Por Felipe Cuevas Mora

Esta semana los 31 juzgados de Policía Local de la Región terminaron de recibir de manos del Servicio Electoral (Servel) el listado de los electores que no votaron en el plebiscito de salida de septiembre pasado, para así iniciar el proceso administrativo sancionatorio, que se traduce en multas de hasta 3 UTM producto de la vuelta del voto obligatorio.

En el Biobío fueron 159 mil electores que incumplieron la ley (12% del padrón) y la aplicación de los procesos sancionatorio se agregan a la labor habitual de los tribunales tras una década del voto voluntario.

Desde el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (Injpl) advierten que podrían generar complicaciones en la ejecución de los procesos sancionatorios, debido a la alta carga de los tribunales, la falta de tecnología e información necesaria para realizar el trámite que, según una evaluación realizada entre los jueces, representa en promedio la totalidad de trámites que realizan en un año.

"Lo que más nos llama la atención es que el Servel, de una manera bastante particular, mandó un oficio indicando que ellos dan cumplimiento al mandato constitucional y acompaña un pendrive con un archivo que tiene un listado interminable de personas que no concurrieron, a lo que deberíamos darle tramitación como denuncia. Eso es un desacierto, porque la reforma que restituye el voto obligatorio nada dice de que las denuncias se tramiten ante nosotros de esa forma", explica el juez de Policía Local de Coronel y presidente del capítulo regional del Injpl, magistrado Alex Moya, junto a indicar que en el caso de la comuna ya fue notificado de 10 mil denuncias, cifra similar a un año de tramitación habitual del juzgado.

Complejo panorama

El magistrado Sergio Muñoz del Juzgado de Policía Local de Penco, cuenta que en el caso de la comuna deberá tramitar más de cuatro mil denuncias para electores pencones y alerta que la falta de detalle o información respecto a las faltas impedirá realizar un proceso eficaz.

"La presentación de Servel no es una denuncia, quiere serlo, pero no reúne los requisitos formales mínimos, porque hay un intento de descripción de quienes son las personas individualizadas en un pendrive, algo que no corresponde porque no se constatan hechos", dice junto con advertir que ese problema tendría fácil solución.

"El problema -añade- puede ser tal cuando lleguen las denuncias, ¿cómo, cuándo y donde notificas a todas las personas? En el caso de los vocales de mesa era más simple, porque les llegaba el cheque y lo presentaban cuando se les contactaba. Hay un margen de error que se debe saber manejar, porque por ejemplo nos podría llegar un trabajador que estaba a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación".

Su par del 2º Juzgado de Policía Local de Talcahuano, magistrado Juan Rubilar cuantifica que las 16 mil denuncias ingresadas por el Servel representan el trabajo de tres años del tribunal.

"Esto se repite en todo el país, y ahí uno se pregunta cómo se diseña un sistema que desconoce la realidad de los Juzgados de Policía Local, pero también afectando a los municipios que deben cancelar el valor de las cartas certificadas que se envían, y pensemos en más de 16 mil cartas a $3 mil cada una. Esto afecta las finanzas municipales", dice para luego señalar que "si uno optara por no ocupar la notificación por carta certificada y lo solicitara con Carabineros, sería sumar trabajo a la labor diaria que ellos tienen".

El magistrado Moya en tanto pone el énfasis en que "nosotros somos el único resabio de la justicia antigua, con el papel y la aguja de coser. Todavía tenemos expedientes en papel y afrontar los problemas contemporáneos, con una respuesta ágil y sobre todo un buen servicio para la comunidad es lo que más nos interesa. Hacerlo con los implementos que tenemos es difícil y existe un problema mayor al carecer de recursos tecnológicos".

Las soluciones

Los consultados para esta nota coinciden en que la solución a este problema radica fundamentalmente en el diálogo y la modernización del sistema.

"Entendemos la responsabilidad que tenemos frente a este tipo de denuncias, pero no se acompañó de recursos o estrategias para sobrellevarlo de buena forma. Dependemos de los municipios para recibir los recursos, y no sabemos si hubo reuniones entre Servel y la Asociación de Municipios para considerar cómo nos hacemos cargo, si se contará con más personal", dice el magistrado Alex Moya.

Su par Sergio Muñoz pone el problema en perspectiva y asegura que "nosotros cumpliremos con este trámite, pero no sé si lo hagamos oportunamente: el 7 de mayo hay una elección, y si te sanciono en diciembre de 2024 no hay una justicia oportuna. Cuando te notifique, probablemente la persona no se acuerde qué estaba haciendo y el afectado es la persona sancionada".

"Cuando enfrentamos un problema de esta naturaleza, se le carga la mano a uno de los tres poderes del Estado debido a la falta de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control que deben disponer los poderes Legislativo y Ejecutivo", cierra el magistrado Juan Rubilar.

Consultada por este medio, la jefa de operaciones del Servel en el Biobío Pamela Manríquez indicó que "en materia de los procedimientos, no es competencia nuestra. Nosotros realizamos, de acuerdo a la legislación, entrega de las denuncias que se acercan al 10% del padrón. Se completó la entrega en todos los juzgados, y hay algunos que claramente reciben mayores denuncias".

"Este tipo de denuncias se dejaron de hacer en 2012, han pasado varios años pero desde el 88' a esa fecha se hacía, y era de forma más manual, ya que se entregaban los libros de firmas. Eran cajas y cajas que se enviaban, y se trató de generar archivos encriptados en PDF con la información para no recargar a los juzgados de material", añadió.

Con el objetivo de dar inicio a las actividades del año escolar, autoridades locales visitaron las dependencias de la escuela del Hospital Guillermo Grant Benavente destacando el valor de dar continuidad a los procesos educativos y que ningún estudiante quede fuera del sistema, a pesar de su condición de salud.

La escuela fue creada en 1960 pensada para estudiantes con diagnóstico médico y que siguen un tratamiento en este recinto, transformándose en la más antigua de Latinoamérica y que hoy depende del Servicio de Educación Pública Andalién Sur.

Se atienden en promedio, desde marzo a diciembre, alrededor de 150 estudiantes desde el nivel de transición 1º a 8º año básico, con diagnóstico transitorio y permanente. La matrícula se realiza diariamente, desde el día uno de permanencia, siempre y cuando los padres firmen la autorización para la atención pedagógica, retirando a quienes son dados de alta del Servicio de Salud.

Verónica Hernández, directora de la Escuela Hospital, indicó que "valoramos que las autoridades puedan conocer directamente las necesidades y situaciones que nos aquejan para lograr un mejor funcionamiento en el bienestar de los estudiantes, en la misión que tenemos como escuela, que es entregar una educación compensatoria a los pacientes, para que el retorno a su escuela regular, a su vida normal, sea con el menor desfase posible".

150 estudiantes en promedio

Con el objetivo de entregar atención integral, gratuita, psicológica y social de personas sobrevivientes de la violencia de pareja, se inauguró este jueves la "Casa Antonia", inmueble ubicado en Orompello 236 y que cuenta con la operación de Fundación Antonia, creada por la familia de Antonia Garros, joven que falleció en 2017 luego de sistemática violencia por parte de su pareja. La iniciativa es parte del programa "Prevención, Atención y Formación a sobrevivientes de Violencia de Género", el cual cuenta con un aporte monetario del Gobierno Regional del Biobío por $351 millones, y se extenderá por dos años y permitirá brindar cobertura a cerca de 8 mil personas que requieran algún tipo de soporte vinculado a episodios de violencia.

Consuelo Hermosilla, directora y fundadora de Fundación Antonia, y madre de Antonia Garros, precisó que "es un tremendo orgullo inaugurar este centro de atención integral; es un sueño desde que se fue mi hija. Nosotros vamos a dar atención psicológica, legal y social a personas víctimas de violencia de pareja, independiente de la orientación sexual y sin distinción de género. Antes sólo gestionábamos recursos y hoy tenemos la capacidad de abarcar a la Región en sus tres provincias gracias al Gobierno Regional".

"En la Fundación Antonia se dan todas las condiciones para confiar una tarea, para que las personas sean rescatadas de las garras de la violencia", dijo el gobernador Rodrigo Díaz.