Por Efe

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió ayer una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

"Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que representa la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros", o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva", según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

"jurídicamente nula"

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, identificó, en su petición de orden de detención de Putin, la deportación a Rusia de "al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil" ucranianos, en el contexto de los "actos de agresión" del Ejército ruso a Ucrania.

Khan alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas "demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país", un acto ilegal porque estos menores ucranianos "eran personas protegidas" en virtud de los Convenios de Ginebra, que regulan el derecho internacional humanitario.

Rusia, sin embargo, calificó como "jurídicamente nula" la orden de arresto contra Putin emitida por la CPI.

"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárova, portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, en su canal de Telegram.

La diplomática indicó que su país "no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional", por lo que, al respecto, "no tiene obligaciones".

En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible. Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho".

El jefe de la Duma o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró que "cualquier ataque" contra Putin, es considerado una "agresión" contra el país.

Mientras la ONU evitó comentar la medida, ministros de Estado de Ucrania, de Alemania, entre otras naciones, aplaudieron la orden de la CPI y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que "no puede haber impunidad".

Estados Unidos, a su turno, subrayó desde el Consejo de Seguridad Nacional que "el fiscal de la CPI es un actor independiente y toma sus propias decisiones en base a las pruebas ante él. Apoyamos la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de crímenes de guerra".

Contra alto al fuego

Estas novedades se dan a poco de que se concrete la reunión fijada para este lunes entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, dijo ayer que Estados Unidos tiene "profundas preocupaciones" sobre algunos de los temas que podrían tratar Xi y Putin.

En concreto, le preocupa la propuesta china de un alto al fuego en la guerra, algo que en opinión de Washington solo serviría para que Rusia consolide los avances en el campo de batalla.

"Desde luego que no apoyamos ninguna petición de China a un alto al fuego durante esa reunión en Moscú, porque solo beneficiaría a Rusia", dijo Kirby y llamó a Xi a que se comunique con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció por teléfono al primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, que su Gobierno haya aprobado la entrega a Kiev de 13 aviones de combate MiG de fabricación soviética. "¡Nuestros acuerdos de Bruselas funcionan!", escribió Zelenski sobre el compromiso auspiciado por la Unión Europea (UE) por el que varios países del bloque se comprometen a proveer de más armamento y munición a Ucrania para proteger sus pueblos y ciudades y repeler la invasión rusa de su territorio. Paralelamente el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, criticó la decisión del gobierno de su país de enviar helicópteros a Ucrania.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció ayer que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que las negociaciones de adhesión con Suecia continuarán.

El mandatario turco hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Ankara junto con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö.

"Empezaremos el proceso de trasladar al Parlamento el protocolo del acceso de Finlandia a la OTAN", dijo Erdogan, y agregó que "he firmado el protocolo y lo enviamos al Parlamento. Espero que el proceso se complete antes de las elecciones (del 14 de mayo)".

La coalición del partido de Erdogan, el islamista AKP, con el nacionalista MHP tiene mayoría en el Parlamento y, además, la oposición no se ha opuesto al ingreso de Finlandia en la Alianza Atlántica, por lo que el paso por el hemiciclo será fácil.

"Turquía es uno de los mayores defensores de la política de puerta abierta de la OTAN. Hemos visto que Finlandia ha dado pasos sinceros para cumplir con las promesas recogidas en el memorándum tripartido de Madrid (firmado en julio pasado)", dijo Erdogan.

Niinistö agradeció el gesto de su anfitrión, pero recordó que Suecia también debe ingresar en la Alianza: "Con las firmas puestas hoy, el Parlamento turco empieza el proceso de ratificación. Muchas gracias. Tenemos un vecino que es Suecia y el ingreso de Finlandia en la OTAN no podrá ser completo sin Suecia".

Se espera que el Parlamento húngaro vote el 27 de marzo sobre la entrada de Finlandia en la OTAN, una candidatura que será aprobada gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del Gobierno.

Mientras, Suecia sigue en espera tras haber presentado también su candidatura a incorporarse a la OTAN . Se topa con la exigencia de Erdogan de que se extradite desde el país nórdico a personas que Ankara considera vinculadas a organizaciones terroristas, especialmente del ámbito kurdo.

Ante ello el ministro de Relaciones Exteriores sueco, Tobias Billström, afirmó que "el Gobierno lo ha dejado claro varias veces: seguimos el acuerdo trilateral de Madrid. Haremos todo lo que está ahí, pero ni más ni menos".

El Gobierno de Ecuador calificó de atentado a la democracia el proceso de juicio político de censura activado en la Asamblea Nacional (Parlamento) por la oposición contra el presidente, Guillermo Lasso.

El Ejecutivo ecuatoriano señaló que el juicio político tiene "como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia misma".

"Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional", indicó la Secretaría de Comunicación.

De esta forma, el Gobierno rechazó la solicitud de juicio político contra Lasso al considerar que la demanda "carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso".

El proceso de juicio político fue activado principalmente con las firmas de congresistas partidarios del expresidente Rafael Correa y del derechista Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso, pero también con apoyo de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de la Izquierda Democrática (PSC). La acusación contra el jefe de Estado contempla los presuntos delitos de cohecho y malversación como supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparecen personas cercanas al presidente, entre ellas su cuñado, el empresario Danilo Carrera.