Por Mauricio Ávila Cárdenas

El nombre de Nicolás Cataldo apareció en los titulares el 6 de septiembre de 2022 por su fallido nombramiento como subsecretario del Interior. Unos antiguos tuits sobre Carabineros le significaron no llegar al cargo. Pero arribó a otra oficina, la de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, punto neurálgico de La Moneda por donde pasan los recursos que se distribuyen por el país, la Subdere.

Esta semana, este profesor de Historia y Ciencias Sociales apareció nuevamente en los medios porque según versiones de prensa habría solicitado mayor participación en la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno, algo que él desmiente porque -asegura- él ya participa activamente de ella. "No es tal que haya pedido un rol específico, sino que más bien cómo, como organismo, nos coordinamos internamente en el ministerio del Interior para poder enfrentar esto, habida cuenta de que Interior es el sector al que le corresponde enfrentar el tema de la seguridad principal y prioritariamente. Y ojo, que la Subdere viene trabajando y participando y cumpliendo un rol en materia de seguridad desde el año pasado, cuando formulamos el plan 'Más seguridad, más comunidad', junto a la subsecretaría de Prevención del Delito. Para que te hagas una idea, la subsecretaría de Prevención del Delito en 2022 contaba con 3.600 millones de pesos en su presupuesto para financiar proyectos municipales. Con el acuerdo que hicimos con el subsecretario Eduardo Vergara en diciembre logramos ampliar la cobertura a más de 20 mil millones de pesos de inversiones en 588 proyectos levantados en 328 municipios del país. Entonces, la Subdere ya está trabajando en materia de seguridad hace rato".

-Se asume que, por su rol, es importante para las regiones que participe.

-Hemos estado trabajando fuertemente con ellos y ahí hay cosas importantes, como por ejemplo que el compromiso que firmamos contiene la creación de una división en materia de prevención del delito en los gobiernos regionales. Hoy ellos no tienen competencias ni estructura para involucrarse directamente en el tema, técnicamente hablando, lo que nos pone un desafío en materia de descentralización, porque hoy los municipios y el gobierno central tienen un rol en materia de seguridad y prevención del delito, pero los gobiernos regionales no. Entonces, con esto podemos tener una estructura de distribución competencial en materia de prevención del delito frente al nivel nacional y local, mejorando la coordinación entre niveles de gobierno y eso es muy bueno. Porque hoy los gobernadores regionales no son la intendencia antigua. Los gobiernos regionales son una entidad propia, autónoma, con autoridades electas democráticamente y eso tiene q ue plasmarse en un diseño de Estado. No solo como declaración, sino que necesitamos tener un gran acuerdo nacional transversal, porque la seguridad, si no la pensamos así, la verdad es que va a ser poco probable que le ganemos a la delincuencia. Tenemos que hacer que los niveles de gobierno se articulen en sus capacidades humanas, técnicas, financieras, para que se hagan mucho más precisos, eficientes y eficaces a la hora de responder a esta problemática en los territorios.

-Se habla de autos blindados, de armamento, de personal, pero usted también ha hablado de la recuperación del espacio público para combatir a la delincuencia.

-Así es. El plan que hemos estructurado consta de dos partes que son muy nítidas. La primera tiene que ver con el ataque al crimen organizado, a las personas que están con órdenes de aprehensión pendientes, por tanto, el foco está puesto en la fiscalización, para poder hace una persecución penal efectiva, de ampliar y mejorar las capacidades de las policías y de la fiscalía. Pero luego viene toda una línea en materia preventiva. De ahí que el subsecretario (Eduardo) Vergara sea cabeza de la estrategia de Estado presente que, justamente, lo que busca es ordenar toda la oferta que tenemos como Estado y que muchas veces no ha llegado a los territorios. Ahí es donde se articulan más de quince servicios y subsecretarías como por ejemplo Educación, Subdere, Mujer y equidad de Género, y otros organismos como Senda, que tiene un rol muy importante en esta tarea de luchas contra el consumo de drogas y la reinserción y rehabilitación de jóvenes. Así es como nosotros tenemos una estrategia que va a aumentar la capacidad del Estado de mejorar la coordinación de la oferta que llega al territorio. En una segunda derivada está la recuperación de espacios públicos, donde la Subd ere tiene un rol central. Hablamos de plazas, iluminación de espacios públicos. La recuperación nos permite erradicar focos de incivilidades, los microbasurales donde hay consumo problemático de alcohol y drogas y son focos de delincuencia y que al recuperarlos podemos tener áreas verdes, juegos, donde la familia y las comunidades empiezan a recuperar la posesión del espacio público y habitarlo.

-Hay quejas de los barrios más problemáticos de la ausencia del Estado. ¿Hay conciencia de este abandono y de la culpa del Estado?

-Yo creo que es importante situar la conversación. Hay que hacerse algunas preguntas ineludibles. La primera es qué está pasando. Hoy el delito se ha vuelto más violento. No es que haya más delitos, sino que esos son más violentos que antes. Hoy hay armas, hay homicidios que generan más temor en la población. Antes te asaltaban con una cortapluma y hoy es probable que sea con un arma de fuego. La segunda pregunta es cómo estamos llegando a esto y lo primero es señalar que es un fenómeno global y que el Estado chileno no se preparó para enfrentar esta criminalidad distinta que es más violenta. Además, el debate político ha contribuido poco en dar soluciones. Más bien ha sido reactivo a propósito de algunos hechos muy lamentables que por cierto condenamos y que crean polémicas que no necesariamente van en la dirección de la respuesta. Recriminaciones mutuas, el diálogo estéril es responsabilidad en este, en el anterior y en el anterior y en el gobierno que viene. Esa dinámica no funciona y no ha funcionado nunca. Por eso la respuesta de qué vamos a hacer es tener una política de seguridad que logre estructurar un plan que logremos consolidar a nivel nacional que nos permita darle sostenibilidad en el tiempo. Debemos ser consistentes en el mundo del poder en hacer definiciones y mantenerlas vigentes, financiarlas y preparar la capacidad institucional de las policías, del Ministerio Público y de las cárceles. El acuerdo legislativo en materia de seguridad es el camino correcto para que Chile se encauce en un plan de recuperación en materia de seguridad que va a llevar varios años. Es relevante situar las expectativas: esto no pasa automáticamente. La criminalidad aumenta más rápido de lo que disminuye cuando el Estado se logra organizar. Lo que necesitamos ahora es tratar de organizar el Estado. Por eso es importante no solo tener un plan, una estrategia, herramientas y recursos, sino que además dispositivos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno que permitan sostener esto en el tiempo.

-¿Qué falta para que el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública se concrete?

-En eso se ha estado trabajando. Hay que recordar que el debate del Ministerio de Seguridad está asociado al del Ministerio del Interior, porque este último perderá todo lo que tiene que ver con seguridad, por tanto, también hay que repensar Interior.

-¿Cuándo se acaba la figura de los delegados presidenciales?

-El compromiso es presentarlo en mayo. En términos de plazo, porque luego no podemos comprometer el resultado legislativo, porque tiene que ir necesariamente a tramitarse porque esta figura tiene rango constitucional, por lo tanto, requiere quorums especiales.

-El debate del royalty que está en curso, ¿tiene impacto en los fondos que van a regiones? A medida que avanza la discusión cada vez baja más el impuesto.

-Mira, eso es lo que administra muy paciente y hábilmente el ministro Marcel. Lo relevante es que los 450 millones de dólares destinados a los gobiernos regionales y locales no se han puesto en duda. Siguen vigentes. Hay varias propuestas que hizo el ministro en la última comisión de Hacienda, donde se plantea entre otras cosas reducir la tasa máxima para alinearla un poco más con las expectativas de la oposición. Esperamos que eso dé cuenta de la voluntad del Gobierno, porque al final del día la voluntad no puede ser unidireccional, y esperamos que la oposición se abra a tener un acuerdo pronto y que efectivamente podamos avanzar. Quiero decirte que en estos días la presión que hemos recibido de los municipios a propósito de la expectativa, ha sido muy grande, y aquí estamos hablando de alcaldes de oposición y de gobierno. Entonces, este debate no tiene colores políticos.

-Sin recursos no se puede hacer nada. No hubo reforma tributaria, hay un royalty discutiéndose. ¿La gente puede tener esperanza de que se cumplan las transformaciones prometidas en el programa, pese a que los ingresos no sean los esperados?

-El Gobierno no ha dejado de trabajar en sus grandes objetivos. El Presidente no ha renunciado a las transformaciones que se han propuesto. Se ha avanzado mucho en materia de equidad salarial, en las 40 horas, en el fin del copago de Fonasa, en muchas cosas. Lo que pasa es que la agenda pública la toman otros temas como la seguridad, y obviamente temas como el royalty van a permitirnos seguir avanzando en la dirección de lo conversado, por eso es importante generar grandes acuerdos. Si el país no avanza es responsabilidad de todos, no solo del Gobierno, también de quienes no permiten avanzar en el plano legislativo. Estamos en una democracia y un Estado de derecho donde el Ejecutivo propone, pero el Parlamento dispone. Y ahí tenemos que también tener la generosidad, esperamos, de la oposición.

-¿Cómo evalúa la llegada de Álvaro Elizalde al gabinete?

-Es una buena notica para reforzar nuestro equipo en términos políticos. La experiencia que tiene el ministro Elizalde después de haber sido presidente del Senado, y parlamentario por mucho tiempo, es una experiencia que no podemos negar que va a contribuir a darle conducción y fortaleza al trabajo del Comité Político en su conjunto.

-¿Pudo ser alguien de Apruebo Dignidad?

-Yo creo que ese debate es trivial. No lo fue y sin duda que habría sido extraño tener más ministros de Apruebo Dignidad en el Comité Político, considerando que ya hay tres ministras en él. Al contrario, los méritos del ministro Elizalde saltan a la luz, son propios de una persona de reconocida trayectoria y capacidad política. Tiene los méritos suficientes en sí mismo más allá de la distribución de poder que pudiera haber entre las coaliciones de Gobierno. Pero ese no es el punto, el punto es quién era la mejor persona para poder conducir el proceso. Él nos va a ayudar mucho en las tareas que tenemos por delante.

-¿Cómo tomó el dictamen de la Contraloría General de la República objetando la compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio de Santiago? La oposición había criticado que usted apareciera públicamente apoyando esa transacción.

-Te saco de un error: nunca apoyé la compra de esa clínica. Lo único que hice fue observar en un punto de prensa, después de 10 preguntas sobre lo mismo, que había una diferencia entre avalúo fiscal y valor comercial, lo que de hecho lo señala la propia Contraloría en su informe. Nunca me referí a que había un sobreprecio o si estaba justificado o no, porque no es materia de mi incumbencia como subsecretario de Gobierno. Por lo tanto, la Contraloría se pronunció, entiendo que el municipio tomó acciones a propósito de ese pronunciamiento y lo muy valorable de esto es que las instituciones funcionen, que va a haber investigaciones, acciones penales y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y ojalá todo se transparente en aras de la probidad del uso de los recursos públicos.