Voto obligatorio y sanciones
Los registros electorales fueron reabiertos en Chile poco antes del plebiscito de 1988, con voto obligatorio, pero la participación ha menguado con el correr de los años. Con la ley 20.568, promulgada el 23 de enero de 2012 se dispuso la inscripción automática y el voto voluntario. Con ella se pretendía resolver el problema de la alta abstención electoral. No obstante, desde los comicios municipales de octubre de 2012, el ausentismo se elevó cada vez más y se hizo notoria la falta de interés de la ciudadanía por participar en el sistema electoral.
En los comicios presidenciales de diciembre de 2017, Sebastián Piñera fue elegido en segunda vuelta con una presencia del 49,2% del padrón electoral de 14,3 millones de personas. En la última elección presidencial, de 2021, en primera vuelta participó el 47,3% y en segunda fase lo hizo el 55,6%.
Con el cambio al voto voluntario se mantuvo una tendencia silenciosa, especialmente entre los jóvenes que nunca habían mostrado interés por sufragar. Tal vez el tema de fondo era el desencanto y desconfianza de la ciudadanía respecto de la actividad política. Cuando hace años los políticos se jugaron por la opción de la inscripción automática y voto voluntario, la vieron como una solución frente al desinterés ciudadano. Pero está claro que ése no era el remedio.
Ahora se ha informado que hay más de dos millones de denuncias de personas que no votaron en el último plebiscito de septiembre de 2022 (con sufragio obligatorio) y, durante las últimas semanas, el Servicio Electoral ha estado enviando esta información a los jueces de Policía Local del país para que se comiencen a cursar las sanciones correspondientes. Pero la presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada, ha señalado su preocupación debido a la avalancha de causas que se aproximan a tramitar. Si bien comprende la importancia de que estas denuncias se tramiten y se sancionen en su caso, para que el voto obligatorio sea efectivo y perdure en el tiempo, argumenta que los juzgados no cuentan con los recursos suficientes y necesarios para tramitar todas estas causas de forma expedita. Y hay que considerar que habrá otros procesos electorales en mayo y diciembre, donde el voto también será obligatorio.
En la Región del Biobío, los 31 juzgados de Policía Local ya recibieron del Servicio Electoral el listado de los electores que no votaron en el plebiscito de salida de septiembre pasado, para iniciar el proceso administrativo sancionatorio, que se traduce en multas de hasta 3 UTM (187 mil pesos). En nuestra Región fueron 159 mil electores que no concurrieron a sufragar.
Es notorio que se ha acentuado la baja participación de los ciudadanos en cada elección. En los comicios de gobernadores regionales que se efectuaron en mayo de 2021 en trece regiones del país, sólo el 19% de las personas habilitadas para votar concurrieron a las urnas. Las tres regiones con más baja participación fueron Antofagasta (12,2%); Atacama (12,6%); y Los Lagos (12,7%). Las de más participación fueron Metropolitana (25,6%); Los Ríos (21%) y Arica y Parinacota (18,7%). Las otras regiones tampoco marcaron una muy alta participación: Tarapacá (13,5%); Coquimbo (17,4%); O'Higgins (15,5%); Maule (13,7%); Ñuble (16,2%); Biobío (13,6%); La Araucanía (14%).
Desde luego que preocupa la baja participación las últimas elecciones, porque significa que muchas personas se han puesto al margen del mecanismo electoral, aun sabiendo que se harán merecedores de multas. Tal vez quieren manifestar así su desencanto por la forma de hacer política. No obstante, ello debilita la democracia y da menos sustento y legitimidad a quienes son elegidos. El sistema democrático requiere de coaliciones gobernantes y opositoras fuertes, pero esto se altera si los ciudadanos prefieren quedarse fuera, porque ellos serán los que se beneficiarán o perjudicarán con las iniciativas que aprueben las autoridades.
En la Región del Biobío, los juzgados de Policía Local ya recibieron del Servicio Electoral el listado de los electores que no votaron en el plebiscito de salida de septiembre, para aplicar las multas.