Por Agencias

Adías de que el Gobierno peruano expresara su "enérgica protesta por actos injerencistas" por parte del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante esta última jornada el mandatario se volvió a inmiscuir e invitó a Estados Unidos a "ayudar a abrir una mesa de dialogo político para ayudar a la sociedad peruana a una transición democrática en Perú" y poner fin a la crisis que atraviesa el país.

El jefe de Estado compartió un video en el que se ve a un pelotón de militares supuestamente llegando a una protesta en Puno, a lo que cuestionó: "A esto la Organización de Estados Americanos (OEA) lo llama una democracia".

"Invitaría a los EE.UU. a ayudar a abrir una mesa de diálogo político para ayudar a la sociedad peruana a una transición democrática en Perú", añadió el Presidente colombiano.

Petro había salido con anterioridad a defender al exmandatario peruano Pedro Castillo, algo que le valió el rechazo del Congreso peruano por "actos de intromisión".

El nuevo Gobierno de Perú ha mostrado su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo, al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país en una nota diplomática que el Ministerio de Exterior peruano entregó a la Embajada de Colombia.

Colombia también firmó un comunicado junto a los Gobiernos de México, Argentina y Bolivia asegurando que Castillo, al que aún reconocen como presidente, es "víctima de un antidemocrático hostigamiento", algo a lo que el Gobierno peruano respondió llamando a consultas a sus embajadores. Al ser consultado sobre si reconoce a Dina Boluarte como Presidenta, Petro evitó contestar.

Previamente al nuevo pronunciamiento de Petro, el Gobierno de Perú expresó el lunes, su "enérgica protesta por el acto de injerencia" del colombiano en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

Castillo fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso, después de anunciar que cerraría el Legislativo y gobernaría por decreto, y actualmente cumple prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, cargos por los que afronta una eventual condena a 10 años de cárcel.

Investigación a ministro

La presidenta Boluarte, por su parte, instó ayer a los "países amigos" a que apoyen la propuesta para adelantar la elecciones y lograr una salida "pacífica" a la crisis.

"Ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres", solicitó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, que celebró una sesión protocolaria para escuchar su retrato de la situación en el país.

Boluarte dijo que ha escuchado "con mucha atención" las intervenciones de sus colegas en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en Buenos Aires, y agradeció las muestras de preocupación y solidaridad con Perú.

Aun así, quiso formular una pregunta a sus homólogos de otros países: "¿Qué salida plantean frente a la crisis de Perú? ¿La salida de la violencia o de la de paz y la democracia?".

Durante la cumbre de la Celac, la canciller peruana, Ana Gervasi, lamentó el martes que haya Gobiernos que "no hayan acompañado a "Perú" tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, aunque no precisó a qué países se refería.

En su alocución ante la OEA, Boluarte recordó que solicitó al Congreso peruano aprobar "lo antes posible" el adelanto de las elecciones.

Un tribunal de La Habana sentenció con penas que van desde los cuatro años de "libertad limitada" hasta los 13 años de cárcel a 15 manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), las más masivas en décadas.

De acuerdo con el fallo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana los condenó por "sedición".

La sentencia -que no es firme y por tanto aún puede ser recurrida- corresponde a un juicio realizado en noviembre pasado y que provocó una gran atención mediática dentro de la isla.

Entre los juzgados se encontraba Jonathan Torres, un joven que al momento de los hechos tenía 17 años (el único menor en este proceso). Condenado a una pena de cuatro años de "limitación de libertad", es una de las 55 personas de 16 y 17 años que se enfrentó a un proceso penal por los hechos del 11J, según confirmó la Fiscalía General de Cuba.

En total, se dictaron 75 años acumulados de prisión para los manifestantes.

El tribunal consideró como hechos probados que los condenados se movilizaron en el habanero municipio de Arroyo Naranjo con "el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba".

Además los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el Presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, de acuerdo con el escrito, al menos tres de los acusados negaron haber estado presentes durante los hechos.

Cambios de delitos

El juicio se desarrolló con testigos presentados por la Fiscalía -en su mayoría policías- que fueron censurados por las defensas por sus cambios en los testimonios.

Durante el juicio se cambió la acusación de "atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir" por el delito de "sedición".

Este cambio provocó molestia porque este tipo penal implica "una intención de desestabilizar el orden del Estado", de acuerdo con el Código penal.

Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias, según el registro que llevan organizaciones no gubernamentales como Justicia 11J y Cubalex, pues no existen datos oficiales consolidados. De estos casos, algunas penas ascienden hasta los 30 años de cárcel por el delito de sedición.

El antiguo capo de la banda criminal colombiana el Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se declaró culpable de los cargos de narcotráfico de los que se le acusa en Estados Unidos, por los que podría ser condenado a un mínimo de 20 años.

"Culpable", confirmó Otoniel tras la lectura de cada uno de los cargos contra él: liderar una organización criminal de manera continuada, conspiración marítima para la introducción de narcóticos en Estados Unidos y conspiración para la distribución de narcóticos.

"Toneladas de cocaína se movieron con mi permiso y mis órdenes de Colombia a Panamá, Costa Rica, Honduras y México", con destino final a Estados Unidos, leyó Otoniel ante la jueza.

El capo colombiano, que tenía tres casos abiertos en Estados Unidos que se han fusionado en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, ya había mostrado anteriormente su intención de declararse culpable y alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

96 toneladas de coca

Otoniel, que compareció vestido con un traje carcelario de color azul claro grisáceo y el pelo muy corto, cifró en su declaración de culpabilidad en 96.856 kilogramos de cocaína, la cantidad de droga supervisada entre 2008 y 2021 por el Clan del Golfo, que contaba con oficinas para la recaudación de las ganancias de narcotráfico.

Según el acuerdo de extradición, la Justicia estadounidense no podrá imponerle la cadena perpetua, ya que esta pena no existe en Colombia.

Antes de que se declarara culpable, la jueza Dora Lizette Irizarry le preguntó si era plenamente consciente de lo que hacía y le informó de que al aceptar su culpabilidad renunciaba a su derecho de ser juzgado por un jurado.

Ante preguntas de la jueza, Otoniel aseguró que se estaba medicando porque tenía una dolencia cardíaca que no detalló.

El narco, que también acordó el pago de 216 millones de dólares, leyó brevemente su carrera paramilitar y criminal ante la jueza, en un documento en español que iba interrumpiendo para que la traductora pudiera repetir sus palabras en inglés.

Úsuga explicó que en 1997 se incorporó a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que describió como un grupo paramilitar de extrema derecha para combatir a las guerrillas. Junto a otros miembros comenzó a ofrecer seguridad a narcotraficantes que atravesaban la zona donde operaba.

En 2005 se desmovilizó y durante dos años estuvo en una organización para la incorporación a la vida civil de los desmilitarizados, agregó Otoniel, antes de agregar que en 2008 "debido al conflicto interno y a la situación de seguridad" se unió a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como también se conoce al Clan del Golfo, que comenzó a dirigir en 2009 tras la captura del entonces dirigente Rendón Herrera, alias Don Mario.