Por Redacción

Contraloría objetó la compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, a causa, principalmente, de diferencias en la tasación del inmueble por el cual la comuna pretendía pagar más de $8.200 millones. La alcaldesa Irací Hassler (PC) ayer pidió la renuncia a dos funcionarios involucrados, mientras el Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició una investigación.

Hassler acompañada por vecinos, concejales y diputados del PC, entre ellos Karol Cariola, solicitó la salida del municipio al director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, junto a su par de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga Salces, por presuntas responsabilidades políticas y técnicas en la rechazada compra del inmueble.

Chiffelle antes representó al presidente del PC, Guillermo Teilllier, en un juicio en el Tribunal calificador de Elecciones (Tricel), así como otras labores en la Farmacia Popular y la Óptica Popular creadas por la Municipalidad de Recoleta, liderada por el también comunista Daniel Jadue, proyectos cuestionados por presuntas irregularidades y aviso de quiebra.

El abogado también fue administrador en Cerro Navia y asesor en Maipú, última función que también desempeñó en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entre 2010 y 2013. Mayorga, en tanto, es geógrafo y ha sido administrador municipal en Paine, Conchalí, Huechuraba, Buin y Cerro Navia, según El Líbero.

El abogado de Transparencia Internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Alberto Precht, analizó las palabras de Hassler en Mega: "Ojo, que con la solicitud de renuncia les está salvando el cuero a sus amigos. Lo que ella tiene que hacer, si lo que quiere es efectivamente ver las responsabilidades, primero es instruir los sumarios y luego pedir la renuncia. Si renuncian ahora y no están instruidos los sumarios, se van libres. Cuidado que no nos estén pasando 'gato por libre'".

La alcaldesa indicó que "el Consejo Municipal contó con todos los antecedentes para poder tomar una decisión a conciencia", con "una aprobación con diez votos a favor, ningún voto de rechazo, justamente para avanzar en esta adquisición", porque "veíamos una enorme oportunidad en este espacio. (...) Sin embargo, hoy (ayer) he tomada la decisión de no continuar con el proceso de adquisición". Además, "aquí no se ha gastado ningún peso del municipio".

Tasación

El inmueble fue avaluado por tres tasadores en $8.200 millones, cuando el valor fiscal bordeaba los $2.000 millones, información que se conoció en febrero. Ayer, Hassler afirmó que "hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores".

Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda son los profesionales que llegaron en forma paralela a ese valor, aunque "lamentablemente los tres informes tienen los mismos errores", destacó el presidente de la Asociación de Tasadores, Teodosio Cayo, en 24 Horas.

Los documentos "inducen a un error de valor que no tiene ningún sustento", donde "muchos de los antecedentes los proporcionan el comprador y el vendedor, pero eso hay que sopesarlo en su justa medida", dijo Cayo.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió ayer a la suspensión de clases en colegios de Valparaíso debido al funeral de un narcotraficante, a fines de marzo: "Cerrar los establecimientos siempre una prerrogativa de los directores. (...) Yo no tuve todos los antecedentes para ver la perspectiva general", dijo a T13 Radio.

"Tal como lo ha señalado la ministra del Interior (Carolina Tohá), no puede ser el narco el que establezca el calendario escolar", puntualizó Ávila, sino que aquel día fue "una respuesta solamente desde la empatía cuando me preguntan por un caso en particular. A mí nadie me señaló en la pauta de 15 establecimientos, yo no tenía ninguna de esa información".

"Todo esto circuló de manera muy informal a través de los WhatsApp, como cuando uno escucha muchas cosas que pueden caer en las fake news", o noticias falsas, continuó el secretario de Estado, junto con afirmar que "no lo estoy relativizando", aunque "no sé si todo el mundo estaba enterado necesariamente del pormenor, de cuándo iba a ocurrir esto".

La situación llamó la atención debido al ausentismo escolar que dejó la pandemia, tema sobre el cual el propio Ministerio de Educación publicó ayer que la asistencia promedio en marzo fue de 89%, cuatro puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado.

La inasistencia grave, es decir, cuando un estudiante falta a más del 85% de las clases, se redujo en un 13%: en marzo del año pasado eran 1 millón 169 mil quienes presentaban este problema, mientras hoy son 711 mil.

Situaciones de violencia como el narcofuneral inciden en la asistencia, al igual que las amenazas de masacre escolar, como la de marzo del año pasado en Quinta Normal y esta semana en Santiago, ambas enviadas por niños a través de redes sociales como una broma. Frente a esto, Ávila dijo que "las amenazas con bomba han ocurrido siempre, son un poquito parte de la tradición escolar, ha pasado incluso en universidades".

Hace un año casi no había otro tema que la futura constitución. Hoy parece que a nadie le importa demasiado. ¿Qué ha ocurrido? Varias cosas.

La primera es que hoy experimentamos la reacción natural ante la borrachera constitucional que afectó al país. Parecía que ese papel escrito iba a tener propiedades mágicas: mejoraría nuestras pensiones, arreglaría nuestra pésima educación y la crisis hídrica. Todo esto era bastante ridículo. Recuerdo a una convencional que, emocionada, decía: "yo espero que la constitución ponga en un lugar muy importante a los sentimientos, que son un elemento básico en la vida". También nuestras orejas son muy importantes, pero eso no significa que vayamos a dedicarles un par de artículos en la carta fundamental.

Una segunda causa del desinterés es bastante humana. Imagínate que te invitan a la final de un mundial de fútbol, pero justo ese día estás con un feroz dolor de muelas. No podrás gozar de nada. Eso es precisamente lo que le sucede a Chile: entre el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia común nos han puesto en una situación en la que resulta casi imposible pensar en cualquier otra cosa. A eso agrégale la situación económica, la inmigración descontrolada y el drama de la educación ¿Te sorprende que el tema constitucional haya quedado relegado a un lugar muy secundario?

No podemos extrañarnos entonces de que, pasado el éxtasis del momento, hoy no le pidamos mucho al proceso constitucional. Este escepticismo me parece sano, siempre que no nos pasemos al otro extremo y pensemos que las constituciones carecen de toda relevancia.

Las constituciones importan. De partida, una mala constitución puede amargarte la vida, basta pensar en Venezuela, donde ella es un instrumento más para oprimir a las mayorías. Aunque las buenas constituciones siempre son modestas, ellas establecen ciertas reglas del juego que dificultan que alguien haga trampas.

¿Qué debe contener una constitución? Tú mismo llegarás a la respuesta. Imagínate que en unos años más estás en la oposición, cosa muy normal, pero que en el gobierno hay alguien que tiene una honda vocación de tirano y que te odia de todo corazón. En ese momento te importará la constitución. ¿Qué le pedirías? Cosas tan básicas como que garantice la independencia del poder judicial. Cuando un gobierno controla a los jueces estás perdido. Otro tanto hay que decir de las policías y de las Fuerzas Armadas. Ellas deben estar subordinadas al poder civil, pero no pueden transformarse en un instrumento para impedir el legítimo disenso político. En Venezuela, Maduro controla a su gusto a los militares y los policías. Sin ellos no podría haber establecido lo que algunos llaman un "narcoestado".

También la prensa libre es básica. Los regímenes totalitarios siempre buscan amordazarla. Excusas no les faltan. En ese sentido es muy reveladora la rección de los octubristas ante los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. La única explicación posible para esa derrota es que la gente había sido engañada por los medios de comunicación, en especial los diarios. De otra forma no se podría entender, por ejemplo, que precisamente en la Araucanía se haya rechazado un proyecto de constitución indigenista. Por tanto, hay que controlarlos.

Asimismo, debemos pedir que se garantice la autonomía del Banco Central. Cuando yo era chico, los gobiernos determinaban cuánto dinero se emitía. Si hay más dinero y los bienes son los mismos la consecuencia es obvia, y se llama inflación. Es una plaga terrible, que golpea especialmente a los más pobres, que no pueden protegerse comprando propiedades, oro o alguna moneda extranjera. Por eso resulta imprescindible evitar que los políticos tengan el control del dinero que se emite.

Finalmente, es clave asegurar el protagonismo de la sociedad civil y no permitir que sea ahogada por el Estado, como si sólo él -que ni siquiera nos garantiza hoy la seguridad- pudiera encargarse de las iniciativas que promueven el bien común, tanto en el campo de la salud, la educación, el combate a la pobreza o la atención de menores vulnerables.

Podríamos seguir, pero la conclusión es clara: las constituciones importan.

Joaquín García-Huidobro