Por Redacción

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y figura política mejor evaluada según la encuesta Cadem, fue la encargada de cerrar el consejo general de la UDI realizado entre el viernes y ayer y que estuvo marcado por la crisis de seguridad y la ola de crímenes y delincuencia que azota al país.

Tras el entrevero que tuvo durante la semana con tres ministros de Gobierno y el Presidente Gabriel Boric al defender la labor de Carabineros con polémicos argumentos, ayer Matthei dedicó palabras contra "estas posturas extremas pueden ser populares, pueden crecer mucho, pero no gobernar. Miren hoy el desconcierto y la rabia de los sectores mas extremos de Apruebo Dignidad que llegaron inflamados al poder y que ven que hoy que su propio gobierno no está refundando, sino apoyando a Carabineros. Miren la molestia de aquellos que ven que en los ministerios más importantes no están los de sus filas, sino aquellos que despreciaron", dijo, según Ex-Ante.

Luego se preguntó "¿qué relato va a tener la extrema izquierda después de este gobierno?, ¿qué van a poder decir?, ¿están en contra de Carabineros o a favor? Están en contra de los 30 años o buscan su ayuda y experiencia? Se van a ir hechos pebre de este gobierno y eso pasa con los extremos".

Matthei también señaló que "podrán quizás llegar al poder, pero les va a ir muy mal, porque finalmente las posturas extremas pueden hacerte crecer, pero no son aplicables en un gobierno y eso provoca rabia y frustración en aquellos que se la jugaron por esos extremos".

Jaime guzmán

Durante el consejo general, se discutió la estrategia del partido de cara al 2026, donde se perfilan tres gremialistas, incluida Matthei, entre las figuras mejor evaluadas.

En la mañana, la directiva de la UDI, encabezada por el senador Javier Macaya, y figuras históricas del gremialismo, realizaron una romería al Cementerio General en recuerdo del senador Jaime Guzmán.

"La izquierda extrema lo asesinó para callarlo. A 32 años de su muerte, la voz de Jaime Guzmán, por la libertad para Chile y la dignidad de la persona humana, está más viva que nunca", reflexionó Macaya.

Una dura reacción desde la oposición generó la citación a declarar en calidad de imputados al expresidente Sebastián Piñera, sus exministros del Interior Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, y sus exsubsecretarios del Interior Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. La acusación contra ellos, levantada por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, alude a eventuales delitos de lesa humanidad cometidos por efectivos policiales o militares durante el estallido social de 2019

Ayer Víctor Pérez, también exjefe de gabinete de Piñera y correligionario de Chadwick en la UDI, pidió directamente que el fiscal nacional, Ángel Valencia, tome medidas contra la persecutora en este caso.

Durante la romería por un nuevo aniversario del asesinato del senador Jaime Guzmán, Pérez afirmó que el actuar de Chong es "una maniobra política más para tratar de sacar réditos políticos, al igual como tiene hace más de dos años al cabo Zamora imputado y perseguido, cuando está absolutamente claro y decretado que no cometió ninguna infracción. Yo creo que se enmarca en eso".

"La falta de objetividad de la fiscal Chong, yo creo que debe obligar al fiscal nacional a tomar medidas al respecto", solicitó.

Desde el oficialismo la diputada Emilia Schneider (CS) dijo que "me llama mucho la atención lo escandalizada que está la derecha con que las instituciones funciones. Dicen por ahí que el que nada hace, nada teme".

Schneider advirtió que "el exministro Pérez debería tener más cuidado con sus declaraciones, porque si sus intereses políticos se cuelan en el correcto funcionamiento de las instituciones, sí podríamos hablar de intervencionismo, pero confío plenamente en que la Fiscalía Nacional actuará apegada a la norma, permitiendo un debido proceso".

Su par Lorena Pizarro (PC) afirmó que los interrogatorios demuestran que nadie está sobre la ley y llamó a respetar el trabajo de la Justicia: "Será esa instancia quien lo haga y no pedir intervenciones del fiscal nacional. Eso es intervenir, eso es dañar uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial. Es impresentable y, a mi juicio, con mucha tardanza se está avanzando hacia ese camino, pero me parece importante que se haga".

Las autoridades de Transportes celebraron ayer la promulgación de la nueva Ley CATI, que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito y que permitirá implementar una red de cámaras para fiscalizar el exceso de velocidad de los vehículos y otras infracciones a la norma del tránsito.

La red de cámaras comenzará con 38 dispositivos que permitirán automatizar la fiscalización y la aplicación de multas mediante sistemas tecnológicos, algo que hasta ahora sólo podía practicar Carabineros o fiscalizadores del ministerio de Transportes.

Según la cartera, al año los fallecidos en siniestros de tránsito alcanzan 1.600 personas en la última década, y el ministro Juan Carlos Muñoz cree que con "este control automatizado de las infracciones del tránsito que vamos a poder reducir, creemos, cerca de un 30% de esos fallecimientos", lo que equivale a unas 600 personas al año, afirmó.

"Esta ley que nos permite controlar infracciones a la ley del tránsito sin la necesidad que exista un carabinero presente", explicó Muñoz.

Sobre las multas, agregó el ministro, "nosotros no cambiamos las sanciones, pero sí abrimos un espacio para detectar la infracción, y es muy importante explicar que en los lugares donde tendremos estas cámaras, deberán estar debidamente informadas al conductor. Esto no es un cazabobos".

Tras su promulgación y publicación en el Diario Oficial, en los próximos días, hay plazo de seis meses para redactar un reglamento antes de comenzar la marcha blanca.

El jueves recién pasado la Comisión Experta presentó las propuestas de capítulos del anteproyecto de nueva constitución. El primero de ellos, sobre los fundamentos del orden constitucional, contiene normas muy relevantes para la protección de los derechos.

Probablemente el principio más discutido de dicho capítulo era el que reconocía a Chile como un estado social y democrático de derecho. Si bien las bases constitucionales ya lo establecían, no parecía haber consenso sobre cuál era su alcance. Al leer el capítulo I en su conjunto queda claro ahora que no se entiende que el Estado tenga primacía, sino que éste "deberá servir a las personas y a la sociedad" (artículo 2) reconociendo además que "las agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos" (artículo 4). Por otro lado, el desarrollo progresivo de los derechos sociales se hará "con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas" (artículo 3).

Para la concretización del estado social es fundamental analizarlo en conjunto con el capítulo II relativo a derechos. En varias de sus normas, como libertad de enseñanza o el derecho a la protección de la salud, se reconoce que el Estado no tiene un monopolio de las prestaciones. Sin embargo, queda abierta la pregunta de si los derechos sociales se podrán exigir directamente ante tribunales. Por ahora no se llegó a acuerdo respecto de ninguna acción equivalente a la acción de protección, ni siquiera para los derechos civiles y políticos, lo que probablemente sea objeto de enmiendas en las semanas que siguen.

En el primer capítulo también se consagra que "la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales". Se agrega que "las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona" (artículo 6). Esto se relaciona con el rango de los tratados internacionales y su incorporación en el derecho interno. En el capítulo sobre el Congreso se exige que los tratados internacionales sobre derechos humanos sean aprobados con el quórum correspondientes a las reformas constitucionales, el que se propone que sea de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Por lo tanto, se estaría dando un rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Ello concuerda con las atribuciones de la Corte Constitucional, la que estaría autorizada a conocer cuestiones de constitucionalidad que se produzcan en el proceso de aprobación de los tratados aprobados por el Congreso, pero solo respecto de vicios de procedimiento.

La discusión sobre el rango de las normas adquiere relevancia en caso de eventuales conflictos entre la norma nacional y la de un tratado. El principio enunciado en el capítulo I no opta por priorizar siempre la norma internacional por la nacional, sino más bien buscar una interpretación armónica entre las dos, prefiriendo la que proteja de forma más amplia a la persona. Es importante resaltar que la norma internacional debería interpretarse de acuerdo con el texto del tratado internacional y no necesariamente en base a las interpretaciones de los organismos internacionales, a las cuales no se les reconoce un carácter vinculante.

En las siguientes semanas los comisionados podrán presentar indicaciones a los artículos presentados, para enmendarlos o complementarlos. Sin embargo, el hecho de que estas primeras propuestas hayan sido firmadas por expertos de distintas tendencias políticas hace pensar que los principios enumerados comenzarán a impregnar desde ya el resto del texto constitucional.

Soledad Bertelsen

Investigadora

Polis. Universidad de los Andes