Por Redacción

El número de campamentos y de familias viviendo en ellos aumentó de forma significativa en el último año en nuestro país, según datos del Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, presentado ayer por la organización Techo Chile y que contó con la presencia de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas.

En concreto, y comparado al informe anterior 2020-2021, la cantidad de campamentos en Chile aumentó en 33,1%, pasando de los 969 contabilizados en el último periodo a un total de 1.290 en la actualidad.

Asimismo, el número de familias que viven en los pasó de 81.643 a 113.887, lo que representa un aumento de 39,5%.

De acuerdo a la medición, de la totalidad de campamentos del país, un 45,7% se formó entre el 2010 al 2020 y un 14,6% entre el 2020 y la actualidad. Además, el estudio pone en evidencia que los campamentos actualmente son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno de ellos.

Aquí cabe destacar que en el norte, particularmente en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, los campamentos son más grandes. En la primera las familias por campamento llegan a 264,5 y a 193, 1 en la segunda, superando con creces el promedio.

En el sur, por el contrario, los campamentos son más pequeños. En la región del Maule, viven en promedio 19,2 familias en estos asentamientos. En Ñuble llegan a 26,2 y a 33,8 en Los Ríos.

Inmigrantes

Respecto a la situación de los inmigrantes, las nuevas cifras muestran que actualmente existen 39.567 familias inmigrantes viviendo en campamentos, lo que corresponde a un 34,7% del total e implica un aumento neto de 14.603 hogares desde el catastro 2020-2021, lo que se traduce en un 45,3% del total de aumento de familias.

A pesar de su relevancia a nivel nacional, al consultar la trayectoria habitacional de las familias, se constata que sólo en un 6,2% de los campamentos la mayoría de las familias provienen directamente desde otro país previo a su llegada al campamento.

Por otro lado, de los 1.290 campamentos a nivel nacional, 1.180 (91,5%) están ubicados en zonas urbanas, mientras que 110 (8,5%) están localizados en zonas no urbanas. La región con más casos de asentamientos en zonas no urbanas es la de Arica y Parinacota.

Los motivos

Respecto a los motivos que tienen las personas para instalarse en asentamientos, la gran mayoría (74,8%) pone como principal razón el alto costo de los arriendos. En segundo lugar, con un 73,6%, está la necesidad de independencia o dejar de ser allegados.

El tercer gran motivo, 72,5% son los bajos ingresos. Más atrás viene la cesantía (52,9%), acelerar la obtención de una solución habitacional (39,5) y la posibilidad de elegir sobre las características de la vivienda (30,9%).

Servicios básicos

En cuanto al acceso a los servicios básicos, un 5,9% de los campamentos acceden al agua potable de manera formal (con medidor propio). Sobre las maneras más comunes de hacerlo, un 44% de los campamentos logran agua potable mediante "pinchazos" a la red pública y un 30,5% a través de un camión aljibe, siendo más común este medio en las regiones del norte del país.

Respecto al servicio sanitario, un 40% de los campamentos tiene solución "formal", lo que en este caso incluye la conexión a la red pública de manera formal (alcantarillado en un 5,7%) y conexión mediante fosa séptica (34,3%). De manera informal, un 32,9% de los casos accede a este servicio mediante letrina sobre pozo negro y un 14,5% está "colgado" a la red pública de alcantarillado.

En cuanto a la electricidad, un 17,2% de los campamentos cuenta, en la mayoría de las viviendas, con medidor propio. Un 63,1% de los campamentos se encuentran "colgados" a la red pública, siendo la manera más común de acceder a este servicio. Un 9,9%, además, tiene medidor compartido.

Por último, el 81,1% accede a través de internet móvil, el 15,5% tiene internet fijo y el 2% no accede al servicio.

Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, destacó que "el catastro es una herramienta esencial para conocer la magnitud y dinámicas de los campamentos en el país. Los resultados presentados representan un desafío grande para las políticas públicas en materia habitacional y urbana. El aumento de los hogares en campamentos es una forma más de la exclusión habitacional que se vive en el país dado el aumento de costo de la vivienda". Por su parte, Héctor Guarda, capellán de la organización, indicó que "es urgente la implementación de una política pública permanente".

La ministra del interior, Carolina Tohá, ha considerado una falta de respeto hacia ella y la institución presidencial, que el diario El Mercurio haya titulado una entrevista con la frase "Hoy realmente está gobernando Tohá".

La molestia de la ministra -y la imputación de habérsele faltado el respeto- plantea un importante problema de interés público: ¿cuáles son los límites de la prensa a la hora de evaluar la gestión gubernamental? ¿Hay un límite que va más allá de los que contempla la legalidad vigente?

Una de las tareas de la prensa, y de quienes se desempeñan en ella, consiste en indagar y a la luz de la información disponible evaluar, el quehacer de quienes se desempeñan en el estado. La razón de ello es harto obvia. Quienes tienen en sus manos el estado poseen, nada menos, el máximo poder que los ciudadanos reconocen a algunos de los suyos, entregándoles el manejo del monopolio de la fuerza, la facultad de colegislar y la administración del estado. De esta manera la vida cotidiana de los ciudadanos -el acceso a ciertos bienes básicos como la seguridad, por ejemplo, o los niveles de contingencia que experimente la sociedad- dependen de la forma en que las autoridades ejerciten su papel, la claridad que tengan acerca de los deberes que les han sido confiados y el conocimiento que posean del aparato estatal que la ciudadanía ha puesto en sus manos. Ese puñado de facultades, el gigantesco poder que la autoridad estatal posee, establece una abismal asimetría con los ciudadanos de a pie. Y la forma de corregir esa asimetría es que los ciudadanos puedan acceder a información clara y a evaluaciones abiertas acerca del desempeño de los funcionarios estatales, la forma en que cumplen sus funciones y las capacidades que exhiben a la hora de hacerlo. Esta última es la función y el deber de la prensa. Y al ejercerla la prensa, y aquellos cuyas opiniones ella recoge y publicita, no tienen otro límite que la legalidad vigente.

Al llevar adelante esa tarea, la prensa contribuye a que los ciudadanos evalúen y controlen la autoridad del estado, disminuyendo así, siquiera en parte, la asimetría que existe entre esta última y ellos.

Desde ese punto de vista la falta de respeto a la autoridad por medio del discurso simplemente no existe. Y ello no solo porque la existencia del desacato no es admisible en una sociedad democrática, sino porque el respeto supondría establecer una invisible inmunidad de las autoridades a la hora de evaluar su papel. No es admisible que se pida a la prensa, o a quienes opinan regularmente en ella, que se tenga miramientos, veneración o acatamiento -eso significa el respeto que se demanda- a la autoridad pública. Los ciudadanos en una democracia tienen el deber de respetar y cumplir la ley; pero no tienen ningún deber de respetar, esto es, tratar con miramiento, a ninguna autoridad pública, ni siquiera al presidente de la república a la hora de evaluar la forma en que este último ejecuta sus tareas o se muestra débil o inexperto a la hora de hacerlo.

Así entonces no debe imputarse faltas de respeto a la prensa porque ello, bien mirado, equivale a solicitarle un trato distinto y mejor al que dispensarían a los ciudadanos, y ocurre que según una larga práctica de los tribunales internacionales, las autoridades públicas no tienen derecho a un trato mejor, sino que su nivel de protección frente al discurso es menor o más débil que el que poseen las personas comunes y corrientes. Es lo que un jurista francés llamó "la servidumbre a que obliga la grandeza".

Si a la hora de administrar el estado está o no gobernando en los hechos Tohá -por su mayor claridad conceptual, su conocimiento del estado y su voluntad de priorizar- puede ser discutido, por supuesto, para demostrar si ese diagnóstico es correcto o no; pero lo que no puede ocurrir es que la autoridad, o las fuerzas políticas que la apoyan, demanden respeto como una forma de eludir el debate y establecer límites invisibles a la hora de llevarlo adelante.

Carlos Peña