Por Redacción

La nueva ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos entró en vigor ayer en Chile para, a través de los órganos del Estado, recaudar recursos de los progenitores que deben la mensualidad a sus hijos y obligarles, así, a cumplir con sus obligaciones.

"¡Es hoy! Entra en vigencia nuestra ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Una política para la mayoría de hogares en Chile, que son sacados adelante por mujeres", publicó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en sus redes sociales.

La norma se aplica seis meses después de la puesta en marcha de un registro de deudores, el pasado 18 de noviembre, que según datos del Gobierno, en medio año de funcionamiento suma 80.074 inscritos, de los cuales 2.374 son mujeres (2,96 %) y 77.700 hombres (97,04 %), con una deuda total que supera los 90.000 millones de pesos.

"Hasta ahora la deuda de pensiones de alimento alcanza para comprar más de un millón 400 mil canastas básicas de alimentos. Es una vergüenza que en Chile nos mantengamos indiferentes o nos hubiésemos mantenido indiferentes frente a la privación a niños, niñas y adolescentes de los recursos que les corresponden, que es su derecho, para su alimentación, su vestuario, su educación", manifestó el Presidente Gabriel Boric.

La ministra Orellana recordó que a comienzos del año pasado "nos tocó implementar el Registro, aprobado por el Gobierno anterior", complementando que la pandemia "visibilizó el abandono parental, un fenómeno muy arraigado en nuestro país".

"Desde este sábado las madres y cuidadoras van a poder contar con un mecanismo concreto para buscar el patrimonio del deudor y pagar las deudas de alimentos", sentenció sobre el tema la secretaria de Estado.

Mecanismos de pago

La ley establece un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos, garantiza que el proceso de cobro "se realice con criterios de justicia y dignidad" y mejora el acceso a la información financiera de los deudores, según un comunicado difundido desde Presidencia.

Apenas se registra el pago pendiente de una sola mensualidad, la madre o persona cuidadora puede, desde ayer, solicitar a un tribunal que ordene la búsqueda de patrimonio del deudor a través de tres mecanismos: la retención de fondos que tenga en cuentas bancarias, en instrumentos financieros y de inversión, o en las cuentas de ahorro previsional voluntario.

En caso de acumular tres mensualidades de pensión de alimentos (totales o parciales, continuas o discontinuas) y no contar con fondos suficientes para saldar la deuda en las tres cuentas anteriores, el tribunal ordenará el pago mediante los recursos disponibles de las cotizaciones obligatorias de pensiones que gestionan las AFP.

Desde que la AFP sea notificada por un caso, tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacer la transferencia.

Los hijos tienen derecho a recibir la pensión de alimentos hasta los 21 años o hasta los 28, cuando se encuentren cursando estudios superiores, y se obtiene por parte del padre o madre que no tiene su tuición.

Ayer se produjo un nuevo ataque incendiario en la Región de La Araucanía: tres casas, maquinaria y vehículos resultaron destruidos en la comuna de Freire, apenas un día después de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, visitaran la zona para coordinar nuevas acciones contra la violencia en las regiones donde rige el Estado de Emergencia desde hace un año.

En este escenario, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "el subsecretario Monsalve va a construir una propuesta para que evalúen las autoridades correspondientes, a ver si nos permite mejorar el despliegue en la zona para enfrentar los problemas que ahí están presentes".

"Hemos asumido con la máxima responsabilidad la situación en la Macrozona Sur. Hace poco cumplimos un año de la renovación para la disminución de los hechos de violencia y eso ha estado demostrado", añadió la vocera.

El trabajo de la Comisión Experta ha entrado en la recta final. Luego de casi tres meses de intensa faena, los comisionados lograron acercar sus posiciones en un texto que, si bien todavía puede ser enmendado por el pleno, parece ser un esbozo bastante seguro del anteproyecto final. Así, a pesar de que todavía restan dos semanas de trabajo, el mandato está prácticamente cumplido.

En este sentido, es importante destacar en primer lugar la sobriedad y seriedad con la que se ha acometido la tarea encomendada. Alejados de las luces y la presión mediática, al interior de cada subcomisión se llevó a cabo una discusión del más alto nivel jurídico, tal como era de esperar de un órgano conformado por personas de vasta trayectoria académica y política. Así, a pesar del poco tiempo, cada norma y capítulo aprobado contó con el debido espacio para la argumentación y fundamentación de los comisionados, quienes consideraron no sólo sus propias visiones, sino también las sugerencias de profesores y funcionarios públicos que tuvieron la oportunidad de exponer frente a los expertos.

Resultado de lo anterior fue la actualización de distintas instituciones a la luz de los más modernos estándares del constitucionalismo comparado. Sólo como botón de muestra, podemos mencionar la separación y sistematización de derechos que hoy no aparecen diferenciados de manera precisa, como son el debido proceso, las garantías penales mínimas, la seguridad individual y libertad personal. En esta misma línea, también merece ser aludida la incorporación del "estatuto del administrado" que ofrece importantes garantías al ciudadano, como el derecho a un trato digno, deferente, transparente, oportuno y objetivo, por parte de los órganos de la administración.

Por otro lado, también debe mencionarse el clima de amistad cívica que primó en el seno de la Comisión. Tal como se ha dicho, uno de los grandes méritos del proceso en curso es que, al menos hasta la fecha, ha logrado sentar en la misma mesa a comunistas y republicanos, conservadores y liberales, a socialistas y gremialistas, y hacerlos conversar desde sus legítimas diferencias. A diferencia del proceso anterior, en esta oportunidad nadie ha tratado de cancelar al otro por sus visiones políticas, ni aún en aquellos momentos en que las distancias parecían insalvables.

Probablemente, el ejemplo más señero de esto último sea la inclusión del Estado social junto con la autonomía de los cuerpos intermedios y la servicialidad del Estado. Para nadie es un secreto que estos principios han sido reivindicados por distintas tradiciones de pensamiento jurídico/político, y prueba de ello son los ríos de tinta que se han escrito sólo en nuestro país sobre su supuesta incompatibilidad. Por cierto que, de aprobarse el texto por parte de la ciudadanía, será el legislador quien tendrá la tarea de armonizar los mandatos del Estado social con, por ejemplo, la provisión mixta. Sin embargo, es preciso valorar que dichos aspectos hayan encontrado respaldo constitucional en igualdad de fuerzas, haciendo de los acuerdos la nota distintiva del nuevo proceso constituyente.

En definitiva, es posible que lo sucedido al interior de la Comisión Experta sea una muestra de que los chilenos, aun con todas sus discrepancias, todavía mantienen un importante nivel de acuerdo en lo fundamental. Y tal constatación no es baladí, dado que ninguna crisis política puede ser abordada sino desde un terreno en común, un piso mínimo desde el cual reconstruir el -tan anhelado- nuevo pacto social.

Francisco Medina Krause Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

Un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y con antecedentes previos por diversos delitos, fallecieron en Cerro Navia producto de impactos balísticos en medio de una fiesta de cumpleaños.

El capitán Héctor Haase, comisario de servicio de la 45 Comisaría de Cerro Navia, confirmó que llegaron hasta el lugar después de un comunicado radial en el que dieron "cuenta de personas lesionadas por impacto balístico al interior de un campamento".

"Al interior de una mediagua, se encontró una persona adulta masculina fallecida", pero además, "según la declaración de testigos, había otra víctima, una persona de sexo femenino, también adulta, que fue trasladada por particulares directamente al hospital Félix Bulnes al servicio de urgencia"

Hasse comentó que "testigos manifestaron que escucharon seis a siete impactos balísticos durante el curso de la madrugada entre las 3 y 4 de la mañana". Añadió que "después de haber compartido con indeterminado número de personas al interior de un inmueble en un campamento, debido a situaciones que se investigan, habrían efectuado, no se sabe si una o más personas, diversos impactos balísticos a estas dos víctimas".

Un reo de 40 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma cortante por otro interno al interior del Complejo Penitenciario de Antofagasta.

El incidente tuvo lugar durante la mañana del jueves 18 de mayo y ha impulsado una investigación por parte de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta en conjunto con la Fiscalía Local.

Los detectives de la BH se trasladaron al recinto penitenciario para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Durante el reconocimiento externo del cadáver, se constataron las lesiones que presumiblemente provocaron el fallecimiento del recluso.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la víctima habría protagonizado un enfrentamiento con otro interno, quien presuntamente le propinó las heridas mortales.

A través del análisis de pruebas, incluyendo el examen del lugar del suceso, el registro de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, los investigadores lograron identificar al responsable del homicidio.