La participación, herramienta fundamental
Para algunas personas puede resultar repetitivo, pero la importancia de votar durante esta jornada es una realidad que se ve reforzada en virtud de las singulares características que han configurado el actual proceso constitucional y que, más allá del voto obligatorio, enfrenta un escenario de poco de interés ciudadano, falta de difusión por parte de las distintas candidaturas y un debate centrado en temáticas que no necesariamente encontrarán respuesta en las definiciones electorales de estas elecciones.
Hay que considerar que Chile ha experimentado a partir de 2019 -y por circunstancias diversas- un fenómeno de creciente polarización que se expresa no solo en el clima político, sino también en la economía, las relaciones sociales y hasta la forma en que se discuten en los ámbitos más íntimos -como la familia y los amigos- los temas centrales asociados a la agenda pública. Es en este escenario que es necesario reforzar la relevancia de ejercer el deber y derecho ciudadano de votar, legitimando esta opción como una fórmula central para fortalecer nuestra democracia, que a veces parece tambalear por desinterés y la falta de información que exhibe una buena parte de la ciudadanía.
Es importante recordar que las votaciones que se realizarán hoy y que apuntan a la elección de los 50 integrantes del Consejo Constitucional, una de las instancias que son parte del actual proceso constituyente, son parte de un proceso de negociación surgido en forma inmediatamente posterior al plebiscito de salida del anterior proceso, realizado el 5 de septiembre del año pasado y que terminó con el rechazo a la propuesta de Carta Magna elaborada por la Convención Constituyente, instancia que trabajó durante un año en el texto presentado.
Esta vez, el proceso ha estado marcado por el trabajo de la Comisión Experta, que tiene hasta el próximo 6 de junio para entregar una propuesta de nueva Constitución, la que será revisada y modificada por el Consejo Constitucional que hoy se elige, y que posteriormente será revisada por el Comité Técnico de Admisibilidad. Este último tiene como principal misión revisar que lo aprobado por los consejeros se mantenga dentro de los 12 puntos base ya definidos, que forman parte de la reforma constitucional aprobada por el Congreso para concretar este segundo proceso y que son la base inamovible del nuevo documento.
Adicionalmente, el Congreso aprobó en diciembre pasado el restablecimiento de la obligatoriedad del sufragio en todas las elecciones y plebiscitos, con excepción de las primarias. Con un padrón de 15,1 millones de electores, de los cuales un millón 380 mil corresponden a la Región del Biobío, nuestro país dejó el voto voluntario que rigió durante una década -específicamente entre 2012 y la actualidad-, bajo el argumento que esta definición profundizó la crisis de participación de la ciudadanía, que en algunos procesos estuvo muy por debajo del 50%.
Las pruebas de este bajo interés son palpables, siendo tal vez la más representativa las elecciones en segunda vuelta de gobernadores regionales, en junio de 2021, donde a nivel nacional solo participó el 19,6% de los convocados, es decir, alrededor de 2,5 millones de los 13 millones que entonces conformaban el padrón. En la Región del Biobío la cifra de votantes llegó a poco más de 182 mil, es decir, el 13,67% del padrón electoral de ese momento, que llegaba a un millón 333 mil personas habilitadas para sufragar.
Se trató de un registro histórico de baja concurrencia a las urnas, aunque a los expertos no les sorprendió, ya que desde el plebiscito de 1988, del que este año se cumplen 35 años, la participación en las elecciones había decaído en forma sostenida. En 2012, cuando entró en vigencia el voto voluntario, esta tendencia quedó en evidencia y en las elecciones municipales de 2016 apenas participó el 36% del padrón electoral nacional, el anterior récord de baja participación.
Si bien en los últimos tres años la apatía de la mayoría de los ciudadanos se explicó por diversos fenómenos, entre ellos el efecto de la pandemia, hay que reconocer que las candidaturas, movimientos y partidos políticos tampoco han sabido devolver a la ciudadanía el interés por votar, algo que es evidente en el actual proceso, donde la veintena de postulaciones no ha tenido un rol protagónico en actividades ni debates, así como tampoco se han promovido los mismos.
Una mayor participación resulta fundamental para la legitimidad del sistema democrático y su fortalecimiento, según han planteado especialistas en el área electoral y cientistas políticos, por lo que la seriedad con que se enfrente el derecho a elegir y el deber de sufragar es innegable, más todavía cuando se trata de quienes aportarán a la redacción de la nueva Constitución, que es la ley fundamental, la norma jurídica más importante que rige todas las demás y a la sociedad misma.
Es necesario reforzar la relevancia de ejercer el deber y derecho ciudadano de votar, legitimando esta opción como una fórmula central para fortalecer nuestra democracia, que a veces parece tambalear por el desinterés y la falta de información que exhibe una buena parte de la ciudadanía.