Ley "Consultorio Seguro" suma tres condenas en causas locales desde inicio de su vigencia durante 2019
La presidenta nacional de la Confusam expuso que, si bien la normativa es relevante, esta no se cumple como ellos esperan ya que no se denuncian todas las agresiones a la justicia. El 2022 hubo más de 600 notificaciones de hechos de violencia a los servicios de salud de la Región.
En los últimos años la violencia verbal y física en contra los funcionarios de la salud han ido en aumento y sólo en 2022 la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) informó que en la Región hubo más de 600 notificaciones de agresiones a los servicios de salud, pero sólo un número reducido se denuncia a la justicia.
Para sancionar estos hechos, es que el 13 diciembre de 2019 se promulgó la Ley 21.188, conocida como "Consultorio Seguro" que modificó otras leyes y endureció las sanciones en contra de quienes agredan al personal de salud.
A 3 años de la normativa, la información entregada por la Fiscalía, vía Transparencia, revela que hasta diciembre de 2022 habían ingresado 33 denuncias en el Biobío -hay 14 causas vigentes-, con 27 personas imputadas. Sin embargo, a la fecha el registro del Ministerio Público revela que sólo 3 personas han sido condenadas bajo esta normativa.
Pese a que se le solicitó a la Fiscalía Regional del Biobío referise a estas cifras, desde el área de comunicaciones expusieron que no tenían contemplado referirse a estos antecedentes.
Sobre la aplicación de la Ley, la presidenta nacional de la Confusam, Gabriel Flores, comentó que para el gremio fue relevante avanzar en esta ley, pero sostuvo que ésta no se cumple como ellos esperan, principalmente porque las jefaturas de los centros de salud no denuncian a la justicia debido a amenazas.
"Muchos son delincuentes, narcotraficantes, con problemas de salud mental. Éstos, amenazan con destruir vehículos, esperan a los funcionarios a la salida de los turnos y la verdad por temor, los jefes no denuncian. Producto de eso no han podido cumplir con lo que se requiere para llevarlos a juicio", declaró la dirigente gremial.
Flores contó que en 2022 se notificaron más de 600 agresiones de diversas características a los servicios de salud de la Región, pero de acuerdo con la información de la Fiscalía, a ellos sólo ingresaron 12 denuncias por hechos enmarcados en la Ley "Consultorio Seguro" el año pasado. Hay que recordar que, de acuerdo con la ley, las jefaturas o sostenedores de recintos de salud están obligados a denunciar a la justicia.
Municipios
De las 3 condenas en el Biobío, dos se dieron por una de las cuatro querellas que ha presentado la Municipalidad de San Pedro a través de su Departamento de Salud.
"Ya tenemos una condena, pero es una pena remitida, porque se trataba de personas acusadas de lesiones y que no tenían condenas anteriores, por lo tanto, se le ofreció la posibilidad de la salida alternativa a través de un juicio abreviado. Ahí reconocieron los hechos y se le aplicó la pena inferior posible de las respectivas infracciones", contó el abogado del Departamento de Salud de San Pedro de la Paz, Carlos Almanza, quien declaró que las otras tres denuncias aún no tienen resolución.
En específico, las dos personas sancionadas, tuvieron penas de 541 días por lesiones graves y la otra por persona tuvo una sanción de 41 días por lesiones leves. Ambos, cumplieron la pena en libertad.
Sobre la evaluación que realizan de la normativa, Almanza expuso que aún no se puede tener una evaluación certera de la aplicación de la ley, ya que son pocas las que tienen resolución, además precisó que los plazos para que estas tengan un resultado -más de dos años- están dentro de los tiempos que se demoran los procesos penales que lleva el Ministerio Público.
"Están dentro de los plazos normales. Efectivamente uno quisiera una rápida resolución, porque las agresiones a funcionarios son de alto impacto informativo", sostuvo el abogado del Departamento de Salud de la Municipalidad, quien aclaró que el cambio de la normativa aplica sanciones más altas, pero no modifica el procedimiento haciéndolo más rápido.
La directora de la DAS de Coronel, Melissa Cifuentes, expuso que la ley no ha cumplido con las expectativas, pero declaró que están trabajando, al igual que otras comunas, en mesas de seguridad (medida del Ministerio de Salud) para abordar la problemática y hacer las denuncias, cuando corresponda, a Fiscalía.
"A través de la mesa hemos podido resguardar de mejor manera a nuestros funcionarios en estos tiempos donde las agresiones han aumentado considerablemente y el tenor de éstas (…), Esta mesa de seguridad sí ha tenido un trabajo más consolidado que la Ley de Consultorio Seguro", aseguró Cifuentes.
Asimismo, comentó que han implementado medidas para reducir el riesgo de agresiones en diferentes recintos de salud de la comuna. En estos se han implementado cámaras de seguridad, botones de pánico dentro de los boxes, entre otras acciones.
12 denuncias ingresaron durante el 2022 a la Fiscalía en el marco de la "Ley Consultorio Seguro".
27 personas han sido imputadas desde 2019 bajo la Ley 21.188 que endurece las sanciones en contra quienes agreden a los funcionarios de salud.