Por Agencias

El abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Joe Tacopina, aseguró ayer que su cliente no será esposado cuando este lunes viaje a Nueva York para que en el tribunal le lean las acusaciones presentadas contra él la Fiscalía de Manhattan y hasta el cierre de esta edición aún no habían sido hechas públicas.

"El presidente no será esposado", dijo Tacopina en Good Morning America, de ABC.

El abogado del expresidente apuntó que espera que el día que Trump tenga que comparecer, primero ante la Fiscalía y posteriormente ante el juez Juan Manuel Marchán, las fuerzas de seguridad cierren las calles en los alrededores de los juzgados, en el bajo Manhattan y que también cierren los juzgados.

Trump fue acusado por un gran jurado en un caso relacionado con el pago para comprar con dinero de la campaña electoral de las presidenciales de 2016 el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, que aseguró que mantuvo una relación sexual con el exmandatario en 2006.

El abogado mostró su deseo de que no aparezca esposado, a pesar de que sus enemigos "desean que sea paseado" por los agentes de seguridad: "No van a permitir que esto se convierta en un circo", sentenció.

A su vez, recalcó que Trump se declarará no culpable y que presentará mociones "de manera muy agresiva contra la viabilidad legal de este caso".

El abogado, que insistió en que este caso "no tiene precedentes" en la historia del país, apuntó que apenas recibió la noticia, Trump se mostró "en un primer momento conmocionado", porque "en definitiva, realmente deseábamos que prevalecería el imperio de la ley".

Según Tacopina, los pagos de Trump a Daniels fueron realizados con su propio dinero y no con fondos de la campaña.

Antes, otra abogada del equipo del exmandatario, Suzan R. Nechels, había adelantado que se presentará el próximo martes en la tarde y algunos de sus seguidores, como la congresista Marjorie Taylor Green, anunciaron su presencia en Nueva York para apoyarlo.

Críticas de trump

Donald Trump también criticó al juez encargado de su caso, asegurando que lo "odia" y que el magistrado en realidad fue elegido por los fiscales.

En un post en su red Truth Social, Trump volvió a insistir en que es víctima de una caza de brujas, que se ha vuelto a poner de manifiesto en la elección del juez Marchan, que será quien primero vea su caso y le lea los cargos en su próxima comparecencia.

"El juez 'asignado a mi caso de caza de brujas (...) ME ODIA", escribió con mayúsculas, y volvió a recordar que nunca antes se ha imputado a un expresidente del país.

Reacciones

Ivanka Trump, la hija favorita del expresidente, dijo ayer a través de Instagram: "Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy, estoy dolida por los dos".

Asimismo, uno de los principales dirigentes republicanos cerrarón filas en torno a Trump.

El "presidenciable" Mike Pence, que fue su vicepresidente, dijo ayer que la imputación es un "ultraje" y una "persecución política" por parte del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien pertenece al Partido Demócrata.

Finalmente, el presidente Joe Biden, se negó ayer a comentar la imputación contra Trump, quien lo acusó de una "persecución política" en su contra y dijo que todo se volverá contra él "masivamente": "No tengo comentarios sobre Trump".

Los seguidores de Trump, hasta ayer, no se habían manifestado en Nueva York.

Stephanie Clifford, nacida en Baton Rouge, Luisana, en marzo de 1979, era una actriz porno conocida como Stormy Daniels y fue la pieza clave para que la Fiscalía de Nueva York imputara a Donald Trump por pagarle para comprar su silencio. Tras conocerse que Trump fue imputado, escribió un mensaje en Twitter que ha sido comentado por casi diez mil usuarios, retuiteado ocho mil veces y visto por 3,8 millones de personas en el que revelaba que estaba recibiendo numerosos pedidos de mercadeo y autógrafos, pero sobre todo agradecía el "apoyo y el amor" de sus seguidores y aseguraba que estaba recibiendo tantos mensajes que no podía responder a todos.

El "caso Stormy Daniels", el primero que va a obligar al presidente Donald Trump a testificar ante un tribunal tras su imputación por un gran jurado el jueves, tiene su origen en 2006.

Ese año, Trump, que estaba casado con Melania Knauss desde hacía un año, pero aún lejos de la política, conoció a Stormy Daniels durante un torneo de golf en Lake Tahoe.

Daniels, que en realidad se llama Stephanie Clifford, era una estrella del cine porno a quien Trump prometió llevar como invitada a su programa de telerrealidad "The Apprentice". Tuvieron al menos una relación sexual (que Trump niega) y la invitación al programa nunca se produjo.

Durante los últimos días de la campaña de las presidenciales, Daniels trató de "vender" su historia sobre la relación sexual con el candidato republicano a quien quisiera publicarla, y ahí intervino un amigo de Trump, David Pecker, propietario de The National Enquirer, que le compró la historia para esconderla y nunca publicarla, una práctica conocida como "catch and kill" (agarra y mata).

Pecker acordó con el asesor y abogado personal de Trump, Michael Cohen, un pago de 130 mil dólares a Daniels, monto que salió primero del bolsillo de Cohen y que habría sido reembolsado por la Casa Blanca con posterioridad.

En 2018, Cohen, tras romper con Trump, se declaró culpable de una serie de cargos incluyendo financiamiento electoral ilegal, y dijo que esos 130 mil fueron camuflados como una donación política, algo que aceptó hacer por orden directa de su jefe.

En 2019, la Fiscalía e Manhattan comenzó una investigación sobre ese pago.

Ecuador inició el jueves el camino hacia la celebración del juicio político de censura planteado por la oposición contra el presidente del país, Guillermo Lasso, que reivindicó su inocencia frente a la acusación de peculado (malversación de fondos públicos).

Después de que la Corte Constitucional diese el miércoles luz verde a la realización del juicio político por el delito de peculado y dejar fuera el de concusión, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, recibió la notificación del fallo y puso en marcha el cronograma.

Ahora, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, controlada por la oposición, que encabeza el correísmo, tiene tres días para conocer el dictamen de la Corte y pasarlo a la Comisión de Fiscalización, que notificará al presidente y a los interpelantes para que, en 10 días, presenten las pruebas.

Los tiempos

La Comisión tendrá otros 10 días para procesar las pruebas, explicó a Efe una fuente de la Asamblea al anotar que concluido ese plazo, la Comisión elabora un informe motivado en 10 días adicionales, en el que recomienda continuar, o no, con el juicio.

Tras ello, el presidente del Parlamento, en el plazo máximo de tres días dispondrá la difusión del informe, y tras 48 horas de esa difusión, el presidente tendrá cinco días para convocar la sesión en la que se celebrará el juicio político.

Para censurar al jefe de Estado se necesitan 92 votos, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara, compuesta por 137 asambleístas.

Desde las fuerzas de oposición se anticipa que cuentan con los votos suficientes para censurar a Lasso, mientras que el oficialismo, en clara minoría en el hemiciclo, asegura que no tendrán tan fácil alcanzar esa cifra.

La oposición ya lo intentó el año pasado cuando en junio, en mitad de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, planteó una moción de destitución contra Lasso que el mandatario logró salvar por pocos votos.

Esta vez el presidente ecuatoriano afronta el nuevo envite en una posición más delicada, luego del serio revés sufrido en la cita electoral del 5 de febrero, cuando perdió el referéndum que había convocado para hacer reformas a la Constitución y, a la vez, el correísmo resultó el gran triunfador de las elecciones locales.

"huele muy mal"

En un mensaje a la nación donde apareció junto a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y delante de un nutrido grupo de ciudadanos con la bandera de Ecuador de fondo, Lasso se declaró este jueves inocente y aseguró que este juicio político "huele muy mal".

El mandatario acusó a la oposición de inventarse pruebas para "tomar por asalto el poder y debilitar y destruir la democracia".