Por Felipe Cuevas Mora

Desde que el pasado jueves el Presidente Gabriel Boric anunciara la implementación del plan "Calles Sin Violencia" en 30 comunas del país, con el objetivo de aumentar el despliegue policial ante los últimos hechos de violencia ocurridos, existió la incertidumbre respecto a qué comunas serían incorporadas y si el plan sumaría a ciudades de regiones.

Incertidumbre que, en parte, fue disipada este martes cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó a distintas asociaciones de municipalidades en La Moneda las primeras diez comunas que se incorporarán al plan, entre ellas Concepción y Los Ángeles, sin descartar que se sumen otras comunas de la Región.

La delegada presidencial Daniela Dresdner apuntó a que "este plan refuerza el trabajo que han realizado las policías y se refuerza con el trabajo de Fiscalía, con unidades focalizadas para apuntar a los crímenes que se han levantado. El análisis de las comunas está asociado al nivel y los tipos de crímenes violentos, la presencia de armas, drogas y las dificultades de avanzar en los procesos penales".

Además, dijo que el detalle de las medidas no se informará "por razones de seguridad", pero se aplicarán despliegues policiales -que partieron ayer- y la adquisición de nuevo equipamiento.

"Hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior todos los datos sobre delitos para que se decida si otras comunas se sumarán", añadió sobre la posibilidad de sumar nuevas comunas de la Región al plan.

Medida necesaria

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, agradeció que la capital regional fuese considerada e indicó que "desde hace varios meses hemos planteado que es urgente actuar unidos y con decisión para tomar decisiones en materias de seguridad" e indicó que "como capital regional, concentramos la mayor cantidad de servicios, por ende, de mayor flujo de personas y día a día trabajamos para que las y los habitantes de nuestra ciudad y quienes nos visitan estén seguros y tranquilos. En el actual escenario donde han aumentado los delitos violentos es necesario entonces actuar en consecuencia y esperamos que este plan se refleje en mejor y mayor equipamiento, así como también de recursos humanos para que se concrete el copamiento que tanto hemos solicitado para enfrentar el comercio ilegal".

Su par de Los Ángeles, Esteban Krause, en tanto, puso el énfasis en que "es una oportunidad de fortalecer lo que hemos realizado hasta ahora, y con responsabilidad porque una cantidad importante de las comunas del país, la mayoría, van a quedar fuera del plan. Nosotros podremos dar los lineamientos para el futuro a las demás comunas".

"El Gobierno se está jugando mucho, es una oportunidad para revertir la sensación de inseguridad y la mirada de la ciudadanía de la inacción del Gobierno. Todas las señales apuntan a lo contrario, fortalecer la acción policial con más atribuciones, más trabajo de investigación y obvio que nacen dudas respecto a qué trae el plan. Quizás hoy es la oportunidad de comenzar la construcción de la comisaría de Carabineros en Paillihue, por ejemplo, ya que no podemos tener solo una comisaría con el volumen de población que tenemos", añadió junto con hacer un llamado a dotar de más recursos a las policías y los propios municipios.

Sumar más comunas

Los legisladores de la zona valoraron la inclusión de dos comunas de la Región entre las primeras diez anunciadas por el Ejecutivo, pero también solicitaron incluir a nuevas comunas a raíz de la crisis de violencia. La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) dijo que "valoro que se incluya a Concepción, pero qué ocurre con las demás comunas que sufren a diario las consecuencias del crimen organizado y el narcotráfico".

"Es imprescindible que el Gobierno entienda que la crisis de seguridad nos golpea a todos, existe una alta tasa de criminalidad en todo el Biobío que no se puede desconocer", añadió.

Su par Eric Aedo (DC) manifestó que "era una necesidad incluir a Concepción en el plan, ya que la violencia está desatada, con la gente haciendo la justicia con sus manos y asesinatos de Carabineros en las calles. Agradezco al Gobierno que considerada la solicitud que realicé de incluirla, ya que ayudará a bajar los niveles de inseguridad y espero que se extienda a otras comunas de la Región que también sufren con la inseguridad y violencia".

El Juzgado de Garantía de Concepción revocó el beneficio de la libertad vigilada intensiva para Luis Alberto Lugo Machado y ordenó el cumplimiento efectivo de la condena de tres años y un día de presidio. Esto, por el delito consumado de porte o tenencia de arma de fuego prohibida, ocurrido en junio del 2021, en Penco.

Lugo Machado fue uno de los dos detenidos el pasado lunes por el OS9 de Carabineros al ser considerado como sospechoso del asesinato del ahora suboficial mayor Daniel Palma. Este hecho ocurrió el pasado miércoles 5 de abril en el centro de Santiago.

En la audiencia de revisión de cumplimiento del plan de intervención, la magistrada Claudia Castillo ordenó el ingreso de Lugo Machado al recinto penal que determine Gendarmería, por considerar que el condenado incumplió todos los objetivos propuestos en el plan de intervención aprobado el 8 de junio de 2022.

La magistrada señaló que "para la reinserción, el Estado entrega las herramientas, pero el Estado no puede obligar forzadamente a cumplir una pena al condenado, debe existir una predisposición del condenado a cumplir y a tomar las herramientas y las oportunidades de que el Estado le da para reinsertarse, por eso es importante saber cuál es la intensión del sujeto".

La jueza precisó que "ninguno de los objetivos del plan se logra cumplir en el caso del señor Lugo, por lo tanto, puedo llegar a la conclusión de que esto es grave".

La magistrada Castillo agregó que "sabemos que aún cuando no está formalizado por delito alguno, desde el momento en que se ingrese investigación contra una persona, tiene calidad de imputado. Esto valió incluso que un tribunal despachara una orden de detención verbal en su contra por eventualmente haber intervenido en la comisión de un hecho delictivo y eso también es relevante, porque no solo el señor Lugo -teniendo causa pendiente en la ciudad de Concepción no cumple ninguno de los objetivos del plan- sino que durante el periodo de cumplimiento se ve involucrado, en calidad de imputado, en un nuevo hecho ilícito que reviste caracteres de gravedad y esto ocurre durante el periodo de cumplimiento de esta pena de libertad vigilada intensiva".

Este martes sesionó por segunda vez la comisión investigadora de incendios forestales de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, se citó al director nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, quien detalló parte del trabajo y los recursos con los que se contó durante esta temporada.

El presidente de la instancia, el diputado por el distrito 20, Sergio Bobadilla (UDI), señaló que durante la instancia "hemos tomado un importante acuerdo que es, no solo sesionar un día a la semana, sino que lo vamos a hacer dos veces a la semana, por la gran cantidad de invitados que esperamos convocar hasta esta instancia para que entreguen antecedentes respecto de las consecuencias, como también de las tareas preventivas para evitar los incendios".

Sobre la exposición de Little, Bobadilla dijo que "ha dado respuesta a algunas de muchas interrogantes que se le han formulado. Una que quedó pendiente para la próxima semana es que él manifestó que se aumentó considerablemente el presupuesto para esta institución, pero la pregunta sencilla entonces es qué falló".