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández.

Según informó radio Biobío, en la oportunidad las representantes del Gobierno socializaron por primera vez algunos de los elementos principales en el cambio de redacción del decreto, como por ejemplo, dar mayores atribuciones a los Jefes de Defensa Nacional (Jedena), así como abarcar más territorio para tener una mejor cobertura.

Al cierre de esta edición, El Senado había aprobado una nueva prórroga del Estado de excepción en el sur, que debía ser ratificado por la Cámara.