Por Karlyng Silva Leal

Poner a los menores en el centro, junto a sus necesidades y derechos, es el desafío y objetivo que buscan cumplir los programas de familias de acogida del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Así lo indicó la directora del programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) Concepción III a cargo de la Fundación Mi Casa, Carolina Maya, quien también realizó un llamado a que la ciudadanía se ocupe de una problemática social más allá de la preocupación.

Maya explica que las familias de acogida son una alternativa del cuidado transitorio, en donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) cuyos derechos han sido vulnerados en sus familias de origen tienen la posibilidad de ser acogidos por una familia capacitada en lugar de ser ingresados a una residencia u hogar administrado por el Estado por orden de un tribunal.

En este caso, la Fundación que ya se encuentra a cargo de varias líneas programáticas de Mejor Niñez en la región y en el país, se adjudicó por primera vez una licitación para aplicar el programa de familias de acogida, por lo que se encuentran en plena fase de captación de interesados.

-¿Cuál es el objetivo que buscan cumplir en este momento?

-Hoy la campaña es captar familias externas, sensibilizar a la población respecto de esta preocupación que existe a nivel de sociedad, en donde se ha observado que los niños han sido también vulnerados en hogares de menores, entonces el llamado es a ocuparse de esta realidad infantojuvenil que a todos nos preocupa, pero parece que al momento de decir "ahora es cuando", la gente no quiere ocuparse. (...). Además buscamos hacer saber a la familia que este cuidado va a terminar en algún momento, han habido particularidades, sí. Pero aquí el adulto viene a hacer un aporte a la vida de un niño, para protegerlo y entender que va a terminar es una muestra de amor y de solidaridad.

-¿Cuántos menores se encuentran ingresados en la fundación y de qué forma se trabaja con ellos?

-Nosotros tenemos 50 niños ingresados al proyecto con familia extensa, es decir son niños y familias derivadas del Tribunal de Familia a las que tenemos en un proceso de intervención. En estos casos se trata de la red familiar, por ende hay vínculos consanguíneos, como abuelos, tíos, primos, que son a quienes primero se recurre. Si estos adultos no presentan habilidades para satisfacer las necesidades del menor, nosotros tenemos que buscar una familia externa que se haga cargo mientras trabajamos también con la familia de origen del niño.

-¿Cómo operan las familias de urgencia en este sentido?

-Las familias externas, que no tienen ningún vínculo consanguíneo con los niños, están a disposición luego de una capacitación, un entrenamiento y una evaluación que se hace con ellas y dar cuenta de que se encuentran en condiciones de acoger al niño de manera temporal, para que nosotros podamos ir habilitando o interviniendo a las familias de origen, porque el otro fin de este FAE es evitar que los niños lleguen a residencias y que puedan restituir el derecho de volver con su familia de origen, es decir, la reunificación del niño con su familia.

-¿Cuál es el proceso por el que debe pasar la familia que quiere acoger a un menor?

-Hemos hecho varias campañas a nivel comunicacional en Concepción y nos ha ido bien porque hemos tenido interesados, a partir de este lunes pensamos entrevistar a las 2 o 3 familias que ya nos han contactado. En este sentido, la primera parte es una evaluación en que se aplica un test a los adultos que puede tardar cerca de 3 meses y con esos resultados luego vienen los talleres de capacitación, ya que algunos test indican claramente las capacidades de los adultos y para qué tipo de niño servirá, ya que son distintas para cada menor, ya sea por su edad u otras características. De esta forma identificamos las debilidades, tratamos de disminuirlas y con determinados avances nosotros pensaríamos en poner en contacto a esta familia con el niño y con esto ya el menor puede quedar a su cuidado.

-¿Qué aspectos deben considerar las familias que están interesadas en este proceso?

-Esto no tiene que ver con un ideal de niño, son menores como cualquier otro, con dificultades, por ejemplo para expresar emociones, no hay que olvidar que han sido víctimas de algunas situaciones complejas, por tanto si van a mostrar algunas conductas que no van a ser muy bien recibidas en general. Se trata de un niño que fue sacado de su familia de origen, por lo tanto sí habrá indicadores, sintomatología que puede ser compleja de atender y ahí entramos nosotros para apoyar y enseñar cómo manejar esa conducta. Tampoco queremos decirle a las familias que recibirán al niño ideal, ni que los pueden elegir, porque son sujetos de derecho, personas a los que debemos garantizar su protección. Aquí el desafío es cambiar la mirada adultocéntrica y poner al niño en el centro.

Tras la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, desde la Corte de Apelaciones y los organismos estatales de justicia realizaron una actividad denominada plaza ciudadana, en el centro de Concepción, para resolver dudas y consultas de la comunidad respecto a esta nueva legislación que traspasa la responsabilidad al Estado de investigar los fondos disponibles en las cuentas bancarias u otras similares que posea el deudor.

Para la operación de esta ley, el registro de deudores de pensiones de alimentos, que comenzó a regir en noviembre del año pasado, es una herramienta fundamental para abordar la investigación de los deudores. En este sentido, la seremi de Justicia, Claudia Soto, detalló que "en el registro de deudores de la región tenemos 7.594 personas inscritas, de las cuales alrededor de 200 corresponden a mujeres y 7.300 hombres. Coronel, Talcahuano y Concepción son las principales comunas con registro de deudores".

Por su parte, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, indicó que los tribunales "tienen hoy canales de tramitación digital, a través de un botón de trámite fácil en la página del Poder Judicial y a través de esos canales, las personas que ya tienen judicializada su pensión de alimentos, pedir la liquidación y, por cierto, las medidas para investigación, retención y pago".

En esta línea, realizó un llamado a quienes aún no judicializan sus causa, se acerquen a la Corporación de Asistencia Judicial para obtener la ayuda necesaria para iniciar las demandas respectivas que permitan aprobar el cobro de las pensiones y posteriormente, de ser necesario, recurrir a lo establecido en esta nueva ley que queda a cargo de los Juzgado de Familia.

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, solicitó al delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, la clausura de la discoteca conocida como Costa Praga, ubicado en la misma comuna, esto tras registrarse un altercado este fin de semana que finalizó con una balacera y el fallecimiento de 2 personas por estos hechos.

Según indica el oficio, los vecinos y vecinas de la comuna han informado sobre otros hechos graves en ocasiones anteriores relacionados a riñas y peleas que hasta entonces, no habían tenido consecuencias fatales como en este caso.

Por lo mismo, el alcalde apunta en el documento a que el municipio no cuenta con las facultades para cerrar el local y en esa línea apela a la facultad de la autoridad provincial en esta materia sobre sitios en que se hayan cometido delitos graves o que constituyan un peligro para la tranquilidad o moral públicas.

Sobre el hecho, el subprefecto Pablo Reinagel de la Brigada de Homicidios Concepción, detalló que se registró la madrugada del día domingo en la comuna, donde realizaron diligencias, en ese momento, por un delito de homicidio y un homicidio frustrado con arma de fuego, ya que una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra fue trasladada hasta el Hospital Regional de Concepción, donde ayer se declaró su fallecimiento.

En el lugar no se constató la detención de ninguna persona, por lo que el subprefecto sostuvo que "se realizan diligencias investigativas con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la identidad de él o los autores del delito".

La víctima que falleció ayer fue identificada como un funcionario de la Seremi de Salud e hijo del jefe de gabinete del delegado provincial de Arauco, Bruno Romero Belmar.