El proceso de reconstrucción que viene
Un balance desolador dejó la información entregada por el Gobierno y que revela que el daño causado por los incendios forestales que asolaron la zona centro sur del país durante el mes de febrero. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, se consumieron 440.976 hectáreas durante la actual temporada, principalmente en las regiones de Ñuble, La Araucanía y Biobío, esta última con casi la mitad del total: 209.646 hectáreas en 14 de las 33 comunas.
De esta forma, la emergencia vivida con mayor intensidad durante el mes pasado se convierte en la catástrofe más grande su tipo, considerando que los extensos siniestros ocurridos durante el verano de 2017 en la zona llegaron a afectan 125 mil hectáreas, una cifra altísima, pero claramente menor a la que se entregó este año.
Debido al avance del fuego fallecieron 26 personas, 17 de ellas solo en nuestra Región y, más precisamente, 14 en el denominado foco Santa Ana, el segundo mayor en la historia de Chile. A la vez, se informó también que el catastro de casas destruidas a nivel nacional alcanzó las 2.423, cifra que también se refleja en el Biobío, donde las viviendas consumidas superan las 1.706.
En cuanto a los damnificados, hasta hace unos días se informó desde la Seremi de Desarrollo Social que la cifra alcanzaba casi los 6.000, aunque todavía debían ser ingresados los antecedentes pendientes de parte de todas las Fichas Básicas de Emergencia, Fibe, que estaban siendo aplicadas localmente y que, según se informó, podrían arrojar cifras definitivas a partir de mañana lunes o durante la semana. Por ahora, los esfuerzos se han concentrado en llegar con el mayor número de insumos posibles tanto del Gobierno como de privados y la propia comunidad, en una etapa de ayuda temprana que se espera finalice durante la primera quincena de este mes con la entrega final de aportes económicos.
Desde la misma cartera también se ha explicado que una de las mayores dificultades de la emergencia ha sido, justamente, contabilizar la dimensión real de los daños, debido al carácter rural de las zonas afectadas, lo que ha dificultado la llegada a todos los sectores. Las comunas con mayor avance de este proceso eran, hasta hace algunos días, Santa Juana con 3.672 fichas Fibe aplicadas, Tomé con 801, Nacimiento con 485 y Arauco con 447.
Se trata de un instrumento clave, que es ciertamente la puerta de entrada a todos los beneficios sociales asociados al Estado para luego dar el siguiente paso, que es la aplicación de la Ficha 2, junto al Ministerio de Vivienda, para establecer quiénes reúnen los requisitos para la entrega de viviendas definitiva. Por ahora se están entregando nóminas elaboradas por los municipios y los informes Alfa, lo que permite entregas de casas de emergencia, que están en proceso de instalación. Por otra parte, ya se han entregado bonos de recuperación a 2.309 familias, que son parte del apoyo económico que dispone el Gobierno y donde Biobío concentra el 70% de los beneficiados del total a nivel nacional.
Sin embargo, el tema de fondo continúa siendo la instalación de viviendas de emergencia, que pese a las medidas anunciadas en cuanto a aumentar los proveedores y comprometer la construcción de 100 viviendas a la semana, no será posible concluir en su totalidad antes de mayo, según lo han señalado las propias autoridades. De ahí en adelante, se ha informado que la reconstrucción definitiva no se alcanzará en menos de dos años, pero la experiencia de la Región del Biobío indica que no es posible anticipar con exactitud la extensión de este tipo de procesos en el periodo posterior a una catástrofe.
Por otra parte, el Gobierno trabaja con diversos gremios con el objetivo de diseñar el futuro trabajo legislativo, así como también compartir las lecciones obtenidas de la emergencia y evaluar la intencionalidad de algunos de los siniestros, que ha sido el tema recurrente de distintos representantes en los últimos días.
De hecho, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se reunió con Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma,, y representantes de Pymemad y de la Asociación Chilena de Biomasa, entre otros, para analizar estos temas.
Allí, el titular de la cartera aseguró que existe la intención del Ejecutivo de avanzar en legislación, tal como en algún momento se avanzó en una normativa contra el robo de madera. La Corma informó que han presentado 731 denuncias y querellas ante la Fiscalía por 1.300 incendios forestales que los brigadistas expertos calificaron como intencionados.
En cuanto a la reconstrucción, se planteó una lista de 15 propuestas que presentaron al Gobierno, con el fin de que el proceso de aborde de forma integral. Uno de ellos es el ordenamiento territorial y el manejo de las condiciones del suelo, además de hacerse cargo de la emergencia social general, una urgencia en que concuerdan todos los sectores involucrados.
Se ha informado que la reconstrucción definitiva no se alcanzará en menos de dos años, pero la experiencia de la Región del Biobío indica que no es posible anticipar con exactitud la extensión de este tipo de procesos.