Un año de la promulgación de ley sobre comercio ilegal
En el mes de febrero, ya por comenzar, se cumplirá un año desde que fue promulgada la nueva normativa sobre comercio ilegal, que según se informó tiene por principal objetivo combatir la transacción de objetos falsificados, robados o no autorizados, dotando a las policías y al Ministerio Público de nuevos mecanismos que faciliten la labor investigativa y de fiscalización.
La ley, que fue despachada por el Congreso en el mes de diciembre del año 2021, permite identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado dedicadas al comercio ilegal, fortaleciendo la ley y sancionándola venta, reproducción, comercialización o receptación de productos falsificados o no autorizados.
Se trata, entonces, de una normativa cuyo principal objetivo es combatir el comercio ilegal y la piratería intelectual, dotando a las policías de mecanismos que faciliten la labor investigadora de esos complejos ilícitos. De hecho, de acuerdo con lo expresado en el debate parlamentario que se extendió previo a que se diera luz verde al trámite legislativo, la norma legal no tiene apunta a perseguir a los vendedores ambulantes, sino entregar herramientas de mejor fiscalización, que permitan identificar y desbaratar a las bandas de crimen organizado que se nutren de este mercado.
Entre los delitos que considera el texto legal, se encuentran la falsificación, reproducción o venta no autorizada de obras literarias, artísticas o científicas protegidas por la ley de propiedad intelectual. También se incluyen fonogramas, videogramas, discos fonográficos, cassettes, videocassettes, filmes o películas cinematográficas o programas computacionales protegidos por la ley de propiedad intelectual.
Las autoridades aseguran que el comercio ilegal normalmente va asociado a la delincuencia, ya que hay delitos de por medio y, además, donde hay concentración de vendedores hay más posibilidades de que se produzcan robos, hurtos o asaltos.
El comercio ilegal que se puede observar en zonas céntricas de varias comunas del Gran Concepción opera, al igual como ocurre con otros delitos como el tráfico de drogas, a través de asociaciones ilícitas, lo que dificulta la investigación y el acceso a pruebas judiciales. Por lo anterior, la ley contempla la figura de "entregas vigiladas o controladas" como procedimiento de investigación, que es permitir, con autorización de un juez de garantía, que el traslado o entrega de productos sospechosos o ilícitos siga su curso, mientras es vigilado por las policías y el Ministerio Público.
Junto a ello, hay que tener presente que este tipo de actividad ilícita daña, por una parte, a los verdaderos comerciantes, que cumplen con sus deberes, pagan sus impuestos y cumplen con las reglas laborales. Por otro lado, también afecta a los autores y dueños de la propiedad intelectual a través de la piratería, como es el caso de libros, discos y películas, entre otros.
A casi un año de vigencia, es importante conocer cómo esta ley ha sido incorporada al quehacer de las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Dentro de sus puntos más relevantes, la norma autoriza a fiscalizar su cumplimiento, pudiendo requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, así como los documentos que acrediten el origen de las especies que comercializan.
Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, al año las transacciones en comercio ilegal bordean los mil millones de dólares sin pago de IVA al Fisco y pérdidas por 160 millones. A nivel local, desde los municipios que mantienen mayor presencia de ventas ilegales en las calles, como son Concepción y Talcahuano, aseguraron que la ley está en línea con las ordenanzas ya vigentes, por lo que refuerza o da más herramientas para lograr una solución efectiva que, pese a las normas previas, todavía no es posible alcanzar.
A casi un año de vigencia, es importante conocer cómo esta ley ha sido incorporada al quehacer de las policías, inspectores municipales y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.