"El ejercicio de la abogacía durante la Dictadura en la Región del Biobío" fue denominada la instancia organizada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío en conjunto con la Seremi de Cultura en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

La actividad contó las exposiciones del abogado Adolfo Montiel Gómez y la abogada Patricia Parra Poblete, reconocidos defensores de víctimas contra los derechos humanos en dictadura en la región, donde expusieron sobre su experiencia profesional.

Durante la charla, Montiel entregó en manos de la seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío, Claudia Soto un importante documento testimonial donde el jurista recopiló cientos de casos registrados en tiempos de dictadura, muchos de ellos de gran impacto público, los cuales serán guardados como archivo patrimonial en el futuro Museo de la Memoria que se proyecta en la región, así mismo, las entidades convocantes entregaron un reconocimiento a ambos letrados valiendo su compromiso férreo por la defensa de los Derechos Humanos en la Región.

Durante la madrugada del sábado se produjo un corte de energía a raíz de un robo de cable de cobre en el sector conocido como "curva del ingeniero" en Florida. El daño a las instalaciones fue de gran envergadura con destrucción de postes y con 3 kilómetros de cable sustraído, según detalló Jaime Morales, jefe de Servicio al Cliente de Frontel .

El ejecutivo informó se trabajó en la reposición del suministro, ya que el corte afectó a cerca de 3 mil clientes de la comuna. "Lamentamos los inconvenientes que está causando este corte de suministro producto de este robo, que no solo afecta a nuestras instalaciones, sino que provoca un gran daño a la comunidad, porque el trabajo que debemos realizar para reparar las redes es de tal complejidad que, muchas veces, los usuarios afectados deben permanecer sin energía por extensas jornadas, lo que conlleva graves problemas en la vida diaria de nuestros vecinos", precisó.

Nicole Coronado, alcaldesa subrogante del municipio de Florida, lamentó igualmente la situación y dijo "tenemos 3 kilómetros de líneas que fueron afectados, con postes quebrados lo que complica el trabajo de las cuadrillas de Frontel".

Morales manifestó que actualmente existe una mesa de trabajo contra el robo de cable de cobre, que la lideran las autoridades en la que Frontel participa activamente en la coordinación de acciones que buscan frenar este delito que lamentablemente afecta la calidad y continuidad del suministro a sus clientes. Frontel reiteró el llamado a denunciar a los números de las policías uniformada o civil, o bien, al número de atención a clientes de Frontel 800 600 802, para evitar que este tipo de situaciones se repita y que lamentablemente afecta a los hogares de miles de familias

Por Nicolás Álvarez Arrau

"La expresión crimen organizado para nosotros no es ajena. Eso es importante decirlo, porque pareciera que se hubiese instalado recién. Lo que sí es cierto es que las expresiones delictuales que afectan al país, no sólo al Biobío, y que vienen de la mano de una organización criminal, han aumentado. Esto ha empezado a proliferar tanto por cuestiones que tienen que ver con modelos que estamos trayendo de otras latitudes, como por creaciones criollas".

La fiscal Marcela Cartagena insiste en que no hay que caer en la idea de que todo el crimen organizado es heredado del extranjero. Sobre el punto, dice que como Ministerio Público han desbaratado organizaciones criminales "que de extranjero no tienen nada". En su análisis, la persecutora advierte que Biobío posee una característica particular, pues es capaz de absorber todo tipo de fenómenos delictuales, con expresiones de violencia rural, de sustracción de madera, delitos medioambientales, corrupción, delitos tributarios y económicos, y organizaciones foráneas, como es el caso del denominado Tren de Aragua, que ella prefiere no mencionar directamente.

-La presencia de este tipo de bandas es algo que inquieta. ¿Es posible que sigan existiendo conexiones de este grupo en la Región?

-Es algo que no descartaría por ningún motivo a estas alturas. Lo seguimos investigando desde el punto de vista de saber si existen o no.

-¿Desde cuándo notan que el crimen organizado se comenzó a acentuar en la zona?

-Desde hace tiempo habíamos tenido terrenos en donde no teníamos resultados coherentes con el nivel de esfuerzo y trabajo, tanto fiscal como policial (...) En el fenómeno de la violencia rural, donde hay muchísimas expresiones de crimen organizado, los fiscales que conformamos la mesa de Macrozona Sur estábamos así como 'oye, trabajamos, ponemos mucho empeño y recursos y tenemos resultados malos'. Hicimos esa reflexión hace ya dos años. Una de las cosas concretas que había que cambiar era la superación de las fronteras. Invitamos a la PDI a trabajar bajo esa lógica. Desde ese punto elaboramos un trabajo que permitió que un año después, en septiembre de 2022, tuviéramos dos importantes hitos que tienen que ver con bajar a la cabeza de la CAM y a su ORT, léase brazo operativo más importante fuera de combate hasta hoy, ad portas de enfrentarse a un juicio oral por delitos graves.

Cartagena añade que hay otros temas como la sustracción de madera, "que siempre estuvo ligada y amarrada a la violencia bajo un axioma que decía que 'las personas que sustraen madera lo hacen para financiar la violencia rural', pero esa es una afirmación que hoy puedo decir, con propiedad, que no es totalmente cierta".

-Además de lo anterior, ¿qué otros elementos caracterizan el fenómeno a nivel local?

-Yo diría que hay que tener cuidado, porque es súper poco aconsejable encasillar. Acá usted tiene organizaciones criminales de diverso tipo que funcionan paralelamente (...) Por ejemplo, acabamos de desbaratar una y el año pasado desbaratamos otra que se dedica al tema de los camiones de alto tonelaje que recorren la ruta 5 para asaltarlos con violencia e intimidación y así desaparecer grandes cargas de salmones y otras cosas. Incluso, lograron permear a un funcionario policial que les daba los avisos, y ahí entramos en otro problema, porque aparte de cometer los delitos, también intentan permear a la autoridad. Eso hay que tenerlo muy presente.

Los homicidios, en tanto, presentan un aumento que nadie puede negar. Son un síntoma de bandas rivales, de sicariato.

Equipo de apoyo

-Hace algunos días se anunció la llegada de 31 profesionales de apoyo a la Fiscalía Regional para indagar homicidios y violencia rural. ¿En qué está ese proceso?

-Este es un recurso que se nos ofrece y nosotros tenemos que ponernos a disposición de cosas tan prácticas como buscarlos, tener un lugar donde trabajen, porque no nos sobran los espacios, pero estamos avanzando. Hemos visto desde el Ejecutivo una voluntad totalmente llana a ponerse de acuerdo con nosotros para ver dónde van a trabajar, cómo atenderán el fenómeno, desde dónde lo harán, en qué ciudades van a poder estar o no.

-¿En agosto debiese estar operativo este nuevo equipo?

-Eso es lo que sabemos.

-¿Y qué impacto tendrán estos nuevos funcionarios en el trabajo de la Fiscalía Regional, sobre todo en el avance de causas asociadas a crimen organizado y homicidios?

-Es difícil decirlo, porque claramente es un apoyo y se agradece, pero los apoyos que nos dan desde el Ejecutivo son lo máximo que podemos tener, pero no son fiscales. Para que haya más fiscales tiene que haber una reforma de una ley orgánica constitucional, y eso el Ejecutivo no lo tiene en su mano. El impacto sería mayor si me dieran más fiscales.

Pero somos optimistas, porque hay un compromiso entre el Congreso y la Fiscalía para discutir la adecuación de la planta del Ministerio Público, y ahí hablamos de más fiscales. Ahora, cuando uno habla de un fiscal, este es un profesional que viene rodeado de otros profesionales tan importantes como el fiscal. Lo deseable es que, cuando se discuta el Presupuesto 2024, el Congreso tenga presente lo necesario que es mejorar los estándares de seguridad, investigación y persecución, y que entiendan que sería mucho mejor que, en vez de hacer gastos sectoriales, se haga una gran ayuda al Ministerio Público para adecuar su planta.

-¿Cuántos fiscales necesitaría Biobío para mejorar su trabajo?

-No quisiera decir un número porque sería súper ambicioso, aunque hay cálculos. Por ejemplo, en esta Fiscalía existe una Unidad de Alta Complejidad que debería replicarse, con cinco o seis fiscales. Estamos por partir con una Fiscalía de Flagrancia y la idea es que no todos los fiscales hagan turno, sino que sólo haya un grupo específico, y en esa operación se requieren, tal vez, cinco fiscales más. Hay deficiencias en la operación, no sólo en Biobío, de las fiscalías unifiscales, que deberían dejar de existir y sumar, al menos, dos persecutores. También hay una demanda tremenda en delitos sexuales y todos los fiscales que ven estos delitos tienen muchas causas.

-¿En materia de tecnologías ven también complejidades?

-Tenemos apoyo tecnológico, pero se necesita más, porque a veces nos quedamos sin la tecnología suficiente y no nos da.

Un grupo de parlamentarios liderado por el diputado Leonidas Romero solicitó en abril la remoción de la fiscal regional Marcela Cartagena. La acción, que finalmente no llegó a buen puerto, se fundó en la "falta de prolijidad" y "una comedia de errores" denunciados por Romero en varias causas.

-¿Considera que las críticas en su contra fueron desproporcionadas?

-Me resulta difícil responder esa pregunta, porque claramente la respuesta es sí. Creo que viene de demasiado cerca la respuesta. Es una interpelación hecha directamente a mí, que fracasó, y ni siquiera quiero comentar eso.

-¿Hay alguna autocrítica sobre el trabajo efectuado por Fiscalía?

-Todo el tiempo, permanentemente. Cuando partí la entrevista, dije que el buen trabajo que hace el Ministerio Público en Biobío respecto al crimen organizado proviene de una profunda autocrítica, de haber dicho 'esto lo estamos haciendo mal, hagámoslo de nuevo'.

-¿Y en los casos de Tomás Bravo y Sergio Mardoff, por ejemplo, también hay autocrítica?

-Absoluta y permanentemente. Y lo hemos hecho público, creo, más de una vez.