Por Redacción

El debate en torno a la crisis de las isapres sigue subiendo de tono y ayer los límites a los que está llegando se vieron en el hecho de que mientras el Presidente Gabriel Boric afirmó que el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver a sus afiliados las cotizaciones cobradas en exceso, el presidente del gremio de las aseguradoras privadas de salud advirtió que si se aprueba la ley corta propuesta por el Ejecutivo se aprueba en mayo, el sistema estará cerrado en septiembre.

El mandatario tomó la palabra en el desayuno anual convocado por la Cámara Chilena de la Construcción (que es dueña de la isapre Consalud), ocasión en la que comentó que "me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate en los últimos meses, que es la crisis del sector privado de la salud. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo y no para evadir el cumplimiento de ese fallo".

En esa línea, Boric indicó que "ahí debo decirlo yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer (lunes, presentado por los senadores Ximena Rincón, Matías Walker, FranciscoChahuán y Javier Macaya) en la comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como Gobierno lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente".

Disputa en congreso

Mientras el jefe de Estado emitía estas declaraciones, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, exponía ante la Comisión de Salud del Senado, donde se tramita la ley corta del Gobierno para salir de la crisis.

Primero afirmó que "la sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse. Eso no se discute, pero tenemos la convicción de que aquí no ha habido cobros indebidos, sino un cambio de criterio que, en este caso, implica devoluciones".

Luego, el líder gremial dio una visión catastrofista del problema: "Si en mayo sale el proyecto tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapres".

Según Simón, "da lo mismo el plazo de pago: a 30 años igual el déficit anual sería de 435.000 millones de pesos por el periodo de 30 años".

Esta postura fue respondida por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien cuestionó que "no existe una lectura explícita de cómo interpretan el fallo la Asociación de Isapres", sino que "simplemente se ha abundado respecto al dilema que implica el cumplimiento, cosa con la que nosotros coincidimos, por lo cual estamos presentando un proyecto de ley".

"Pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores de los costos de administración, de cómo van a hacer más eficiente el gasto del sistema dada la situación en la que se está viviendo", criticó la ministra.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, dijo que "siempre vamos a cumplir con los fallos judiciales" y que "la cancha está abierta", pues hay otro proyecto de ley tramitándose, el aprobado el lunes en la Comisión de Salud, que permite la devolución de la deuda en prestaciones.

"Lo importante es que se zanje lo antes posible este tema", agregó y advirtió que el colapso de las isapres podría significar que personas que esperan procedimientos de alta complejidad "tengan un desenlace fatal y eso es lo que no queremos".

Uno de los problemas más urgentes -y relevantes- de la esfera pública chilena lo constituye hoy la situación de las Isapres. El fallo de la Corte Suprema del que se sigue la obligación de devolver miles de millones de dólares a los afiliados arriesga una crisis del sistema de salud en Chile. Como el sistema es de provisión mixta, si las Isapres caen en insolvencia, entonces los enfermos de menores recursos, hasta ahora afiliados a una Isapre, se sumarán a las filas del sistema público.

Un ejemplo perfecto -de seguir así las cosas- del viejo adagio que recoge Cicerón summun ius, summa injuria, la máxima justicia puede causar un máximo daño.

Y un daño no solo a la salud de los afiliados en su conjunto, sino a la salud de las instituciones que es lo que, en lo que sigue, puede ser útil considerar.

¿Cómo pudo ocurrir esto?

Desde luego -no sería correcto pasarlo por alto- la situación es fruto de una decisión de la Corte Suprema a la que se ha conferido un alcance general que el derecho vigente no admite.

Se trata de un proceso que se inició hace tiempo y que culmina, por ahora, con esta crisis.

Hasta que este fallo se dictó ya se había configurado una situación preocupante, consistente en que los jueces a propósito de casos particulares resolvían cuestiones de política pública. Era, por ejemplo, el caso de personas gravemente enfermas que requerían fármacos muy dispendiosos que la Corte disponía los financiara el estado. Por esa vía la Corte distribuía recursos públicos escasos atendiendo a un interés particular (dramático es cierto) pero arriesgando el interés general (cuya tutela le corresponde al gobierno y no a los jueces). Como los jueces deben fallar considerando el interés que comparece ante ellos (que es siempre particular) el foro judicial no es el adecuado para resolver cuestiones de interés de todos (cuestiones de bienestar agregado y no individualizado). Pues bien. El fallo de la Corte Suprema que ha ordenado a las Isapres la devolución del dinero habido por una mala aplicación de la tabla de factores radicaliza ese fenómeno. El fallo, en efecto, puede ser justo desde el punto de vista de cada afiliado a una Isapre o, si se prefiere, desde el punto de vista contractual; pero es obviamente malo desde el punto de vista institucional ¿Por qué? La razón es harto obvia y sorprende que no se haya subrayado. Una regla básica del sistema de justicia la formula el artículo 3 del Código Civil conforme al cual solo corresponde al legislador interpretar la ley "de un modo generalmente obligatorio", las sentencias, agrega la regla, sólo resultan obligatorias para quienes comparecen al litigio al que mediante ellas se pone fin.

Las sentencias carecen, en otras palabras, de obligatoriedad general. Y los jueces de la facultad de diseñar políticas públicas.

Pero he aquí un fallo que se aparta de esa regla y al que se le atribuye obligatoriedad general, a tal extremo que incluso a una parte de la administración estatal -la Superintendencia de Salud que no participó del litigio-- se la declara obligada a cumplir lo que en él se ordena. Y esta última sometiéndose a ese fallo solicita incluso se amplíe el plazo para resolver lo dispuesto por la Corte en una sentencia que, de acuerdo al derecho vigente en Chile, no pudo obligarla en sentido jurídico general ni a ella ni por extensión a las Isapres que no participaron del litigio al que se puso término mediante la sentencia.

La forma de dirimir una disputa particular requiere un tipo de raciocinio que consiste en adjudicar algo a uno de los litigantes y negárselo a otro a la luz de la información que ambos proporcionan. La forma de decidir una política pública exige otro tipo de racionalidad, una que considere los intereses de todos y atienda a las consecuencias que podrían seguirse de una decisión que pudiendo ser correcta desde el punto de vista particular, acarrea malas consecuencias desde el punto de vista general.

Para decirlo en otras palabras, el interés general exige una perspectiva utilitarista que la consideración de casos individuales no admite. Y por eso tratar la solución de estos últimos como un sucedáneo de la ley o como un equivalente funcional del legislador -que es lo que ha ocurrido en este caso- es una muestra de mala salud institucional.

Carlos Peña

A horas de que se cumpla un año del estado de excepción, la región de La Araucanía está marcada por una seguidilla de atentados violentos, los que han dejado al menos a tres personas heridas y dos máquinas quemadas.

De acuerdo con información preliminar, en el sector de Quechereguas, en la comuna de Traiguén, dos personas fueron heridas con arma de fuego en el fundo "Las Toscas".

El hecho ocurrió cuando un agricultor manejaba su camioneta escoltando un tractor, momento en que las víctimas fueron interceptadas por encapuchados que se movilizan en una camioneta y les disparan.

Tras ello, el chofer de la camioneta llega hasta donde un vecino, quien en la misma camioneta lo trasladó hasta el Hospital de Victoria con una lesión por arma de fuego abdominal. El tractorista resultó con heridas en el hombro izquierdo, al parecer por disparo de escopeta.

Asimismo, llegó al hospital de Victoria una tercera víctima, conductor de un camión que fue atacado por los mismos sujetos en el fundo "El Alba" del sector Quechereguas. La víctima señaló que se encontraba custodiando su camión, momento en que pasó otro vehículo con encapuchados, quienes lo golpearon con la culata de una de las armas en la cabeza, rociaron la cabina con acelerante y le prendieron fuego. La Fiscalía de Primeras Diligencias dispuso la concurrencia del Bipe y Lacrim de la PDI.