Coordinación para enfrentar la violencia intrafamiliar
Preocupación causaron los datos dados a conocer hace algunos días por la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se informó el aumento en un 68% de las denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) en los tribunales de la Región del Biobío durante los últimos tres años.
De acuerdo a los antecedentes entregados, en los 17 tribunales sobre los que la Corte mantiene su jurisdicción en la región, durante 2019 se registraron 7.192 causas, disminuyendo durante 2020 a 6.727, año que corresponde al inicio de las cuarentenas por la pandemia del cobvid-19. Sin embargo, en 2021 esta cifra aumentó en un 57% en comparación al año anterior, alcanzando 10.603 causas, continuando esta alza durante el año pasado con 11.353 causas tramitadas por el Poder Judicial en Biobío.
De hecho, dentro de las estadísticas, destaca el Juzgado de Letras y Garantía de Florida, donde se registró el alza más evidente con un 52% más de causas el 2022 que el 2021.En este alarmante listado le siguen el tribunal de Mulchén con un alza del 41%, luego el que corresponde a Nacimiento con un 39% y en un cuarto lugar los juzgados de Lebu y Santa Juana, ambos con crecimientos que llegan al 27%.
La Violencia Intrafamiliar está definida por ley en nuestro país y corrresponde a todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. Además, también es Violencia Familiar aquella que se ejerce contra parientes tales como padres, madres, hijos, hijas, hermanos, abuelos, nietos tíos, sobrinos, etc.
Se da además cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.
Otro punto importante es que las conductas que se sancionan son variadas, ya que se incluyen la vulneración de la autonomía económica de la mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos. Se da esa figura en el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre la mujer, o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, o para generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas.
El detalle de las cifras fue dado a conocer por la presidenta de la Corte de Apelaciones penquista, Carola Rivas, quien realizó un análisis respecto de la situación y las proyecciones que podría significar. En la oportunidad afirmó que el alza "grafica un fenómeno cada vez más descontrolado y un grave síntoma de la sociedad machista y patriarcal en que vivimos, pero también que puede deberse a que las mujeres están creyendo más en las instituciones y atreviéndose a denunciar". Se confirmó también que el Poder Judicial está en la búsqueda de vías para llegar a la comunidad e incentivar y mejorar los procesos de denuncias, logrando alianzas estratégicas en la atención primaria, como es el caso del Cesfam Tucapel en Concepción.
Otro ejemplos de alza corresponden al Juzgado de Familia penquista -que abarca las comunas de Concepción, Chiguayante, Hualqui, Penco y San Pedro de la Paz- que tenía alrededor de 1.900 denuncias anuales hace cuatro años y llegaron el año pasado fueron 3.377. Las estadísticas revelan que es necesaria la coordinación entre diversas instituciones para abordar el tema, por lo que es muy destacable que desde el tribunal de alzada se anunciara la creación de una mesa de trabajo con todos los tribunales de Familia de la jurisdicción y otros actores significativos del área de la salud y educación, que sin duda ayudará a mejorar las efectividad de las denuncias.
El Poder Judicial está en la búsqueda de vías para llegar a la comunidad e incentivar y mejorar los procesos de denuncias, logrando alianzas estratégicas en la atención primaria, como es el caso del Cesfam Tucapel en Concepción.