Por Agencias

Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por adherentes del destituido presidente Pedro Castillo que piden la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, y el cierre del Congreso. Otro grupo se tomó el aeropuerto de Arequipa, que fue recuperado horas más tarde por las Fuerzas Armadas, mientras que un tercer manifestante murió en protestas que ni siquiera declinaron tras el anuncio de elecciones anticipadas.

Boluarte declaró este lunes estado de emergencia "en las zonas de alta conflictividad social", donde han ocurrido las manifestaciones más violentas. "Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía", dijo la presidenta, sin detallar a qué zonas se refería.

Ocho horas después, las autoridades peruanas comunicaban la recuperación, "gracias a las Fuerzas Armadas", del control del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, que había sido tomado por manifestantes, dijo en el Congreso el ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola.

La ocupación del recinto se produjo cuando cientos de personas se volcaron a las instalaciones y pistas. "Nuestro aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de la ciudad de Arequipa ha sido invadido por un grupo de manifestantes que han ingresado mediante el cerco perimétrico, destruyendo la infraestructura de seguridad e incendiando la caseta de control, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los pasajeros, nuestro equipo y las operaciones aéreas", anunció el operador Aeropuertos Andinos de Perú.

Ante esta situación, se procedió "a evacuar a todas las personas que se encuentran en nuestro terminal aéreo y comunicar el cierre del aeropuerto con la finalidad de garantizar la seguridad operacional del aeropuerto".

También una empresa

Mientras tanto, otro grupo de manifestantes trató de asaltar lunes una planta láctea de la empresa Gloria, en la periferia de Arequipa.

Fuentes de la Policía Nacional de Perú (PNP) negaron que los violentistas hubieran conseguido tomar la fábrica, ubicada en el sector Alto Siguas.

Aun así, los trabajadores de la empresa Gloria de otros puntos de la provincia fueron desalojados por seguridad.

Al cierre de esta edición, se reportaba además la muerte de un tercer manifestante, luego del deceso de otros dos el domingo en la ciudad de Andahuaylas, cuando participaban en una protesta.

El primer fallecido era un adolescente de 15 años identificado por las iniciales D.A.Q., mientras que el segundo era Becam Romario Quispe Garfias, de 18 años.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares", dijo Boluarte.

Ante el caos, la violencia y las muertes, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su temor por una posible escalada de las tensiones en Perú ante el aumento de las protestas en diversas regiones del país y pidió tanto a manifestantes como a la policía que actúen con contención.

Adelantar elecciones

Boluarte, quien se había resistido a entregar una respuesta clara sobre adelantar las elecciones, comunicó ayer que "he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024", declinando completar su periodo en julio de 2026.

Aclaró que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales "que deberían ser aprobadas para el procedimiento más expeditivo".

"En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita (...) contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo", indicó poco antes de ingresar el proyecto al Parlamento, junto con anunciar otro que permitirá destituir a jefes de Estado que sean investigados por corrupción.

El expresidente peruano Pedro Castillo publicó este lunes una carta desde su centro de arresto al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que escribió que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

"Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros", reza una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.

Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.

Frente a esta situación, el exmandatario dijo en su carta de este lunes que es "incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional" que asegura ostentar "como presidente" y afirmó que no renunciará a sus "altas y sagradas funciones".

Posteriormente, criticó a Boluarte, elegida como vicepresidenta en la fórmula que encabezó él en las elecciones de 2021 y que juró el cargo de jefa de Estado tras su destitución. Especialmente, cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.

"Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones", aseguró.

Finalmente, pidió que paren los "abusos", que se convoque a una asamblea constituyente y su "libertad inmediata".

El fin de semana circuló la versión de una supuesta carta de Castillo, donde hablaba de una "conspiración maquiavélica", difundida por el congresista Guido Bellido, quien además deslizó que el expresidene pudo haber sido drogado al momento antes de leer la declaración en la que disolvía el Congreso.

El Congreso peruano aprobó ayer una resolución que autorizó a levantar un fuero especial al expresidente Pedro Castillo, lo que abrió el camino para que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentara acto seguido una denuncia constitucional en su contra y tres de sus ministros, por delitos presuntos como rebelión y conspiración.

La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence mañana.

En un pleno extraordinario, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor, el Legislativo debatió el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

La Fiscalía señala a Castillo como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración".