En relación a la recientemente anunciada estrategia nacional del Litio y la participación mayoritaria del estado en su producción creo necesario centrar el análisis en tres aspectos: La oportunidad de la inversión, la capacidad de reinvertir utilidades y la sostenibilidad ambiental de la explotación. Sobre la propiedad del Litio no cabe mayor análisis, pues está claro que, como todos los minerales, es de propiedad del estado chileno.

Lo oportuno de las inversiones necesarias de realizar es posiblemente el factor más crítico para que se desarrolle el potencial que este negocio ofrece. Mientras sostenemos esta discusión en Chile, el fabricante de automóviles chino BYD acaba de lanzar comercialmente el primer auto eléctrico con baterías en base a Sodio, más baratas y de similares prestaciones que las de Litio. Así, si nos demoramos 10 años en hacer andar nuevas explotaciones de Litio, es posible que su demanda ya no sea la que hoy se pronostica y por lo tanto su precio de venta no sea el de hoy.

Sobre la reinversión de las utilidades, no cabe duda que ambos, tanto estado como privados, buscan maximizar sus ganancias sin embargo las necesidades y urgencias sociales del estado son siempre un estímulo para retirar y capitalizar las ganancias lo antes posible, de manera de cumplir con un programa de gobierno de 4 años o bien responder ante una catástrofe natural o de salud como nos ha ocurrido últimamente.

Finalmente, sobre el aspecto ambiental de explotar el Litio desde ecosistemas tan frágiles como nuestros salares, donde toda la vida se sustenta en un delicado equilibrio hídrico y máxime considerando que el proceso productivo actual evapora la mayor parte de la salmuera procesada, tanto privados como el estado tienen un mal registro en la materia. Algunos de los mayores desastres ambientales del país han tenido como protagonistas a empresas del estado y los privados no han mostrado mayor iniciativa más allá de lo que la ley estrictamente les exige. Perfectamente se podría estar explotando hoy el Litio con métodos menos intensivos en agua, pero como no hay legislación que obligue a ello, no se hace. Como sea, la institucionalidad ambiental debe subir los estándares, desarrollar normas y protocolos específicos para estos ecosistemas, fiscalizar y exigir su cumplimiento a las empresas que operen, ya sean éstas públicas o privadas.

Tomando todo lo anterior en consideración, me lleva a cuestionar la conveniencia de que sea el estado quien lidere operacionalmente el desarrollo de la industria del litio en el país. Creo mejor seguir modelos exitosos como el de Codelco en minera El Abra, donde ésta controla el 49% de la sociedad y la gestión se deja en manos de privados, que, al hacer un uso eficiente de los recursos y las inversiones, maximiza las utilidades para todos sus accionistas, generando una importante cantidad de recursos para el estado. Porque lo importante al fin y al cabo es que el país obtenga la mayor cantidad de recursos, durante la mayor cantidad de tiempo y con la menor afectación social y ambiental posible, no quien dirige la reunión del directorio.

Proteger la tierra es urgente y sabemos que debemos redoblar los esfuerzos para cuidar el ecosistema, revirtiendo la grave crisis climática que mantiene al mundo amenazado. La tierra está experimentando un proceso peligroso en el medioambiente a consecuencia de las acciones humanas. Es preocupante verificar la falta de lluvias, el decrecimiento de los glaciares, pero también, cómo un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción y gran parte lo estarán en sólo unas décadas.

Pese a la compleja realidad, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15), se tomaron acuerdos esperanzadores. Allí se produjo un consenso histórico para orientar las acciones mundiales en favor del ecosistema, de aquí al 2030. El plan estratégico incluye medidas para detener la pérdida de la naturaleza, conservar y gestionar de manera eficaz al menos el 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas, además de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. A su vez, las naciones ricas se comprometieron a pagar unos US$ 30.000 millones anuales de aquí a 2030 a las naciones más pobres a través de recursos especiales para la biodiversidad.

Acercar a cero la pérdida de superficies es de suma importancia para la biodiversidad y su sana evolución, incluidos los ecosistemas de gran integridad ecológica, más aún cuando tan sólo el 17% de las zonas terrestres y el 8% de las zonas marinas, han sido declaradas áreas protegidas. Sin embargo, para el sector privado, queda relegada en última prioridad, de acuerdo a diversos estudios, el más reciente, de Gestión Social, en que, a través de entrevistas a 200 ejecutivos de primera línea de compañías en Chile, la protección de la biodiversidad solo aparece en tres menciones, como área prioritaria, considerada entre los aspectos relevantes de la sostenibilidad.

Un nuevo avance en la institucionalidad es el proyecto de Ley Para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Luego de haber pasado más de 11 años en el Congreso, ahora busca convertirse en el primer organismo público con dedicación exclusiva y con recursos para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad. Si bien, Chile ha sido reconocido mundialmente, ya que cuenta con aproximadamente un 22% del área terrestre declarada protegida, y un 42% de la Zona Económica Exclusiva, no basta su clasificación, sino que requiere gestión y recursos.

Pacto Global a nivel mundial, ha hecho un llamado, repensar un sistema que respete el ciclo de vida de la tierra, y aprender de las soluciones basadas en la naturaleza. La restauración de hábitats, gestión de los recursos hídricos, la reducción del riesgo ante desastres o la infraestructura verde para abordar los problemas sociales. El llamado es a ocuparnos por el ODS15: proteger, y restablecer los ecosistemas, y actuar decididamente ante la pérdida de la biodiversidad.

Desde la perspectiva de género, la autonomía se ha definido como "el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros". En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente. En definitiva, el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece.

Alcanzar esta definición es uno de los desafíos que asumimos en Fundación Trabajo para Un Hermano, al abrir las puertas nuevamente para las 75 mujeres que, en tres meses más tendrán una nueva oportunidad para llegar a la autonomía económica, capacitándose en los oficios de Pastelería, Cuidado de Adulto Mayor y un programa de formación para emprendedoras en Coronel. Estos forman parte del Programa de formación y capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social, promoviendo la inserción laboral y la autonomía económica de ellas en el Gran Concepción, iniciativa que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

Creemos profundamente en este programa, como una oportunidad de trabajo y de generar un ingreso que les permita solventar sus gastos, pero además tener la posibilidad de crear su propio emprendimiento. Y es que saber un oficio es un gran comienzo para asegurar un ingreso constante y promover la inserción laboral y la autonomía económica.

Este tipo de oportunidades resultan fundamentales cuando comprendemos que históricamente, un problema que ha caracterizado los pronunciamientos del sistema sobre la pobreza, ha sido la discriminación contra las mujeres por su sexo, como causa y como resultado de esta situación de pobreza e indigencia.

Debemos comprender que la autonomía de las mujeres aporta a promover la igualdad, a mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica, a fomentar que las personas y los sistemas apoyen y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados, por lo que se debe promover que la protección social y los estímulos económicos respalde esta práctica equitativa.

Y el estado tiene un rol fundamental. De hecho, las Naciones Unidas en el 2001 describió la importancia del rol de los sistemas políticos en determinar las brechas de género que impiden una mayor participación de las mujeres en la economía, a través de una función de producción que permita estimar la inserción de la mujer en la economía chilena para distintos sectores y escenario, y proponer una agenda de desarrollo productivo y de género que propicie avanzar hacia una economía más inclusiva en los próximos años. De allí la importancia de crear instancias que permitan fomentar la autonomía en las mujeres.

A días de un nuevo 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, en Fundación Trabajo Para un Hermano Concepción creemos que debe ser un derecho para las mujeres el poder controlar sus vidas dentro y fuera del hogar; poder desarrollarse a nivel laboral, y asimismo, fortalecer habilidades para influir en la dirección del cambio social y económico más justo tanto nacional como internacionalmente.

Cuando las participantes de nuestro programa de formación se presentan el primer día, sus relatos demuestran la gran necesidad y entusiasmo por lograr estos avances: "Estoy aquí para desarrollarme como mujer", "estoy aquí por mis hijos", "estoy aquí porque quiero crecer en mi negocio", "estoy aquí porque quiero generar ingresos", "estoy aquí porque es mi sueño y quiero cumplirlo".

Estamos convencidas de que si las mujeres están bien, toda la sociedad recibirá los beneficios.