Por Redacción

El Presidente Gabriel Boric enfrentó ayer una seria disputa con la Corte Suprema tras afirmar el lunes, cuando estaba en Brasil para participar en el cambio de mando presidencial, que entre las razones que lo llevaron a indultar al exfrentista Jorge Mateluna -y a otros 12 detenidos por delitos relacionados con el 18-O- estaban su "convicción de la inocencia" del condenado por el robo a un banco y que en el proceso hubo "irregularidades".

Ayer el máximo tribunal emitió una declaración cuestionando duramente al Mandatario, al que acusó de inmiscuirse en un asunto que corresponde a otro poder del Estado.

Tras una reunión extraordinaria, el pleno del máximo tribunal expuso que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos", sentenciaron los magistrados.

En el texto también se da a conocer que "el ministro señor (Leopoldo) Llanos estuvo por no emitir declaración pública, sin perjuicio de hacer presente en forma privada al Presidente de la República la inconveniencia de efectuar las expresiones que fueron reproducidas por los medios de prensa respecto de las actuaciones de este Poder del Estado".

Poco después, la Fiscalía Metropolitana Occidente también defendió la investigación contra Mateluna y afirmó que la condena estuvo bien aplicada. El día del asalto a la sucursal del Banco Santander en Pudahuel, el 17 de junio de 2013, en el que se usaron armas de guerra, "el señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos. Lo anterior fue refrendado en todas las instancias judiciales", desde los jueces de garantía hasta la Corte Suprema.

De igual forma, la Fiscalía remarcó que "todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el recurso de revisión".

Boric de acuerdo

Boric leyó en La Moneda una declaración expresando que "independientemente de mi opinión personal respecto del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como Presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes".

También enumeró beneficios similares otorgados por sus antecesores y dijo compartir "plenamente el recordatorio que realizara la Corte Suprema respecto de la importancia" de la separación de los poderes del Estado y enfatizó que "la facultad del indulto, de la cual he hecho uso, no pone en cuestión esta norma esencial de la separación de poderes de nuestro sistema político, que personalmente respeto, valoro y haré respetar".

Por lo mismo, Boric admitió que "sería una muy mala noticia para nuestro país que como Presidente de la República iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor de la orbe".

A ello se sumó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que "todo el contenido de la declaración de la Corte Suprema, el Ejecutivo la comparte y no nos parece que en lo más mínimo afecte al rol que le toca al Presidente en el ejercicio de sus funciones".

La bancada de diputados de la UDI informó ayer que buscará reunir las firmas necesarias para emprender una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en respuesta a los indultos otorgados por el Presidente Boric a 13 personas condenadas a penas efectivas. Además, el timonel de la colectividad, senador Javier Macaya, dijo que se analiza levantar una acción similar contra el propio Mandatario.

De acuerdo al jefe de ese comité, Jorge Alessandri, el libelo pretende indagar "eventuales irregularidades en los decretos de indulto y eventuales infracciones a la ley en el otorgamiento de beneficios carcelarios".

Respuesta de ríos

La Cámara de Diputados, en tanto, fijó una sesión especial para hoy por el caso "indultos", citando a la ministra Ríos y solicitando la presencia del Presidente Boric.

La petición la realizaron los UDI Cristián Labbé y Guillermo Ramírez y fue respaldada por legisladores independientes, del PDG, RN y Evópoli, y la cita quedó fijada para las 19:30 de hoy.

"El Presidente está cruzando una línea roja en materia de separación de poderes, desconociendo los distintos fallos que emanaron los tribunales de justicia", dijeron los gremialistas.

Más allá fue el senador Macaya, quien afirmó que en su opinión los indultos de Boric se ejercieron "por razones políticas" y afirmó que si el decreto que liberó específicamente a Mateluna alude a razones similares a las expresadas por el Presidente en Brasil, "sería argumento muy sólido para una acusación constitucional" en su contra, ampliando la intención inicial de sus socios de coalición.

Ante estos anuncios, la ministra de Justicia afirmó que "de acuerdo con la Constitución, es facultad del Presidente otorgar estos indultos; todos, desde el retorno a la democracia, han otorgado indultos particulares, está normado".

Sobre el libelo en su contra, respondió que se trata de "una facultad de la Cámara de Diputados, somos respetuosos de las facultades del Poder Legislativo y estamos disponibles para concurrir a los procedimientos que sean necesarios y responder cualquier duda que tengan las y los diputados".

El presidente Boric cometió un severo error cuando intentó explicar los fundamentos de la decisión de indultar a Jorge Mateluna. Entonces esgrimió en favor de su decisión la opinión de juristas que, al analizar con seriedad el caso -esa fue la expresión que usó- habría concluido que había en él irregularidades.

Como la situación de Mateluna era el resultado de un largo proceso judicial (que incluyó un recurso de revisión, una medida del todo excepcional) las palabras del presidente equivalían a decir que la Corte Suprema no habría obrado con seriedad o habría consentido irregularidades o no las habría advertido.

Y que el indulto suyo habría venido entonces a enmendar o corregir esa irregularidad.

Se trata de un severo error.

Porque esas palabras sugieren que el presidente Gabriel Boric no comprende las características del sistema legal que está llamado a custodiar.

El presidente carece de facultades para corregir lo que, en opinión suya, son irregularidades en un proceso judicial (aunque, como ocurre en este caso, esa opinión cuente con el respaldo de juristas de indudable prestigio) y ello porque, por definición, son los jueces quienes tienen la última palabra a la hora de decir qué es jurídicamente correcto y qué no.

Ese es el principio básico del estado de derecho.

Los litigantes o los juristas que participaron del caso pueden sostener que los jueces se equivocaron y otros observadores pueden coincidir con ellos (para eso están las revistas de derecho y el foro público); pero el presidente de la república no puede sostenerlo puesto que a él le corresponde custodiar los principios sobre los que descansa el derecho, el principal de los cuales es que los jueces son quienes tienen la última palabra a la hora de decir qué es jurídicamente correcto y qué no. Este principio no significa atribuir a los jueces una virtud epistémica (una especial capacidad para decidir correctamente) sino que significa aceptar que son ellos quienes deciden, en última instancia, los asuntos controvertidos que se entregan a su conocimiento. Y es que, bien mirado, el carácter institucional de lo que llamamos derecho depende, en buena medida, de la existencia de órganos encargados de decidir de manera independiente y definitiva cuándo un caso cae bajo una regla y cuándo se aparta de ella. Una sociedad podría contar con poder legislativo y ejecutivo; pero si no cuenta con jueces independientes es muy difícil pretender que siquiera se asemeje a lo que llamamos derecho. Imagine usted una sociedad con Congreso y Presidencia de la república; pero sin jueces y verá que allí el derecho en rigor no existiría.

Ese principio -el principio de que los jueces tienen la última palabra al decir qué es jurídicamente correcto y qué no- es el que el presidente pareció desconocer al explicar el indulto que decidió.

Es probable que el presidente haya dicho eso (que motivó un reproche del pleno de la Corte Suprema) sin advertir que al decirlo estaba contrariando lo que, por mandato constitucional, debía tutelar; pero si así fuera, si el presidente hubiera dicho lo que dijo sin conciencia de lo que decía, sin darse cuenta de ello, por mero descuido, o dejándose llevar por el afán de hacer frases, el asunto sería aún peor. El presidente no es un observador o crítico de las decisiones judiciales, o un comentarista de ellas, o un corrector de lo que le parezcan errores, sino un custodio de la facultad autónoma que poseen los jueces a la hora de adoptarlas.

El error del presidente no radicó pues en la decisión de indultar (la facultad que tenía para hacerlo es indudable) sino en las razones que esgrimió para hacerlo.

Carlos

Peña