Alcaldes piden ampliar plan de intervención contra delitos violentos a más comunas
Los jefes comunales valoran el adelanto de la iniciativa, aunque algunos critican el retraso. Insisten en la necesidad de otorgar mayores recursos a los gobierno locales para fortalecer la prevención mediante camionetas, motos y más funcionarios de seguridad pública.
La muerte del cabo primero Daniel Palma, carabinero asesinado de un balazo en su cabeza mientras realizaba un control policial, en la comuna Santiago, llevó al Gobierno a anunciar un adelanto en la intervención de 30 comunas del país con mayor cantidad de delitos violentos e índices de criminalidad. La acción se confirmó en el marco del tercer homicidio que enluta a la institución uniformada en menos de un mes, uno de ellos Álex Salazar, quien falleció días después de ser atropellado cuando cumplía labores de fiscalización en el barrio Estación de Concepción.
La idea es que la iniciativa -que concentra un tercio de la población nacional, en donde se experimenta el 50% de los delitos más violentos- inicie en abril a través de un plan piloto en Santiago y luego, en mayo, se replique en las demás ciudades, con la posibilidad de sumar otras. Parte de las medidas buscan reforzar la persecución penal y el trabajo con Fiscalía, incrementar patrullajes y la fiscalización en el tráfico de armas, realizar operativos masivos, destinar más recursos a Carabineros, entre otras.
Si bien el nombre de las comunas se mantiene en reserva para facilitar la implementación del plan, los líderes de las principales urbes del Gran Concepción igualmente salieron al paso. Indican que sí o sí es vital que esta intervención integre más zonas y que se otorguen recursos directos a los municipios para aportar en las tareas de prevención.
Más ciudades y recursos
Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante y presidente de la comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, advierte que las 30 comunas que contempla el plan es un número bajo que no alcanza a completar, siquiera, el 10% de las comunas que hay en todo el país. Por lo mismo, llama a sumar, al menos, al 50% de las ciudades, de tal forma de alcanzar una intervención mayor que impida un eventual desplazamiento de los delitos y la criminalidad una vez que las bandas se sientan "arrinconadas".
"Es urgente también que los municipios tengan más recursos para poder tener más camionetas y motos con balizas, que permitan acompañar más prolongadamente a los vecinos. A eso hay que sumar una ley que posibilite contratar a más funcionarios en materia de seguridad", sostiene Rivas.
Este último punto es respaldado por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien valoró que se adelante dicha intervención. "A las medidas que sean implementadas, es necesario sumar una fuerte inyección de recursos para otorgar herramientas tácticas y operativas que permitan mejorar el trabajo de las instituciones persecutoras del delito e incrementar significativamente la fiscalización en torno al porte y uso de armas, aspecto que venimos planteando con fuerza desde el año pasado", señala.
En materia de prevención, sostiene que es vital entregar más recursos a los municipios para fortalecer esta área y potenciar la labor de los focos investigativos.
Irresponsabilidad e ideologización
Henry Campos, jefe comunal de Talcahuano, es tajante respecto a la medida anunciada. Cree que si el Gobierno está adelantando el plan es porque tenía las herramientas y el conocimiento de las ciudades más complicadas, lo que a su juicio habla de una "irresponsabilidad". Pese a todo, quiere que el plan funcione, "o estaremos viviendo una situación muy compleja como país en los próximos meses. Espero que tomen en cuenta a las regiones".
En el caso particular de Talcahuano, cuenta que el año pasado contabilizaron nueve homicidios, el 90% ligados a crimen organizado y ajuste de cuentas. "Esperamos que se intervenga la comuna de Talcahuano, porque tenemos focos investigativos liderados por la PDI y Fiscalía que hablan sobre tráfico de armas y uso de armas de alto calibre", recalca, a la vez que insiste en mejorar los mecanismos de prevención a través del trabajo territorial y psicosocial de los municipios, o readecuar los espacios públicos.
Por último, desde Coronel el alcalde Boris Chamorro hace un llamado al Estado en su conjunto para asegurar "el orden y patria". "Eso no es sólo para el Gobierno, sino que también para el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos, para que de manera conjunta nos dediquemos a trabajar desde lo más profundo del alma de Chile y así devolver la seguridad que anhelamos", puntualiza.
Agrega que lo que se requiere es dejar las ideologías políticas a un lado y ponerse a trabajar de forma seria, de tal manera de devolver a Carabineros sus atribuciones y permitir el resguardo de la ciudadanía.