Estrategia Nacional del Litio
Alejandro San Martín Bravo, Director Ingeniería Civil en Minas e Ingeniería Civil en Metalurgia, Universidad Andrés Bello,
En relación a la recientemente anunciada estrategia nacional del Litio y la participación mayoritaria del estado en su producción creo necesario centrar el análisis en tres aspectos: La oportunidad de la inversión, la capacidad de reinvertir utilidades y la sostenibilidad ambiental de la explotación. Sobre la propiedad del Litio no cabe mayor análisis, pues está claro que, como todos los minerales, es de propiedad del estado chileno.
Lo oportuno de las inversiones necesarias de realizar es posiblemente el factor más crítico para que se desarrolle el potencial que este negocio ofrece. Mientras sostenemos esta discusión en Chile, el fabricante de automóviles chino BYD acaba de lanzar comercialmente el primer auto eléctrico con baterías en base a Sodio, más baratas y de similares prestaciones que las de Litio. Así, si nos demoramos 10 años en hacer andar nuevas explotaciones de Litio, es posible que su demanda ya no sea la que hoy se pronostica y por lo tanto su precio de venta no sea el de hoy.
Sobre la reinversión de las utilidades, no cabe duda que ambos, tanto estado como privados, buscan maximizar sus ganancias sin embargo las necesidades y urgencias sociales del estado son siempre un estímulo para retirar y capitalizar las ganancias lo antes posible, de manera de cumplir con un programa de gobierno de 4 años o bien responder ante una catástrofe natural o de salud como nos ha ocurrido últimamente.
Finalmente, sobre el aspecto ambiental de explotar el Litio desde ecosistemas tan frágiles como nuestros salares, donde toda la vida se sustenta en un delicado equilibrio hídrico y máxime considerando que el proceso productivo actual evapora la mayor parte de la salmuera procesada, tanto privados como el estado tienen un mal registro en la materia. Algunos de los mayores desastres ambientales del país han tenido como protagonistas a empresas del estado y los privados no han mostrado mayor iniciativa más allá de lo que la ley estrictamente les exige. Perfectamente se podría estar explotando hoy el Litio con métodos menos intensivos en agua, pero como no hay legislación que obligue a ello, no se hace. Como sea, la institucionalidad ambiental debe subir los estándares, desarrollar normas y protocolos específicos para estos ecosistemas, fiscalizar y exigir su cumplimiento a las empresas que operen, ya sean éstas públicas o privadas.
Tomando todo lo anterior en consideración, me lleva a cuestionar la conveniencia de que sea el estado quien lidere operacionalmente el desarrollo de la industria del litio en el país. Creo mejor seguir modelos exitosos como el de Codelco en minera El Abra, donde ésta controla el 49% de la sociedad y la gestión se deja en manos de privados, que, al hacer un uso eficiente de los recursos y las inversiones, maximiza las utilidades para todos sus accionistas, generando una importante cantidad de recursos para el estado. Porque lo importante al fin y al cabo es que el país obtenga la mayor cantidad de recursos, durante la mayor cantidad de tiempo y con la menor afectación social y ambiental posible, no quien dirige la reunión del directorio.