Por Karlyng Silva Leal

Duras cifras entregadas por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, ilustraron la realidad en materia de protección a niños, niñas y adolescentes que se mantiene vigente en la Región del Biobío con más de 2 mil menores en listas de espera. La información fue entregada en el marco de una sesión especial de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados que buscaba analizar los problemas de la implementación del Servicio Mejor Niñez.

La instancia liderada por la diputada Marlene Pérez (Ind) se concretó en el marco de los cuestionamientos al Servicio de Protección Especializada tras el incendio que afectó a la residencia Castellón en Concepción el 18 de marzo. Por esta situación hoy se mantiene un sumario en curso, un menor formalizado por el delito de incendio y en internación provisoria; mientras que otro de los residentes resultó con graves quemaduras en las vías aéreas.

Al respecto, la presidenta de la Corte de Apelaciones, Carola Rivas indicó sobre el adolescente imputado: "él tiene otros antecedentes, pero lo más importante y doloroso es que ha estado institucionalizado desde los 9 meses. Hoy tiene 17 años, entonces ¿qué protección, garantía, le otorga el Estado a los niños que en 17 años los convierte en un adolescente delincuente? Lo digo de esta manera, porque hoy en día está tan en boga hablar de seguridad y de las medidas para reforzar, ¿qué mejor medida que hacernos cargo de nuestra niñez abandonada, vulnerada para evitar que sean adultos que cometan delitos?".

Espera y oferta

La intervención de Rivas destacó en el transcurso de la sesión, detallando que en los tribunales de la jurisdicción 11.711 medidas de protección han sido decretadas, en las cuales 2.912 niños, niñas y adolescentes se mantienen en lista de espera, lo que en el 70% de los casos implica una espera superior a los 3 meses.

"A mi juicio lo más dramático es que de estos casi 3 mil niños, 880 no han sido ingresados a los Programas de Reparación (PRM). Quiero recordar que los PRM tienen niños gravemente vulnerados en sus derechos, concretamente muchos vulnerados o víctimas de delitos sexuales. En estos programas tenemos hasta 8 meses de atraso en los ingresos y ustedes se preguntarán ¿qué reparación otorga el Estado?", planteó Rivas.

En otra línea, Rivas explicó que las medidas de protección aumentan rápidamente: si en 2021 se registraron 7.500, en 2022 fueron 7.800 y al 31 de marzo de 2023 ya van 10.289, mientras que la oferta ha disminuido; por ejemplo, sobre programas residenciales donde hace 4 años habían 38 residencias en la región y hoy se cuenta con 31, pues 7 recintos han cerrado por graves vulneraciones a los Derechos Humanos de los niños, como prostitución, abuso sexual, violación y maltrato grave; mientras que otras 3 residencias también están en proceso de cierre.

Comisión

La presidenta de la comisión, Marlene Pérez agradeció la presencia de diversos actores e indicó que "creo que la diferencia de lo que hoy estamos impulsando desde la Comisión de Desarrollo Social, en conjunto con todos los diputados que la conforman, es la idea de que transversalmente sinceremos, escuchemos y además, nos comprometamos de forma honesta a trabajar por verdaderamente avanzar en este Servicio Mejor Niñez, que lamentablemente con las cifras que hoy hemos escuchado de parte de la presidenta de la Corte de Apelaciones es lo mismo que el Sename con un nombre distinto".

El presidente de la Asociación Nacional de Protección (ANTRAP), Felipe Ramírez, apuntó a que "acá hay otros actores que tienen una responsabilidad: salud, educación, Senda, los gobiernos locales y el rol de fiscalización que tienen los diputados y diputadas. Si no tenemos esa concomitancia lamentablemente vamos a seguir generando un Servicio Nacional de Protección Especializado que más se parece a Sename que a un servicio que se esperaba con ansias por la ciudadanía de un cambio en las políticas públicas de infancia y adolescencia".

Presente en la instancia, la directora nacional de Mejor Niñez Gabriela Muñoz, reconoció que existen fallas históricas y que se encuentran hoy en un proceso de transición. No obstante, respecto a la información entregada en la comisión indicó que "estoy confiada en que lo que vamos a implementar desde mayo en adelante podrá abarcar lo que decía la presidenta de la Corte".

Sobre esto, detalló que "tenemos una lista de espera heredada (...) logramos hacer un cambio presupuestario el año pasado y abrimos 4.300 plazas a lo largo de Chile, abordamos el 100% de la lista de espera que existía acá de familias de acogida (...) está contemplada esta región con el primer concurso para abordar el 100% de la lista de espera del programa diagnóstico, luego viene el programa ambulatorio y vamos a dar un salto importante en esta región".

2.912 niños, niñas y adolescentes esperan la ejecución de diferentes medidas de protección decretadas por tribunales

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dictó dos nuevas medidas que buscan proteger al humedal Vasco da Gama, ubicado en la comuna de Hualpén, a causa de la intervención con escombros que se ha constatado a través de inspecciones y denuncias tanto ciudadanas como de autoridades.

La superintendenta Marie Claude visitó la Región del Biobío por primera vez de forma oficial, anunciando las dos medidas que incluyen la prohibición de recepción de desechos para su disposición en los predios ubicados en el humedal y su zona circundante, así como la presentación de un proyecto para retirar estos residuos acumulados; ambas deberán ser ejecutadas en un máximo de 15 días hábiles.

"En este caso, la Oficina Regional de la SMA en Biobío ha realizado diversas inspecciones por denuncias ciudadanas y de autoridades, constatando la disposición de escombros de distinto tipo. En las inspecciones se ha constatado la modificación de cauce, de la cobertura vegetal, contaminación del agua y fragmentación del ecosistema, lo que disminuye los servicios ecosistémicos que el mismo humedal ofrece a las especies que habitan en él y su entorno", detalló Claude.

Además, la medida se dicta específicamente en contra de Heraldo Parra Pincheira, quien desde 2009 a la fecha deposita en la zona residuos, principalmente material de construcción, sin contar con la necesaria evaluación ambiental que lo requiere. Desde el SMA indican que se trata de un proyecto ilegal que la familia ha desarrollado por años, tomándose también terrenos que pertenecen a distintas empresas del sector, lo que también se encuentra en un proceso judicial.

También en el marco de la visita al humedal, el seremi de Medio Ambiente del Biobío, Oscar Reicher, indicó que la cartera ha recopilado antecedentes sobre la intervención de la zona, esto con informes aportados tanto por el municipio de Hualpén, la Seremi de Salud y la SMA.

Reicher aseguró que estos antecedentes serán presentados "al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que hay un evidente daño ambiental, un detrimento significativo al humedal, para que se tomen los antecedentes en cuenta para una eventual reparación".

La medida se dictó contra una persona en particular que desde 2009 deposita desechos de construcción en el humedal

Mientras Jorge Escobar Escobar, único imputado por la muerte del niño Tomás Bravo -que desapareció y fue encontrado fallecido en Arauco-, continúa a la espera de la audiencia que pondrá fin a investigación en su contra por homicidio; la Fiscalía solicitó una nueva audiencia para formalizarlo por el delito de abandono de menor.

Cabe recordar que el plazo legal de la investigación en contra de Escobar finalizó hace más de un mes y, pese a ello, la Fiscalía no ha decretado el cierre de la indagatoria y tampoco ha pedido acusar al imputado, por el contrario solicitó reformalizarlo por el delito de abandono.

En este contexto, la Corte Suprema falló en favor de Escobar respecto a los plazos transcurridos, ordenando que la Fiscalía ponga fin a la indagatoria lo más pronto posible.

Esta situación sería resuelta el miércoles 12 de abril recién pasado, sin embargo la audiencia de cierre se reprogramó para el 5 de mayo. Así también el miércoles la Fiscalía notificó a la defensa de Escobar que separaron la investigación en contra del imputado permitiendo diversas acciones.

Entre ellas, se encuentra la solicitud de formalizar nuevamente a Escobar, esta vez por el delito de abandono de menor. Desde la Defensoría Penal Pública analizan acciones legales en primera instancia por la separación de la investigación por considerarlo improcedente.