Por Karlyng Silva Leal

La preocupación por la seguridad de los funcionarios policiales en medio de procedimientos es uno de los temas que alcaldes han planteado tras el fallecimiento del cabo primero Álex Salazar en un barrio bohemio penquista. Si bien, las autoridades comunales señalan que la institución de Carabineros tiene sus propios protocolos, ante la gravedad y particularidad de lo ocurrido se requiere revisar y fortalecer los operativos como lo fue en este caso una fiscalización que finalizó con un homicidio al funcionario policial.

Durante la formalización al único imputado en el hecho, la Fiscalía entregó antecedentes sobre la dinámica de lo ocurrido, determinando que el local que fue fiscalizado por tres carabineros que acudieron al operativo mantenía en su interior a cerca de 150 personas, entre los cuales se encontraban aquellos que agredieron con objetos a los funcionarios y opusieron resistencia.

Consultado por este contexto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz sostuvo que "los mecanismos de fiscalización que realiza carabineros, el contingente que envía a un lugar, uno no puede opinar, porque esa estrategia es de ellos. Pero claramente cuando uno ve a tres carabineros contra 150, obviamente hay una diferencia bastante grande y más aún cuando estaban en estado de ebriedad, a altas horas de la madrugada, cuando carabineros lo único que estaba haciendo era cumplir su labor fiscalizadora".

Seguridad

Ediles del gran Concepción se hicieron presenten durante el día miércoles en el responso realizado al cabo Salazar en la Escuela de Suboficiales, uno de ellos fue el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la AChM (Asociación Chilena de Municipalidades).

Sobre esta situación que evidencia una desigualdad entre la cantidad de funcionarios en un operativo, el alcalde aseguró que "nadie espera que en un procedimiento de estas características una persona de manera irracional, con el ánimo de causar daño y perjuicio, termina atropellando no solo a uno, sino que a tres carabineros".

"Carabineros tendrá que revisar los procedimientos, pero para poder hacerlo también tenemos que generar un respaldo a la acción que realizan. Aquí no puede ocurrir que tengamos que estar cuestionando su actuar y que no cuenten con las herramientas", agregó Campos.

También presente en la instancia, el alcalde de Lota, Patricio Marchant lamentó la situación y manifestó ante el hecho dijo que esperan que "se mejoren las condiciones, que tengan más piso político y también más atribuciones de acuerdo a la ley". Así también destacó que en su comuna el déficit de personal y equipo de Carabineros está al debe, pese a que se han realizado gestiones para aumentarlo según la disponibilidad, aseguró que existe voluntad para solucionar un tema que es difícil y complejo.

El municipio de Coronel también participó en el responso, por lo que al consultar lo ocurrido con el alcalde Boris Chamorro, este planteó que "no puede volver a ocurrir una situación donde funcionarios deban hacer algo tan peligroso como exponer sus vidas para actuar en situaciones, donde incluso, se ve superado 10 veces en su número. La sociedad civil lo sabe y estamos todos consternados por este hecho".

Fortalecimiento

La delegada regional Daniela Dresdner, recordó durante la jornada de ayer que este caso de homicidio no es el primero que se registra en barrios bohemios de Concepción. "Lo hemos visto en otros barrios, por lo tanto aquí hay otras medidas concretas que ya estaban en curso antes y que sin duda hay que seguir mejorándolas y generando mayor seguridad a la ciudadanía", agregó.

En esta línea, si bien una de las preocupaciones es clausurar el local del Barrio Estación donde el hecho tuvo lugar, la delegada explicó que se está conversando con las policías sobre los planes de seguridad regionales que se aplican en este tipo de sectores.

Consultada por la estrategia de seguridad que se plantea tras este hecho, Dresdner reiteró que "no responde exclusivamente al punto de más carabineros en las calles, la estrategia de fiscalización con Carabineros es algo que ya existía, se estaba haciendo constantemente y muestra de eso es lo que ocurrió que fue justamente en el proceso de una fiscalización (...). Tenemos que reforzar esos procedimientos para que no exista peligro para los mismos carabineros y la ciudadanía", finalizó la autoridad regional.

150 personas se encontraban al interior del recinto que carabineros acudió a fiscalizar este

7 fin de semana

La primera actividad académica desde que el fiscal nacional, Ángel Valencia, asumió su cargo tuvo lugar en la Universidad de Concepción, donde junto con el abogado Andrés Cruz expusieron en el Seminario "Nuevas Perspectivas para el Ministerio Público", instancia en que el persecutor profundizó en el actual escenario que existe en el país para realizar la persecución criminal, destacando la necesidad de cambiar la forma de indagar utilizada hace décadas ante la complejidad que han adquirido los delitos en el país y la existencia de crimen organizado.

En su visita, además el fiscal se reunió con persecutores locales para analizar y conocer detalles de las investigaciones más importantes que se desarrollan en la región, mientras que durante la tarde, se reunió con el grupo de fiscales que investigan causas de violencia rural en la Macrozona Sur y en particular del Biobío.

Así también, tras participar en el velorio del cabo Salazar, Valencia, sostuvo que "me han transmitido cuál es el estado de esa causa, las diligencias que han realizado, la oportunidad para cerrar la investigación es una opinión técnica, la vamos a cerrar lo antes posible desde aquellas oportunidades que nos permitan asegurar que vamos a tener una condena en este caso".

Respecto a la indagatoria por incendios forestales que se investiga a nivel de macrozona, Valencia reiteró que la Fiscalía está trabajando intensamente en recibir las declaraciones de testigos, han estado participando en talleres con los fiscales de regiones afectadas para analizar la experiencia en materia de persecución del año 2017 y de accidentes de origen eléctrico; por otra parte las víctimas han sido derivadas a la Unidad de Víctimas, mientras que los persecutores han recibido capacitaciones de los funcionarios de la Guardia Civil de España en materia de investigación de incendios.

También sobre el caso del niño Tomás Bravo, que ya cumplió 2 años desde iniciada la investigación, el fiscal aseguró que "la Fiscalía del Biobío ha realizado una investigación acuciosa y objetiva, ha formulado los cargos que se desprenden de los antecedentes de esa investigación (...). Agotaremos todos los medios para que lo que ocurrió con el niño se esclarezca de la mejor manera".

La fiscal Carmen Luz Flores formalizó investigación en contra de 4 personas que fueron detenidas la mañana del jueves en el marco de un operativo de la Brigada de Robos de la PDI, los cuales realizaron un allanamiento a cuatro domicilios ubicados en el sector Agüita de la Perdiz en Concepción.

Allí se incautaron más de medio kilo de marihuana, un rifle, una pistola, 50 municiones 9 milímetros, 4 plantas de cannabis sativa, un cartucho de escopeta y una munición .32. Además de $200 mil en efectivo, 6 teléfonos celulares, entre otras especies propias del delito.

Fueron imputados por tráfico de drogas y tenencia de municiones, Androni Cid, Flor Troncoso y Matías Rebolledo; y este último también formalizado por plantación o cultivo de marihuana, se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Por otra parte, a Marcelino Melgarejo se le impuso la medida de arresto domiciliario total, tras ser imputado como autor del delito de posesión de municiones.

La fiscal explicó que la indagatoria estuvo a cargo de la Biro Concepción y la Fiscalía de Análisis Criminal (Sacfi), esto relacionado a hechos y delitos contra la propiedad que ocurrieron al interior del campus de la Universidad de Concepción, particularmente un robo que afectó al Departamento de Metalúrgica de la casa de estudios. Así también la fiscal constató que a uno de los sujetos detenidos se le habían formulado cargos por el robo de un computador.