"Durante este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha realizado la fiscalización en 38 oportunidades en el marco de la investigación del delito de robo de maderas (en las provincias de Arauco y Biobío), sin embargo, en los tres últimos meses, una vez que se aprobó la ley que tipifica este delito, ha tenido cero investigaciones, cero fiscalización".

Esto aseguró el diputado Eric Aedo, quien preside la comisión investigadora de Criminalidad y el robo de madera en la Macrozona Sur, cuya última sesión tenía precisamente como invitados a la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza; y el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett; a quienes el parlamentario aseguró que pedirían explicación respecto a la situación detectada.

Fiscalizaciones

El diputado apuntó a que las cifras fueron entregadas en la última sesión de análisis del estado de excepción que se realizó en la Delegación Presidencial de la Región del Biobío, por lo que aseguró que no se entiende que no exista un programa de fiscalizaciones a los aserraderos de la zona que se encuentran identificados y que forman parte de un movimiento del orden de los $100 millones de dólares.

"El parlamentario agregó que "tampoco se entiende como este organismo público no coordina procedimientos de control, por ejemplo, en los peajes de la carreteras de la zona, como es posible que frente a sus ojos circulen centenares de camiones con madera robada", agregó Aedo.

Al respecto, la delegada regional Daniela Dresdner al ser consultada por esta afirmación, indicó que solicitaría antecedentes al Servicio de Impuestos Internos sobre esta situación, pero también planteó que el Estado está ejerciendo también esa labor a través de fiscalizaciones con otros agentes.

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Díaz, indicó que no tiene información al respecto, pero aseguró que hace cuatro meses -al menos- el trabajo del SII en materia de fiscalización es prácticamente inexistente y que lo que se realizaba en esta materia se realizaba por querellas presentadas en los años 2016 y 2017; y que hubo algunas reactivaciones por peticiones de la Fiscalía regional hace unos dos meses.

última sesión DE LA COMISIÓN

En la sesión, la directora de Aduanas, Alejandra Arriaza, señaló -a los diputados que conforman la comisión de robo de madera- que se están tomando varias acciones apuntando a un enfoque en cuanto al crimen organizado, por ejemplo, a través de la incorporación de tecnologías, la mejora de mecanismos para identificar los riesgos en las operaciones de la aduana, considerando que los puertos del Biobío son los que exportan la mayor cantidad de mercancía relacionada a la madera. De todas maneras, aseguró que hasta el momento no tienen denuncias sobre operaciones relacionadas al contrabando de madera robada, ni indicios de aquello, por lo que se encuentran a la espera de información.

Por otra parte, Arriaza indicó que esperan que a través de los focos investigativos de la Fiscalía puedan establecer la información que deben intercambiar para establecer líneas de trabajo y descubrir la trazabilidad que permita llegar a un posible caso de procedencia ilícita de la materia prima o una exportación que puede ser directamente de la madera previa o posterior al procesamiento de la misma.

Por último, la directora detalló que entre las acciones que se están abordando desde Aduanas está la participación y trabajo activo en mesas de trabajo y convenios de intercambio de información con instituciones relacionadas al tema de exportaciones, además de integrar el Consejo Regional de Crimen organizado, desde donde se está trabajando en establecer un delegado aduanero en función de las solicitudes realizadas por las delegaciones regionales.

80% de la madera o sus derivados de la producción forestal se exportan a través de los 3 puertos ubicados en el Biobío

38 fiscalizaciones ha realizado durante el último año el SII en las provincias de Biobío y Arauco sobre el delito de robo de madera

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable a Carlos González Gaete de 75 años por el delito de femicidio íntimo en contra de su cónyuge, Ana Guerra Castañeda (66) el 15 de diciembre de 2020, esto como parte de las primeras condenas a nivel nacional que están dictándose con base a las disposiciones de la Ley Gabriela que se promulgó en 2020.

Así lo explicó el fiscal Andrés Barahona de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Concepción, quien además detalló que los hechos por los que condenaron al hombre ocurrieron el 2020 instancia en que el en su calidad de marido dio muerte a su esposa, lo cual tiene una pena que se extiende desde los 15 años y un día a presidio perpetuo calificado, ante lo que el Ministerio Público solicitó la máxima pena.

Respecto a los hechos que el tribunal dio por acreditado, el fiscal indicó que el adulto mayor "en un arrebato de ira y luego de un historial de varios años de violencia agredió con un hacha, fracturándole la cabeza a su esposa, al cometer este ilícito la familia tomó conocimiento de lo sucedido y concurrieron al lugar en el que estaba a solas el acusado con la víctima y fue detenido el mismo día de los hechos".

Además el fiscal indicó que entre las atenuantes se encuentran que el acusado llamó a la familia para dar cuenta del hecho, que había confesado, pero sin entregar mayores detalles; mientras que sobre las agravantes se encuentra la nueva legislación que dispone la condición de adulto mayor de la víctima y el registro histórico de violencia física y psíquica de la que fue víctima durante varias décadas de convivencia y matrimonio.

El acusado propinó a la víctima al menos siete golpes con el hacha, causando diversos traumatismos cráneo-encefálicos que le provocaron la muerte a su esposa, esto en el domicilio que ambos compartían en la población Michaihue en horas de la noche.

Según detalla la Fiscalía este es el primer caso que se investigó en el nuevo marco legal que sanciona la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de femicidio; y cuyo nombre fue un homenaje póstumo a la joven Gabriela Alcaíno Donoso que fue asesinada junto a su madre por su ex pololo.

Héctor Llaitul, conocido como uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, se unió a la huelga de hambre líquida que este fin de semana iniciaron nueve miembros de la organización para protestar ante la medida de traslado que los llevaría desde la Región de La Araucanía a Los Ríos.

Una de las personas que sería trasladada es hijo de Llaitul, se trata de Pelantaro Llaitul Pezoa, que junto a los otros 4 detenidos están siendo investigados por los ataques a una parcela en el norte de Temuco que destruyó un campamento de brigadistas forestales y también afectó al fundo San Luis entre Lautaro y Galvarino.

Cabe recordar que Héctor Llaitul se encuentra bajo la medida de prisión preventiva en el marco de una investigación en la que se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

En tanto, otro de sus hijos, Ernesto Llaitul Pezoa se encuentra en prisión preventiva como imputado junto a otras tres personas por el delito de dos incendios y dos homicidios frustrados ocurridos en los Saltos del Laja.

Un total de 5 máquinas de uso forestal y propiedad de la empresa agrícola Mont Bajo fueron quemadas en un predio distante a 2 km del área urbana de la comuna de Santa Bárbara, provincia de Biobío.

Según indicó el subprefecto Daniel León, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Los Ángeles, indicó que "se encontró evidencia relacionada a un lienzo en que manifiestan su rechazo en contra de las actividades que se desarrollaban acá en el lugar".

El hecho fue denunciado a personal de Carabineros cerca de las 7:30 horas de la mañana de ayer, y el panfleto indicaba además el rechazo a la presencia policial y de personal militar, las actividades forestales, extracción de áridos y exigía también la libertad a los denominados presos políticos mapuches y a aquellos de la denominada revuelta social, referente al estallido social ocurrido en 2019.