Expertos aprueban voto obligatorio, plebiscitos regionales e iniciativas populares de ley en anteproyecto
Capítulo III del texto fue visado por unanimidad. Facción republicana llamó a rechazar.
En la cuarta jornada del Pleno de la Comisión Experta del nuevo proceso constitucional, se analizó, votó y aprobó por unanimidad el capítulo III del anteproyecto de Constitución enfocado en representación política y participación.
Dentro de las materias estaban, por ejemplo, los mecanismos para que la ciudadanía participe en la formación o derogación de leyes.
En el artículo 37 se establece que un grupo equivalente entre el 4% y 6% del último padrón electoral "podrá presentar a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa". Se excluyen las reformas constitucionales y en caso de ser materias de exclusiva iniciativa del Presidente, este podrá darle su patrocinio.
Por otro lado, en el capítulo aprobado también se incluye que un grupo que corresponda al 3% del último padrón "podrá presentar ante el Servicio Electoral una iniciativa de derogación total o parcial de ley, para que sea votada en un referendo".
Además, se aprobó el establecimiento de foros de deliberación, así como plebiscitos regionales y comunales vinculantes.
Otro de los aspectos que incluye el capítulo es el restablecimiento del voto obligatorio.
En tanto, en el apartado de partidos políticos se señala que "la ley regulará los casos, la oportunidad y forma en que los órganos directivos de un partido político podrán dar órdenes de partido a sus afiliados parlamentarios. Estas órdenes de partido serán excepcionales y deberán referirse a asuntos en los cuales esté directamente en juego los principios del partido o su programa".
El movimiento interno llamado "Un militante, un voto" (UMUV) del partido Republicano, donde se encuentra el senador Rojo Edwards, manifestó a través de una declaración pública su rechazo al anteproyecto de nueva Constitución.
"Valoramos el trabajo de la Comisión Experta pero somos enfáticos en establecer que el texto propuesto representa una realidad política que ya no existe. Se debe lograr un nuevo acuerdo en el Consejo Electo que mejore y actualice la propuesta actual", dice el texto.
El movimiento sostiene que "de mantenerse intacto el texto emanado por los expertos designados, éste debe ser rechazado, ya que no considera principios claves en los que la ciudadanía se ha manifestado claramente".
Entre las críticas apuntaron a que dejaron fuera "la protección de la propiedad de los ahorros previsionales; la libertad de elegir prestador y asegurador en salud; la inexistencia de avance en materias de seguridad, justicia y persecución del delito; se debilita el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos en un ambiente de proyectos educativos diversos; se omite un capítulo para las Fuerzas Armadas; entre otros".