Por Francisca Pacheco Pérez

Un trabajo conjunto se está realizando entre el municipio de San Pedro de la Paz, Carabineros, PDI, el Serviu y el Ministerio de Vivienda, para restituir los 208 departamentos que fueron ocupados irregularmente en el sector de San Pedro de la Costa. Así lo precisó la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, quien además afirmó que el proceso de desalojo deberá efectuarse con el respectivo cuidado, debido a la presencia de menores de edad entre los ocupantes ilegales.

Se trata de la totalidad del conjunto habitacional Prais 1 y 2, proyecto que se encontraban en proceso de recepción municipal, y sería entregado definitivamente a sus respectivos beneficiarios en alrededor de un mes, acción que deberá ser retrasada tras la ocupación ilegal.

"Estaban todas las recepciones de los servicios obtenidas, y se ingresaría próximamente el expediente para la recepción de la Dirección de Obras, que tarda alrededor de 30 días", sostuvo el jefe de Departamento Técnico del Serviu, Álvaro Rojas.

La toma inició durante la noche del viernes, instancia en la que un grupo de alrededor de 60 individuos ingresó a la fuerza bajo la exigencia de soluciones habitacionales, constatándose además que habrían realizado una serie de destrozos y robos al interior de los inmuebles.

Ahora son más de 200 las personas que se encuentran ocupando irregularmente estos inmuebles, entre los que se consideran niños y mujeres embarazadas. En tanto, el Serviu ofició a la Delegación Presidencial el pasado sábado para la efectuar la restitución de los inmuebles lo antes posible, para así evitar eventuales nuevos destrozos y entregar las viviendas a quienes fueron asignadas.

Reposición

El jefe del Departamento Técnico del Serviu, Álvaro Rojas, detalló que "tenemos registros por videos en los cuales se verifican daños, algunos robos de elementos propios de la obra, y nosotros frente a eso el sábado oficiamos a la Delegación Presidencial Regional, solicitando la restitución administrativa del inmueble, y para ello también requiriendo el uso de fuerza pública".

En esa misma línea añadió que, como servicio, se encuentran disponibles y abiertos a entregar la tramitación y guiarlos en el proceso para obtener la vivienda de manera legal, "pero tampoco podemos legitimar las acciones violentas afectando los derechos de personas que han luchado durante años", añadió.

Ante esto, la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, señaló que ya se está trabajando junto al Municipio, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Serviu y el Ministerio de Vivienda. "Es nuestro deber restituir estos bienes a las personas que les corresponde. Sin embargo es una situación que hay que tratar con todo el cuidado debido, ya que estamos hablando de familias que también tienen niños y, por lo tanto, estamos trabajando para que ocurra de mejor manera y lo más rápido posible", enfatizó la autoridad regional.

Además, la toma de los inmuebles supone el retraso adicional en la entrega definitiva de éstos, por la reposición de artefactos y reparación de daños. "Estamos viendo alternativas del punto de vista administrativo que permitan eventualmente poder hacer la entrega con la mayor premura posible", aseveró el jefe de departamento técnico del Serviu.

Antecedentes

Cerca de las 22 horas del viernes 28 de abril, un grupo cercano a los 60 individuos, siendo en su mayoría vecinos de sectores aledaños, ingresó de forma ilegal al conjunto habitacional Prais 1 y 2, distribuido en dos comités de 64 y 144 departamentos y emplazado en el sector de San Pedro de la Costa.

Los individuos, además, entraron con objetos contundentes y realizaron una serie de destrozos al interior de los inmuebles, sustrayendo parte de la infraestructura, como calefont y ventanas. Ante esto, un grupo menor de personas vinculadas a los beneficiarios ingresó también durante el fin de semana a los edificios, con la finalidad de protegerlos.

Aunque las condiciones actuales no permiten tener un catastro preciso de los residentes ilegales, se estima que la cifra rodea las 200 personas, pues el conjunto habitacional fue tomado en su totalidad. Adicionalmente, el sistema frontal del viernes pasado también favoreció la caída de algunos cierres perimetrales, lo cual habría facilitado el ingreso de estas familias.

Los diputados independientes Francesca Muñoz y Roberto Arroyo, ambos del distrito 20 (provincia de Concepción con excepción de Lota) presentaron un proyecto de resolución para que el Presidente Gabriel Boric declara zona de catástrofe a la comuna de Florida por los efectos que traerá la gripe aviar.

Arroyo explicó que el territorio "durante el verano se vio azotada por una ola de incendios en que se quemaron miles de hectáreas, y que cuando aún no se recupera de esta crisis ya se ve enfrentada a una nueva situación de catástrofe, como es la gripe aviar, que ha obligado a sacrificar cientos de miles de aves, que representan el sustento familiar y de empresas que dan empleo en el zona".

En la misma línea, la diputada Muñoz dijo que "lamentablemente Florida es una de las comunas complicadas dentro de la Región del Biobío por varios episodios complejos, como lo fue el incendio de febrero pasado que dejó decenas de viviendas quemadas y a cientos de personas sin hogar, además de los animales y herramientas de trabajo siniestrados. Ahora a eso se suma la gripe aviar, que ha dejado limitada la industria avícola, trayendo consigo miles de aves sacrificadas, cesantía, alza de precios de los alimentos, incertidumbre y alertas sanitarias. Por eso estamos pidiendo un apoyo adicional de parte del Gobierno para la comuna".