Por Estefany Cisternas Bastías

Hace más de un mes que el edificio del Departamento de Ingeniería Metalúrgica (Dimet) de la Universidad de Concepción fue tomado por su Centro de Estudiantes como una forma de manifestarse en contra de las autoridades de la casa de estudios de Educación Superior ante la nula respuesta ante denuncias que existen de por acoso entre alumnos.

La situación se originó el pasado 5 de abril cuando cinco alumnas denunciaron públicamente hechos de acoso, agresión física e incluso abuso sexual, por parte de dos compañeros de la misma carrera. Los estudiantes se organizaron y democráticamente decidieron suspender todas sus actividades académicas desde dicha fecha.

El paro lleva más de un mes y hasta el momento siguen esperando una respuesta a sus principales demandas por parte de las autoridades de la institución, pues acusan que el protocolo actual para hechos de abusos es deficiente.

La vocera de la toma y estudiante de Ingeniería Civil en Minas, Valentina Molina, señaló que "se ha denunciado ante la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual (DEGyD), y ellos no han hecho nada al respecto. También nos acercamos a los jefes de carrera por ayuda y ellos han hecho ayuda nula".

Al consultar a la Dirección de Equidad de Género respecto a la aplicación de protocolos ante estas denuncias, indicaron que no emitirían declaraciones al respecto.

Actualmente, hay una mesa de trabajo para la creación de protocolos y una psicóloga con perspectiva de género que comenzará a trabajar a partir del próximo lunes.

Las peticiones

Los estudiantes que solidarizan con las afectadas esperan que ellas no estén obligadas a encontrarse con sus agresores dentro del recinto educacional, por ello solicitaron la expulsión de los dos compañeros denunciados por abuso. Actualmente, los estudiantes denunciadas estarían suspendidos de sus actividades académicas, independiente de la toma del edificio.

El caso, según informaron los estudiantes, está en la Contraloría Universitaria, donde el caso lo ve un fiscal y pasa a una comisión integrada por tres docentes y tres alumnos escogidos al azar, quienes analizar el caso y tendrán que declarar los involucrados. Posteriormente, se pasa a la Rectoría.

Los estudiantes también exigieron que la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual se acerque a las alumnas que necesitan apoyo psicoemocional.

"Pedimos la creación de protocolos en violencia de género que actualmente no tiene nuestro departamento, y que haya un ente que actúe ante situaciones de violencia", manifestó la vocera.

Los integrantes de la toma tienen registro de antiguos hechos de violencia. Molina contó que alumnas egresadas de la universidad, en su mayoría tituladas después del 2010, denunciaron situaciones similares y "no tuvieron respuesta ni del departamento, ni de la universidad".

La vocera reveló que sólo algunos profesores han prestado su apoyo a la causa, mientras otros se mantienen al margen o no apoyan las acusaciones realizadas.

Respecto a los jefes de carrera, los alumnos informaron que en caso de Metalúrgica se optó por no involucrarse en las denuncias y por otro lado, la docente a cargo de Minas se ha referido a las víctimas en reuniones con el Centro de estudiantes, pero no ha tomado mayores acciones al respecto.

La vocera Valentina Molina puntualizó que "muchos creen que no sucedió, que todo es mentira. Hemos tenido que afrontar palabras denigrantes, que se nos acuse falsamente, a pesar de todo tenemos apoyo"

Los estudiantes movilizados votan cada viernes por continuar el paro. Otros departamentos se han sumado con paros reflexivos en apoyo, además de otras facultades como Educación, Ciencias Sociales y Geografía.

Estudiantes UdeC piden la expulsión de compañeros denunciados por abuso y acoso

2 son los estudiantes que fueron denunciados por sus compañeras. Estarían suspendidos de sus actividades académicas.

Los seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción en el juicio conocido como "crudo iraní" y se confirmó lo resuelto el pasado 10 de marzo cuando se desestimaron los cargos contra Álvaro Hillerns, Patricia Cabala y Jorge Farías por su eventual autoría en el delito de propagación de sustancias peligrosas para la salud animal o vegetal.

Según la acusación, este delito habría sido cometido en agosto de 2018, en la bahía de Concepción.

La sentencia estableció que ni las pruebas testimoniales, documentales ni evidencias rendidas pudieron acreditar la existencia del hecho que les fue imputado a los funcionarios o alguna relación entre las intoxicaciones ocurridas en la fecha señalada anteriormente y la empresa estatal. Por lo tanto, queda establecida la inocencia de todos los acusados.

El abogado de los funcionarios de Enap, Cristián Muga, indicó que "el tribunal, de manera unánime, absolvió tanto a los ejecutivos de Talcahuano del único delito ambiental que se trajo a juicio (…) Nos parece que la resolución de hoy día lo único que hace es ratificar de manera clara e indiscutible, y que no puede generar duda alguna en la ciudadanía, que en el episodio de contaminación que se imputó aquí en Talcahuano, menos aún el que se imputó en Quintero, fue responsabilidad de las personas imputada".

El tribunal dictó sentencia según la Ley 20.920, más conocida como la "Ley REP", a una pena de 50 días, que será reemplazada por pena remitida bajo control de Gendarmería por un año, en contra de Eduardo Piraíno, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana, por su responsabilidad en el manejo de residuos peligrosos.

Desde Enap informaron que iban a estudiar el fallo y analizar futuras acciones.

"Es una gran noticia que nos vino a dar hace unas semanas la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que el proceso estaba listo y hoy se cumple el hito de la publicación, por tanto, ya son humedales urbanos", indicó el seremi del ramo, Óscar Reicher respecto al resguardo de los ecosistemas Price, de Hualpén y Paicaví-Tucapel-Bajo, de Concepción.

La autoridad medioambiental precisó que con el resguardo realizado, ahora esto se debe incorporar en los distintos planes reguladores comunales respecto a que los usos sean compatibles con la protección ambiental que ya tienen.

Además, precisó que "también hemos impulsado desde la seremi en poder avanzar hacia una gestión y una mejor gobernanza de estos espacios, porque sabemos que no basta solamente con una declaratoria (...) No nos quedamos solo en la declaratoria, sino que hay que hacer otras gestiones que son necesarias para una mayor protección de estos cuerpos de agua", enfatizó Reicher.

En la oportunidad, además recordó que el humedal Vasco da Gama es uno de los 20 ecosistemas que están en tramitación para ser humedal urbano.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, recordó que "este es una trabajo que se llevó, principalmente, con la comunidad, con las organizaciones, con los vecinos. Esto lo presentamos en enero de 2022, junto con el Pichimapu que ya está listo en Nonguén y ahora estamos a la espera del humedal Cárcamo.

Por su parte, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, también se manifestó contento con la declaratoria, "nosotros creamos la Dirección de Medioambiente y Ecoturismo y eso nos sirvió también para pode tener profesionales que trabajen en el área y en agosto de 2022 entregamos este polígono. También estamos en proceso de abrir nuestro plan regulador en el mes de mayo, eso nos va a permitir aún más afiatar lo que estamos haciendo con el humedal Price".