Nicolás Álvarez Arrau

Mejor Niñez comenzó a operar a partir de octubre de 2021. Su puesta en marcha se dio con la misión de reemplazar al Sename en materia de protección y garantizar así la el resguardo de niños, niñas y adolescentes amenazados o gravemente vulnerados en sus derechos. A casi un año y medio del hito, sin embargo, los cuestionamiento del nuevo modelo siguen, más aún a causa del último episodio que terminó con un menor de 17 años formalizado por un incendio en la Residencia Castellón de Concepción y otro joven de 16 años con graves quemaduras en su vía respiratoria.

En medio de estos cuestionamientos, la directora regional (s) del Servicio de Protección Especializada de la Niñez, Virginia Alvayay, precisa que todavía hay un período corto de implementación, sobre todo considerando la envergadura de las metas planteadas en este nuevo modelo. Pese a todo, destaca que la evaluación que hay a la fecha es positiva, tanto a nivel nacional como regional, lo que a su juicio queda demostrado en las cifras que maneja el organismo.

"Nosotros atendemos a unos 11.000 niños, niñas y adolescentes en Biobío bajo dos modalidades. De ellos, 9.500 están en programas ambulatorios y sólo 500 están bajo cuidado alternativo residencial, que en su gran mayoría dependen de organismos colaboradores, es decir, tenemos un porcentaje muy bajo de niños que están en residencias de administración directa. Además, hay casi 1.000 que se encuentran con familias de acogida", sostiene Alvayay.

Agrega que a más de un año de la implementación una de las cosas que mejor evalúan es que el servicio cuenta con una unidad especializada de transferencia técnica que ayuda a expandir capacidades de formación y conocimiento en todos los funcionarios. Las capacitaciones, dice, se han enfocado en temas como trauma complejo, ideación suicida o metodologías de intervención, "y eso ha significado que en la Región hemos desarrollado capacitaciones formales, sistemáticas y permanentes de los equipos. Eso antes no se hacía".

Respecto a lo que falta, la directora regional (s) cree que hay que aprovechar las oportunidades de mejora asociadas a la búsqueda de otras metodologías que requieran una atención más especializada o a tener los dispositivos de salud mental que se requieren en los planes de intervención. "Mejor Niñez no otorga servicios de salud, sólo es proteccional, por lo tanto es una oportunidad de mejora que contemos con esos dispositivos (...) Pero también hay que desarrollar más capacitación especializada, movilizar al intersector y estar abiertos a intervenir con otro tipo de metodologías", subraya.

En Biobío existen cinco residencias administradas de forma directa por Mejor Niñez: dos femeninas, dos masculinas y una de lactantes.

Realidad de los trabajadores

A nivel local, el servicio cuenta con cerca de 400 trabajadores, tanto en la dirección regional como en una de las cinco residencias, según indican las asociaciones de funcionarios. Desde el punto de vista gremial, la evaluación del nuevo modelo es negativa, lo cual además ha tenido un claro impacto en el quehacer de las personas responsables de proteger a los grupos vulnerables.

Julián Quezada, dirigente provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Mejor Niñez (Anfusepna), advierte que el modelo de residencias comenzó mucho antes de octubre de 2021 y que hoy el problema está en que en un mismo centro tienen que convivir niños, niñas y adolescentes de distintos perfil, es decir, pacientes psiquiátricos, jóvenes que sólo requieren asistencialidad y aquellos que tienen problemáticas graves de consumo, "lo que hace que sean víctimas de sí mismos en un contexto en que el servicio no logra protegerlos".

"Además, hay un gran número de funcionarios que están con evaluación de enfermedad laboral. A propósito de las situaciones que han debido enfrentar, en algunos casos reiterados por agresiones de chicos, tenemos educadores de trato directo hasta directores de centros que han sido víctimas de agresiones. El servicio no ha logrado establecer protocolos de acción diferenciados respecto a las diferentes problemáticas", lamenta Quezada. El dirigente muestra también su preocupación por la dificultad que han tenido para encontrar familias de acogida y por la "peligrosidad" de que este mismo modelo se profundice en lactantes y preescolares.

El dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección (Antrap), Gustavo Salas, dice que hay trabajadores que han sido vulnerados, golpeados, estrangulados y abusados sexualmente. "Se suponía también que las residencias familiares se iban a abrir para niños vulnerados, en donde realmente se hiciera una separación de perfiles, pero actualmente tenemos casi cinco perfiles en una misma residencia (...) Si llevamos a los chicos a un sistema asistencial o de urgencia, tienen que esperar hasta cinco horas, y para recibir atención en salud mental tienen que esperar ocho horas. Es difícil trabajar así", cuestiona.

De acuerdo a Salas, en estos momentos las residencias están funcionando con un número alto de funcionarios de reemplazo, ya que el 95% o 98% de los trabajadores permanentes habría presentado licencia médica, según recalca.

La diputada Marlene Pérez (IND-UDI), presidenta de la comisión de Desarrollo Social, plantea que más allá de analizar lo que se puede ejecutar desde el rol parlamentario, lo que hay que hacer es asumir que se ha fallado en la implementación del sistema y en visibilizar sus deficiencias. "El servicio de Mejor Niñez miente, porque ocultan información de lo que está ocurriendo con las residencias y con este cambio que se supone era para mejor", dice.

La legisladora plantea que serán clave los resultados a entregar por una comisión investigadora por presuntas irregularidades, "porque esta es la punta del iceberg, y cuando comencemos a entrevistar nos daremos cuenta de lo que realmente pasa con este servicio". Pérez también indicó que el 13 de abril la comisión que preside sesionará de manera extraordinaria en Concepción, con el objeto de que los parlamentarios "conozcan de primera fuente la grave situación".

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Concepción realizaron diversas diligencias que permitieron la detención de tres sujetos que se mantenían prófugos luego de abusar de menores.

El primer detenido corresponde al delito de abuso sexual de mayor de 14 años, indagación en la que se estableció que el individuo había abusado de una joven mayor de edad que se encontraba sentada a su lado, mientras viajaban en un bus desde Chillán a la comuna de Concepción.

La segunda investigación también está relacionada a abuso sexual de mayor de 14 años. A sus 15 años, la víctima denunció que cuando tenía entre cinco y 10 años el imputado abusaba sexualmente de ella. Desde la PDI agregaron que el acusado se aprovechó de la confianza que la familia había depositado en su persona.

Por último, el tercer sujeto fue acusado por una menor de 13 años, la cual denunció que su padrastro, cuando quedaba sola con la víctima, abusaba de ella. Lo anterior fue develado a los familiares que denunciaron los hechos.

Tranquilidad a las víctimas

"Detectives de esta unidad especializada lograron la conclusión exitosa de tres investigaciones, en la que los imputados se encontraban evadidos y con órdenes de detención pendientes. Luego del análisis de los antecedentes que se mantenían, los oficiales lograron la captura de los tres imputados. El arresto de estos individuos logra finalizar las indagaciones que se mantenían en esta unidad policial y proporcionar tranquilidad, tanto a las víctimas, como a sus familias", sostuvo el subcomisario Carlos González de la Brisex Concepción.

El profesional añadió que la Policía de Investigaciones realiza un trabajo profesional "que nos permite confirmar hechos, luego de una larga data de ocurridos, por lo que instamos a realizar las denuncias frente a este tipo de ilícitos, los que afectan principalmente niños, niñas y adolescentes".

Los imputados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para su respectivo control de detención.

Este domingo se cumplieron dos semanas desde el enfrentamiento que causó la muerte del cabo primero de Carabineros Álex Salazar. Tras acudir a una fiscalización de un local nocturno en el barrio Estación de Concepción, el uniformado fue atropellado por un ciudadano venezolano. Dos días después falleció en el Hospital Regional.

En vista de lo anterior, el Ejecutivo decretó finalmente la clausura del local de expendio de bebidas alcohólicas emplazado en Avenida Prat 574, acción que se materializó tras un decreto firmado por la delegada presidencial Daniela Dresdner el pasado viernes. "Requeríamos de toda la documentación que sustente este decreto (...) Nos duele profundamente la muerte del cabo Alex Salazar y no permitiremos que su asesinato quede impune. Por esto hemos solicitado este decreto de clausura y, también, hemos presentado una querella que perseguiremos hasta el final del proceso", dijo la delegada.

Dicho documento está en manos de la Prefectura de Carabineros de Concepción, entidad a cargo de hacer llegar la notificación estos días.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, celebró la medida adoptada por el Gobierno. "Creemos que es una buena señal, en el sentido de cumplir lo que establece la ley para poder clausurar un establecimiento por razones de seguridad", sostuvo.

En horas de la tarde se efectuó una marcha liderada por la familia de Álex Salazar, con el objeto de pedir justicia y una mayor respuesta del Estado.