Por Francisca Pacheco Pérez

Un mayor interés en la política, mayor acceso a la educación universitaria, pero también un aumento de la violencia física, psicológica y síntomas de ansiedad son parte de los datos revelados a nivel regional en la décima Encuesta Nacional de las Juventudes, análisis que se realiza cada tres años y que mide 13 parámetros de la vida de los jóvenes, como educación, participación social y política, salud, y trabajo.

Este instrumento permite "conocer en profundidad las distintas dimensiones de las juventudes, entregándonos información valiosa para el diseño y aplicación de políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes", sostuvo el director de Injuv Biobío, Francisco Donoso.

Según precisó el seremi de Desarrollo Social, Hedson Díaz, parte importante de los desafíos a raíz de estos resultados se dan en materia de salud, tanto mental como reproductiva. El sondeo tuvo su trabajo de campo entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, y los criterios a evaluar son determinados por una comisión que compone el Injuv, en relación con los distintos trabajos territoriales realizados en las materias.

Los resultados fueron presentados por el seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz, junto al director regional del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Francisco Donoso, y otros miembros del organismo en la Universidad de Las Américas en el marco de un conversatorio enfocado en la perspectiva de juventudes.

Estadísticas regionales

El estudio abarcó diversas dimensiones, como la laboral-vocacional, cívico-social y físico-mental, y entre los aspectos destacados se contempla la educación, trabajo, violencia, salud mental y reproductiva, y adhesión a causas sociales.

Sobre este último, durante los últimos años se incrementó el interés en la política, con un 30%, porcentaje que hace casi una década era de un 17%. También, se constató que un 61% participaría en organizaciones o grupos que defiendan alguna causa social, cifra que en 2018 alcanzó sólo un 19%.

"Ahí hay un dato super relevante, porque rompe todos los paradigmas. Hoy se organizan más y son mucho más conscientes de la realidad social en la que participan" detalló Hedson Díaz, y añadió que el mayor acceso a la información es uno de los factores que determinan aquello.

En tanto, en materia de educación, 2 de cada 5 jóvenes estudia en la universidad o accede a educación completa, representando un 44%, el número más alto del país.

Adicionalmente, un 60% se siente más preparado para afrontar el mundo laboral, aunque la esperanza de trabajar en lo que se estudió alcanzó apenas un 29%, la segunda cifra más baja en Chile.

No obstante, la Región representa el porcentaje más bajo de jóvenes que no estudian ni trabajan, con un 6%. En esa línea, un 53% está empleado como asalariado, y un 16% es jefe del hogar. Esto "determina que los jóvenes se están independizando mucho más temprano", precisó el seremi de Desarrollo Social, pues el 2018 alcanzaba el 13%.

Por su parte, sobre salud sexual y reproductiva, se registró un alza de 13% en la realización del test de VIH desde el 2018, con un 40%. Pese a ello, menos de la mitad (47%) reconoce las vías correctas de contagio. Asimismo, la vivencia de embarazo no planificado se mantuvo estable con un 21%, y un 53% de las mujeres indicaron que estarían dispuestas a realizarse un aborto.

Proyecciones

El seremi de Desarrollo Social puntualizó en que gran parte de los desafíos se encuentran en materia de salud, tanto mental como reproductiva. El estudio muestra que los niveles de violencia física y psicológica alcanzaron un 40% y 45% respectivamente, siendo el principal foco de conflicto el ambiente familiar (34%), seguido del espacio de estudios (32%).

Además, el 31% posee sintomatología ansiosa o depresiva moderada severa, siendo el porcentaje más alto del país, en contraste con un 13% a nivel nacional. Los desafíos apuntan a generar factores de protección y desarrollar dispositivos que permitan disponer de más espacios para enfrentar el problema.

"Estamos profundizando una política pública que se llama 'Hablemos de Todo', una serie de conversatorios que se dan en espacios de jóvenes para trabajar la salud mental" señaló el seremi. También, se dispondrá de un chat que permita acceder fácil y rápidamente a atención psicológica personalizada. "Esto nos va a permitir generar otros espacios de diálogos mucho más directos" añadió.

Se llevó a cabo el primer operativo de vacunación contra la influenza y el covid-19 para personas en situación de calle. La campaña se realizó en las inmediaciones de la Corporación Catim, quien ejecuta programas del Ministerio de Desarrollo Social y se dispusieron 96 dosis de vacunas.

El seremi de Desarrollo Social, Hedson Díaz, señaló que "hemos logrado vacunar a personas en situación de calle con la vacuna bivalente y la de influenza, eso responde a una coordinación realizada entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Servicio de Salud Concepción y la DAS Concepción. Esta iniciativa se suma a los 13 dispositivos en concurso y ocho dispositivos como oferta permanente en el Plan Protege, que desde ahora no solo se ejecutará durante el invierno, sino que se prorroga por los 365 días del año".

El director de APS del Servicio de Salud Concepción, Claudio Morales, aseveró en la misma línea que "estamos comprometidos en acompañar estas acciones que hace el Ministerio, en la protección de las personas en situación de calle, una protección doble de vacunación, además, estamos muy contentos de venir a este dispositivo porque cambia la perspectiva del acompañamiento que hace el Estado a las personas en situación de calle, donde el estándar es mucho más alto y las condiciones son mucho más dignas".

José Romero fue uno de los beneficiarios que accedió a ambas vacunas, dijo que "gracias a quienes hacen posible esto, porque a un ole cuesta mucho ir a un hospital, pero aquí gracias a Dios tenemos la posibilidad de vacunarnos. Me sentiré más protegido para el invierno".

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que había presentado la defensa de la médico Paulina Carrasco, condenada por el megafraude a Fonasa. Esto significa que deberá enfrentar los 11 años de presidio que le dio como sentencia.

La fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional, señaló que con la decisión de la Corte Suprema "esto trae aparejado como consecuencia que la condena a 11 años de presidio, más las multas y comisos queda afirme. Por lo cual se confirmó todos los razonamientos respecto a la condenada que se presentaron en el Tribunal de Juicio Oral".

La médico fue condenada por los delitos de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales y lavado de activos, por actos cometidos entre diciembre de 2019 y julio de 2020, donde se defraudó a Fonasa por un monto cercano a los $6 mil millones.

La fiscal Aguayo indicó que la defensa, respecto del delito de fraude a las subvenciones, argumentó que "la existencia de un solo delito continuado, no la figura reiterativa, lo cual repercutía en una baja en la condena, cuestión que no se acogió".

Agregó que también se solicitó por parte de la defensa de la médico que "que se absolviera del delito de lavado de activos (...) la Excelentísima Corte Suprema decide condenarla por todas las figuras por las cuales fue acusada por la Fiscalía".

La persecutora reconoció que fue una investigación compleja, pero destacó que "las instituciones sí funcionaron", que existía una denuncia temprana que permitió investigar y "se recuperaron fondos fiscales, más del 80% tanto en dinero como en especies, lo cual pudo ser devuelto a la víctima, que este caso fue Fonasa".