Es imposible entender la historia y desarrollo de las regiones sin considerar sus universidades. Los centros universitarios regionales adscritos al Consejo de Rectores y que conforman la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), se despliegan desde Arica a Punta Arenas. Según datos aportados por la presidenta de la AUR Natacha Pino, rectora de la Universidad de Aysén, su matrícula es de 230.000 estudiantes (alrededor de un tercio del sistema) y sus comunidades académicas suman 20 mil docentes e investigadores/as.

Se trata de universidades acreditadas, que aportan del orden del 40 al 45 por ciento de la investigación indexada en Chile y captan 35-38 por ciento de los recursos públicos (Ministerio de Educación, Corfo, ANID y otros), impulsando proyectos vinculados a los desafíos históricos, sociales, ambientales, productivos y tecnológicos de su entorno.

Aportan "vida universitaria" -además de empleo y servicios- a las ciudades y enriquecen el entramado social y cultural. Cubren amplias áreas del saber y son formadoras de quienes protagonizan el desarrollo regional: autoridades y dirigentes; empresarios/as y ejecutivos/as; profesionales e intelectuales. Colaboran activamente en las estrategias y políticas públicas de sus regiones y acogen e integran a los grupos socio-territoriales más vulnerables o marginados, pueblos originarios, mundo campesino, comunidades aisladas, población penal, personas con discapacidad, inmigrantes y adultos mayores. Más que universidades, son polos de desarrollo.

Los planteles de la AUR se alzan como uno de los cuatro principales agentes de progreso de las regiones, junto con la sociedad civil y los sectores público y privado. En este escenario, el desafío es implementar un trabajo colaborativo basado en un modelo de cuádruple hélice, que involucre a organismos del Estado, el mundo empresarial, la academia y las comunidades, y que permita ir más allá de los diagnósticos, gran parte de los cuales ya están hechos y son conocidos. Debemos superar desconfianzas y visualizar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos concretos.

Hoy las regiones nos exigen -y es también de interés para la AUR-, fortalecer el trabajo conjunto con los distintos actores, incluyendo la colaboración interuniversitaria. Las universidades deben continuar proyectando su energía hacia un ecosistema superior, en el que la cooperación es la gran herramienta para alcanzar un mejor entendimiento, crecimiento y bienestar de nuestras comunidades.

El actual escenario de múltiples crisis tanto social, ambiental y sanitaria como económica, entre otras, ha estado vinculado con un posible aumento de la pobreza en nuestro país, que constataremos con los resultados de la Encuesta Casen del próximo año. La preocupación por este incremento volvió a poner en la agenda la discusión sobre cómo entendemos y, por tanto, cómo abordamos este fenómeno.

Para la Fundación Superación de la Pobreza -Servicio País, este problema debe ser comprendido y analizado de una manera amplia y multidimensional. Por supuesto otorgando el valor que tiene la dimensión económica, sobre todo en tiempos de inflación, pero no olvidando que también la pobreza se genera y persiste gracias a prácticas, relaciones y vivencias asimétricas, de exclusión, humillación, de falta de protagonismo de las comunidades sobre su devenir y por los lazos sociales fracturados que acarrean consigo individualismo y abandono.

Es así como superar la pobreza es tarea de todos y todas. Estado, privados y sociedad civil. Como parte de este tercer sector, llevamos 27 años trabajando para articular oportunidades, instituciones, territorios y comunidades. Un ejemplo de esto, son las alianzas virtuosas que se pueden generar entre la academia y la sociedad civil para ir en beneficio de territorios y comunidades fortaleciendo capacidades y oportunidades de desarrollo.

Las alianzas con la academia nos han permitido promover acciones de voluntariado que contribuyen a la revinculación social en tiempos donde más que nunca es importante encontrarnos, comprendernos y trabajar en colectivo. Aquí los y las jóvenes han sido actores y actrices fundamentales. Los hemos invitado a desplegar su capacidad de impulsar cambios, a través de la participación en el desarrollo de Tesis País, Prácticas País, Voluntariado e inclusive la participación en nuestro emblemático Programa Servicio País.

Según la última Encuesta Nacional de Juventudes recientemente entregada por el Injuv, uno de cada tres jóvenes participó de un voluntariado. Esta es la cifra más alta de los últimos siete años, resultado que revitaliza nuestro compromiso para destinar esfuerzos al trabajo con jóvenes. Motivarlos y formarlos es una inversión en capital humano para el país, ya que constituyen la generación que tomará decisiones e incidirá desde su quehacer profesional, en mejorar la calidad de vida de personas y comunidades.

El 5 de diciembre, como todos los años, estamos conmemorando el día del voluntario/a, por lo cual extendemos nuestro saludo y reconocimiento para todos y todas quienes desde la acción individual y colectiva se comprometen por un país sin pobreza. El voluntariado genera transformación social, no sólo para las comunidades destinatarias de esta acción, sino también para quienes lo ejercen, pues es una forma de participación ciudadana que aporta a construir sociedades más justas, equitativas y fraternas.

Hemos visto como los distintos actores políticos y autoridades se han pronunciado sobre la compleja situación por la que atraviesa el sector construcción. Por su parte, los medios de comunicación han informado profusamente respecto de las razones de la "tormenta" que vive la industria: alza de los precios de materiales y mano de obra, aumento en traslados, menores stock de insumos, trabas crediticias, burocracia estatal y demora en los plazos de pagos por parte del Estado, entre los principales.

El Banco Central se pronunció hace algunas semanas, a través de su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, sobre su preocupación ante el panorama que enfrentan empresas del rubro y que ha llevado a informar de quiebras en algunas de ellas.

Todo lo recogido pone el foco en las organizaciones y la industria en general, como motor de la economía; pero no detalla aspectos, quizás, más invisibles, pero de similar importancia.

En primer lugar, el golpe más duro lo están recibiendo medianas y pequeñas empresas y sus proyectos. Muchas de las cuales, mantienen una incertidumbre y presentan estrechez de sus márgenes operacionales.

Como es sabido son esas organizaciones -de menor tamaño- las que generan la mayor cantidad de empleos en el país y las que, en el caso de la CChC Concepción, forman en un 80% nuestro gremio local.

Por otra parte, el difícil momento no sólo ha puesto en peligro obras privadas, sino que también, tiene en riesgo a obras de infraestructura pública. En la Región, ha sido el Puente Bicentenario una de las más emblemáticas y que retrasará su puesta en marcha en, a lo menos tres años. El efecto es que la ciudad se queda sin un puente, tan necesario cuando la congestión es uno de los principales males que sufren los habitantes.

Asimismo, con la paralización de obras se destruyen puestos de trabajo, dejando a familias sin una fuente laboral. A esto se agrega, que habitantes que iban a ser beneficiados por los proyectos se quedan sin escuelas, comisarías, centros de atención de salud familiar, impactando en su desarrollo y bienestar.

En este contexto, como gremio valoramos el reajuste aplicado por el ministerio de Obras Públicas a obras nuevas e iniciativas que estén en marcha, evitando así una debacle para las empresas, pero, sobre todo, que se puedan mantener inversiones necesarias para la población.

Lo importante, es que esta medida se materialice lo antes posible, teniendo en cuenta que el entorno macroeconómico continuará complejo.

La industria necesita ser mirada con un sentido de urgencia. Con mesas de trabajo público-privadas que reduzcan los nudos críticos en la burocracia estatal y que se profundice la Agenda Pro Inversión.

Esta última, con una línea de financiamiento especial para empresas de la construcción y que se enfoque en disminuir los tiempos de recepción y entrega de permisos de edificación en las DOM. Asimismo, cumplir con el pago oportuno por servicios prestados por parte del Estado, entre otras propuestas.

Como también, se esperan mecanismos para abordar controversias y postergar en seis meses el inicio del proceso del Crédito Especial para Empresas de la Construcción.

En definitiva, lo que el momento requiere es "un nuevo trato para las obras de construcción".