Por Redacción

El Presidente Gabriel Boric afirmó ayer que el acuerdo entre los partidos políticos sobre las bases para la propuesta de nueva Constitución "se tiene que cerrar, no pueden seguir dilatándolo eternamente", ya que hoy se cumplen tres meses desde el plebiscito y todavía no hay consenso en cómo se realizará el nuevo proceso. Los partidos están realizando consultas internas y mañana se reunirán en el ex Congreso a las 9:00 horas.

"Espero que todos estén conscientes de que es importante que tengamos una nueva Constitución. Que nadie se atrinchere. Para lograr un acuerdo todos tienen que ceder", pidió el Mandatario a las colectividades del oficialismo y la oposición, que este fin de semana realizarían consultas internas para mañana llegar al ex Congreso con el ánimo de cerrar el acuerdo sobre las bases constitucionales.

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien lidera el diálogo del Gobierno con los partidos, destacó la buena disposición de todas las partes: "No hay intransigentes", afirmó, porque todos están trabajando en pos de un acuerdo.

Boric agregó que "para nosotros es importante que este proceso tenga legitimidad ciudadana, y eso requiere que los constituyentes sean electos, así lo hemos planteado" en el oficialismo, donde se defiende la idea de un órgano elegido en su totalidad por la ciudadanía, mientras la oposición propone que 50 miembros lleguen mediante votación y 50 sean expertos nombrados por el Congreso.

"Nosotros confiamos en la ciudadanía y en el criterio de la ciudadanía de decidir", señaló el Presidente, quien está "atento a la propuesta, pero esto se tiene que cerrar, no pueden seguir dilatándolo eternamente".

Estas palabras se dieron en la Cuenta de Gestión en Participación Ciudadana realizada en el Museo de Historia Natural, en Quinta Normal, donde Boric hace unos meses presentó a su primer gabinete, también acompañado por diversas organizaciones sociales, ya que, según dijo ayer, "la política no es solamente patrimonio de lo que pasa en el Parlamento o en las negociaciones ahora encerradísimas del nuevo proceso constituyente. (...) La política es también lo que hacen en los barrios".

En la jornada participó la cantante Javiera Parra y terminó con un "pie de cueca con el ministro (de Educación) Marco Antonio Ávila", señaló la vocera Camila Vallejo en Twitter.

"contrapesos"

El secretario general de RN, Diego Schalper, advirtió que "lo que hoy la ciudadanía demanda es un proceso con frenos y contrapesos, con estabilidad, y creemos además que es lo que necesita el Gobierno", a causa de la "baja popularidad. (...) La mejor manera de ayudar al Gobierno es precisamente un proceso con poca inestabilidad y con poca incertidumbre".

Representantes del oficialismo y la DC se reunirían ayer, luego de que el jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Eric Aedo, señalara en radio Cooperativa que apoya "una convención 100% elegida democráticamente, pero si el bien de Chile lo demanda, si la certeza que requiere hoy la gente demanda un acuerdo distinto, estamos disponibles".

El Gobierno encara un uevo desafío al tener que enfrentar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolver pagos excesivos de sus afiliados desde 2019, cuestión que tendría en extremo complicadas a las aseguradoras privadas de salud.

El escenario ha provocado varias opiniones de ex autoridades, ninguna muy optimista.

El Ministerio de Salud se reunió el viernes con la Asociación de Isapres, cita que terminó sin declaraciones y con un comunicado de la Superintendencia de Salud afirmando que "hemos escuchado al presidente de la Asociación y la postura de cada uno de los representantes de las aseguradoras respecto a las instrucciones que nos ha mandatado la Excelentísima Corte Suprema", es decir, el reajuste de los planes según la tabla de valores de 2019 y la devolución de los excedentes cobrados a los afiliados desde aquel año a la fecha.

Según El Mercurio, en la cita las isapres propusieron dos opciones al Minsal para enfrentar este desafío a través de dos leyes "cortas". La primera sería el inicio de la transición al modelo de reforma, donde las compañías administren el porcentaje por sobre la cotización del 7%, mientras el monto obligatorio sería cubierto por Fonasa. La segunda opción sería comenzar el traspaso de la cartera a Fonasa, hasta que las isapres se conviertan en seguros complementarios, lo cual ha sido cuestionado por exautoridades ya que significaría el ingreso de más de tres millones de personas al sistema público y sus listas de espera.

El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, se preguntó en radio Cooperativa si la "ley corta" buscará "darle estabilidad" al sistema, o sólo se tratará de "aprobar algo para salvar esta situación puntual que generó la Corte Suprema". "El sistema privado tiene problemas de fondo y, si uno quiere ser responsable en esto, debe decir que hay un proyecto de ley de reforma al sistema privado ingresado desde el año 2010", destacó el abogado, porque "antes de los procesos de judicialización" existía "un plan de salud universal, igual para todas las isapres y puede ser igual para Fonasa. Es un plan básico, pero cubre todas las necesidades".

La diputada y exministra de Salud, Helia Molina (PPD), dijo que si el fallo genera "entre comillas, digo yo, una crisis financiera de las isapres que dicen que están viviendo, (...) tendremos que buscar como país el mecanismo que no dañe nuestro erario público, porque ellos son privados con fines de lucro" y "cuando tienen problemas vienen al Estado, pero siempre el discurso es que el Estado no sirve de nada y que todo tiene que ser privado". Sin embargo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich opinó en CNN que se trata de "un terremoto no solo para las isapres (…) sino que para todo el sistema de salud en su conjunto y las personas".

El master en Salud Pública del King's College de Londres, Juan Carlos Said, agregó que "vamos derecho a un seguro único, pero a la mala, sin planificar, sin reforma legal, sin nada. Una especie de pase lo que pase. La Suprema, en la práctica, le acaba de cambiar las prioridades legislativas al Gobierno. Les guste o no".

Casi un mes se extendió la negociación entre el Gobierno y los funcionarios del sector público para definir el reajuste salarial anual, el que consideró el alto nivel de inflación que se registra en el país.

Tras una última reunión, que se extendió por unas tres horas, el Gobierno anotó una victoria al conseguir que 15 de los 16 gremios que integraban la mesa del sector público, aceptaran la propuesta de un incremento del 12% nominal.

La cifra ofertada por el Gobierno es muy superior al 7,8% de alza que presentó la primera vez y que luego subió a 8,5% hasta llegar a 9,5% el jueves pasado.

En la negociación se barajaron diversas cifras desde el sector público, sin embargo, el piso mínimo quedó en 12%, lo que finalmente fue concedido por el Gobierno, anotando el incremento más alto desde 2008, cuando se otorgó 10%.

El sector público tenía como objetivo lograr un reajuste salarial que fuera acorde a la inflación registrada a nivel nacional, que según el Banco Central, se ubica en 12% para este año.

"Este acuerdo contempla un reajuste de 12% para todos los trabajadores con rentas brutas mensualizadas de hasta $2.200.000 y un reajuste de un monto fijo de $264.000 para trabajadores con rentas superiores a $2.200.000", detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara dijo que el acuerdo permitirá avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios públicos y "también en una agenda laboral que comprometemos como gobierno".

Marcel agregó que también se acordaron "valores para aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, bono de escolaridad y vacaciones, y una serie de otros beneficios, incluyendo a los trabajadores de más bajas rentas y de zonas extremas del país".

Mañana la propuesta será analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara.