Por Redacción

En US$500 millones se calcula la pérdida en las exportaciones de frutas por el paro de camioneros, que ayer cumplió una semana. A esto se añade que cerca de 200.000 personas que trabajan en cosecha y embalaje podrían ser despedidos por cese de funciones. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, instó ayer a los transportistas que "se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país". El oficialismo en reunión con el Presidente Gabriel Boric acordó que "no se les van a conceder más medidas".

Al cierre de esta edición se mantenían activos 46 focos de movilizaciones de transportistas, en diversas rutas del país. Desde el comienzo del paro, 19 personas han sido detenidas, indicó el Ejecutivo, de las cuales 11 han sido procesadas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) al bloquear la acción de Carabineros, provocar desórdenes, amenazas o barricadas.

En este escenario, el titular de Agricultura dijo que "el llamado es a los (transportistas) descolgados a refrendar los acuerdos" logrados entre La Moneda y la Confederación Nacional del Transporte De Carga (CNTC), junto a la Federación de Dueños de Camiones de la V Región (FedeQuinta), durante el domingo, que inyectará US$1.500 millones adicionales al Mecanismo estabilizador de precios de los combustibles (Mepco), además de congelar el valor del diésel en los próximos cuatro meses, período en que se trabajará un mecanismo estabilizador para que los combustibles no suban más de $15 cada 21 días.

Los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, no obstante, mantenían tomadas las bermas de carreteras como la Ruta 5, impidiendo la llegada de insumos a diversas comunas. Frente a esto, Valenzuela advirtió que "con la seguridad alimentaria no se juega y llevamos una semana de pesadilla", por lo que pidió "sensatez", ya que el Gobierno "ha mostrado voluntad de diálogo. (...) Espero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país".

Desalojo

Un coronel de Carabineros declaró el viernes en televisión que no tenía ninguna orden de desalojo hacia los camioneros que bloqueaban la entrada a la capital, esto provocó que el mismo día se reunieran autoridades de Gobierno con el alto mando de la institución y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), mientras los conductores organizaban asados en las rutas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, según La Tercera, llamó por teléfono al general director Ricardo Yáñez, a quien le hizo ver la equivocación del coronel y solicitó corregir públicamente sus declaraciones, a lo cual procedió, aunque no de forma pública, razón por la que el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, afirmó ante la prensa "no permitir esa situación y despejar (las rutas). Si hay alteración, está la orden de detener a las personas".

Las delegaciones presidenciales luego emitieron una resolución exenta para, en caso de que los transportistas se nieguen a desocupar las vías, "con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario y/o hubiere oposición de los actuales ocupantes, actuando al efecto con facultades de allanamiento y descerrajamiento, a fin de obtener la entrega de los inmuebles".

Monsalve ayer agregó en Tele 13 Radio que "los dirigentes que se mantienen en las carreteras tienen una disputa de protagonismo con los gremios tradicionales", por lo cual "el Gobierno va a actuar con decisión, tanto desde el punto de vista judicial como del punto de vista de despejar las rutas".

Un edificio en el que están las instalaciones de la empresa Oxiquim, ubicado en la comuna de Providencia, debió ser evacuado ante la presencia de un artefacto sospechoso que más tarde se confirmó era una bomba que afortunadamente no detonó por una falla eléctrica.

Equipos especializados de Carabineros llegaron hasta el lugar del hallazgo, en la esquina de las avenidas Santa María y Pedro de Valdivia, para inspeccionar un paquete abandonado que había sido reportado por un guardia.

Esto obligó también a suspender el tránsito de esa concurrida intersección, lo que generó gran congestión vehicular en los alrededores.

Una trabajadora del lugar señaló en ese momento que "un guardia encontró el aparato y llamó Paz Ciudadana y ellos a Carabineros. Dijo que era algo sospechoso con un reloj, estaba en el estacionamiento".

Luego del trabajo de funcionarios especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE), la Fiscalía informó que se trató de un "artefacto sin detonar" que fue retirado por los uniformados.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que "no podemos dar mucha información porque la primera fase es muy relevante. Es un artefacto explosivo que no detonó por un problema en el sistema eléctrico que tenía".

"alta potencia"

Consultado por si hay indicios de algún grupo que se adjudique el caso, Barros apuntó que "creemos que el foco tiene que ver más con la empresa (Oxiquim) que con el consulado (de Armenia, ubicado en el mismo edificio) toda vez que hemos tenido en el último tiempo algunas acciones de grupos anarquistas vinculados con empresas y temas ecológicos".

Agregó que "es la dinámica que hemos tenido en el último tiempo, son grupos que están vinculados al tema ecológico". También reveló que el artefacto "debería ser de alta potencia por el contendor que tenía. GOPE nos enviará la pericia".

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), leerá el jueves a las 11:00 horas (en Chile) el fallo sobre la soberanía uso de las aguas del Río Silala, que fluye en la frontera entre Chile y Bolivia, por la Región de Antofagasta. La canciller Antonia Urrejola señaló ayer que, tras el veredicto, espera iniciar "una agenda positiva" con el país vecino.

La Moneda en 2016 puso una demanda en La Haya contra Palacio Quemado, alegando que el Silala es un curso de agua internacional, por lo que el país tiene derecho al uso razonable y equitativo de sus aguas, luego de que el país vecino asegurara que el caudal fue desviado artificialmente, razón por la que espera una compensación por el aprovechamiento durante 100 años de estas aguas.

La ministra de Relaciones Exteriores dijo ayer que los alegatos "han durado seis años y este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante La Haya, y esperamos que a partir del fallo se abra una oportunidad para seguir trabajando con el país vecino en una agenda positiva".

El debate en la CIJ se transformó en un asunto de Estado al atravesar dos administraciones, donde "durante el Gobierno del Presidente Piñera se estableció una hoja de ruta de 12 puntos, que nos parece fundamental en materia de cooperación y diálogo con un país vecino y un país hermano", destacó Urrejola.

La subsecretaria de RR.EE. y agente de Chile ante La Haya, Ximena Fuentes, señaló que "creemos que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no sólo para Chile, porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que son los recursos hídricos".

Fuentes explicó que Bolivia negó durante años el carácter internacional del Silala, pero que terminó "reconociéndolo" en abril, por lo que el debate actual es el flujo extra que originaron unas canalizaciones construidas al inicio del siglo XX.