Las bases constitucionales y el proceso constitucional
Dra. Tania Busch Venthur, Académica de Derecho, Universidad Andrés Bello Sede Concepción,
Si el proyecto de Constitución de 2022 se insertaba en la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, tanto en procedimiento como en contenidos, el proceso constitucional de 2023 ha significado un retorno a los procedimientos legitimados por las credenciales académicas y los criterios de la política formal. Un sector transversal de las fuerzas políticas tradicionales quiso prevenir, a través de este diseño, una radicalización del proceso. El diseño es limitado, con numerosos puntos de veto y predominio de la participación de actores nombrados por el Congreso conforme a la representación de las fuerzas políticas.
También es limitado en los contenidos. Se consensuaron bases constitucionales, esto es, contenidos mínimos predefinidos por el Congreso que sintetizan los aprendizajes obtenidos de los procesos anteriores. Presentes en el debate constitucional desde la década de los 90, se logró acuerdo en la necesidad de una cláusula de Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos originarios y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.
Paradójicamente, el sector que no concurrió al Acuerdo por Chile de diciembre de 2022 resulta ser el que más escaños obtuvo en el Consejo Constitucional. Los resultados han puesto el proceso en una compleja encrucijada. El destino del problema constitucional chileno quedó en manos de quienes nunca lo reconocieron como tal. Representantes de este sector han puesto en duda el respeto por las reglas del proceso, indicando que "no firmaron nada".
El respeto a las bases constitucionales se encuentra garantizado por el Comité Técnico de Admisibilidad, órgano árbitro del proceso que ahora puede tener un rol crucial. No obstante, de desconocerse los aprendizajes previos, la legitimidad del proceso -ya débil- puede desaparecer del todo y enfrentarnos a un nuevo fracaso en el intento de solucionar nuestro problema constitucional.
El diseño del proceso constitucional de 2023 no se hace cargo de las consecuencias jurídicas de una nueva derrota en el plebiscito ratificatorio. Todos los elementos que hicieron surgir el proceso se mantienen vigentes, incluido por cierto un sistema político incapaz de resolver sus crisis y una Constitución insuficiente para proveer los bienes públicos que la ciudadanía salió a demandar en el estallido social. Un nuevo fracaso significaría un retorno al punto de partida.