Útiles y textos escolares
La Seremi de Salud de la Región del Biobío está fiscalizando las librerías, con el objetivo de que se cumplan las normas para la compra de útiles escolares seguros para los estudiantes, y garantizar a la vez la libertad de elección de marcas y proveedores, sin que ningún alumno pueda ser excluido de actividades formativas.
Los controles están destinados a asegurar que no existan sustancias que pudieran dañar a los estudiantes, siempre bajo la recomendación de comprar en locales establecidos, revisando que las instrucciones y etiquetas estén en idioma español, verificando que la concentración de plomo en témperas, acuarelas y productos similares no supere los máximos permitidos, y velar por el respeto a la prohibición de venta de adhesivos y pegamentos que contengan solventes.
Otras sugerencias sanitarias al momento de comprar útiles incluyen, verificar que el artículo sea adecuado para la edad del escolar, y que los pegamentos y adhesivos que tengan en su etiqueta las leyendas "Úsese en ambientes ventilados" y "La inhalación frecuente y prolongada de este producto genera daños irreparables a la salud" no sean utilizados por menores debido a que contienen sustancias tóxicas que pueden generar daños en su salud.
Aparte del control para que los útiles cumplan con las normativas sanitarias, hay otro tema que es preocupante y es el alto costo de los textos de estudio. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio de mercado sobre los textos escolares, donde se comprobó lo que tanto autoridades como apoderados comentan desde hace años: que las editoriales mantienen precios dispares respecto de un mismo libro, dependiendo si éste corresponde a los pedidos que hace el Estado, para distribuirlo gratuitamente en las escuelas, o si se entregan para venta en el comercio. El análisis reveló que en este último caso los precios pueden ser hasta diez veces superiores, pese a que los libros en ambos casos son muy similares y de tener variaciones, son mínimas. Sin embargo, cada año las editoriales insisten en que aquellos que van a las librerías son de calidad superior y que hay costos relativos a comercialización y distribución que es necesario cubrir.
De acuerdo con la FNE, el Ministerio de Educación realiza cada año un proceso de licitación para adquirir textos escolares a bajo precio, incluyendo una guía didáctica para el profesor y recursos digitales complementarios. En cambio, en la educación privada, los padres son los encargados de costear los textos que el colegio decide con la editorial, ofreciendo otros bienes y servicios al establecimiento, como capacitaciones, asesorías y plataformas. Por ello, la fiscalía ha señalado que falta competencia en este sector. Investigaciones periodísticas han determinado que los representantes comerciales de las editoriales ofrecen beneficios y establecen acuerdos con los directores de colegios, para que exijan al alumnado la compra de libros o que adquieran una marca específica de material.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha señalado que el Ministerio ha distribuido de manera gratuita más de 13 millones de textos escolares a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que los hayan solicitado, beneficiando a más de 3 millones de estudiantes. Hizo un llamado a los sostenedores y establecimientos a priorizar el uso de los textos gratuitos que entrega el Estado y a pedir lo estrictamente necesario para las tareas pedagógicas, con el objetivo de no sobrecargar los bolsillos de apoderados y cuidadores, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales.
En este sentido, la autoridad recalcó que ningún establecimiento del país puede exigir o inducir a la compra de útiles escolares de una determinada marca o adquirir las listas a través de un proveedor específico.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ha señalado que el Ministerio ha distribuido de manera gratuita más de 13 millones de textos escolares a colegios públicos y particulares subvencionados.