Deudores de pensiones de alimentos
El 18 de noviembre pasado comenzó a regir en plenitud la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y cuya finalidad es perfeccionar el sistema de pago en favor de los hijos. La iniciativa fue promulgada en el Diario Oficial del 18 de noviembre de 2021, por el entonces Presidente, Sebastián Piñera.
Hace unos días el Ministerio de la Mujer ha entregado algunas cifras respecto de esta nueva herramienta que permite medir la magnitud de este fenómeno en Chile. El registro acumula 14.512 deudores inscritos, de ellos 14.091 son hombres (97,1%), y 421 son mujeres (2,9%). En total, al 19 de enero de 2023, las personas inscritas sumaban deudas por más de 23 mil millones de pesos, lo que a juicio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, da cuenta de la magnitud de este problema, ya que son derechos vulnerados de niños y adolescentes, y eso solo entre quienes han formalizado las pensiones en los tribunales.
La legislación establece doce medidas para penalizar a quienes deban tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas. El Registro Civil estará a cargo de mantener esos datos, que influirán en la retención obligatoria de fondos, desde créditos otorgados; de las devoluciones de impuestos; de la compraventa de vehículos e inmuebles y remuneraciones; además de establecerse trabas para obtener licencias de conducir y pasaportes. También la norma señala que será considerado un delito de violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones alimenticias, pues eso vulnera la autonomía, el patrimonio y la subsistencia de quienes tienen a cargo los niños y niñas.
Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. Los alimentarios deben solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si este tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores, mecanismo electrónico remoto, gratuito e inmediato, que puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Entre las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas. Desde marzo del presente año, la Comisión para el Mercado Financiero será la encargada de fiscalizar la ley de Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, también conocida como "ley papitos corazón" y deberá aplicar las sanciones según sea el caso. Asimismo, en mayo próximo entrará en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional.
Según una encuesta realizada en 2020 por el Ministerio de la Mujer y Cadem, el 46% de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y de éstas, un 65% no recibe contribución alguna de pensión. Sólo el 16% de los deudores de pensiones alimenticias se hace responsables del pago. Y del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65% forma parte de la población de menores ingresos. Las causas por pensiones de alimentos se encuentran entre las más vistas por los Tribunales de Familia del país. Son parte del 53% de las situaciones que esos juzgados conocen mensualmente, junto a la violencia intrafamiliar y la vulneración de derechos.
El registro acumula 14.512 deudores inscritos, que en total suman 23 mil millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud de este problema, ya que son derechos vulnerados de los hijos.