Por Nicolás Álvarez Arrau

Este 30 de noviembre se cumplirán dos meses desde que Enel Generación desconectó de la matriz energética nacional la central Bocamina II, planta de 350 MW de potencia instalada que funcionó en Coronel durante una década. Por años, y al igual que su antecesora, la termoeléctrica Bocamina I, la estructura generó desconfianza en algunos ciudadanos que acusaron ser víctimas de los efectos de una contaminación directa, emanada tanto de la central como de otras compañías que siguen operando en el sector. De hecho, Hernán Chadwick, presidente del directorio de la firma italiana, pidió disculpas en el marco de la ceremonia de cierre y reconoció que "esta planta no les hacía bien a los vecinos".

Bajo ese escenario, Enel Generación y la Municipalidad de Coronel firmaron un acuerdo para sacar adelante algunos compromisos y deudas, como la construcción de un parque urbano y la nueva escuela Rosa Medel, acciones a inaugurar en marzo de 2024, según estiman desde el municipio. En conversación con EL SUR, el alcalde Boris Chamorro comenta que el diseño de la escuela debiese culminar dentro de este mes, a fin de iniciar el proceso de licitación en diciembre, una vez traspasados los recursos de Enel. Respecto al parque, precisa que el proceso de licitación tendría que comenzar, a más tardar, en marzo de 2023.

El jefe comunal, sin embargo, ahondó en otros aspectos asociados a "los compromisos pendientes" que hay tras el cierre de Bocamina II. "La desconexión no tan solo es el fin en sí mismo, sino que se inicia un proceso de cierre de compromisos que se han asumido con la comunidad y también con distintas agrupaciones. Así como tiene compromisos la empresa, también tiene compromisos el Estado, y nosotros vamos a velar para que esos se concreten, por ejemplo, con las familias y niños con metales pesados", dice Chamorro.

La comunidad

Parte de la comunidad concuerda en este último punto. Juany Hernández, presidenta de la Agrupación de Niños y Adultos con Metales Pesados de Coronel, asegura que a la fecha sigue existiendo una deuda grande con las personas que representa. En total, contabiliza a unos 60 menores afectados por la presencia de elementos contaminantes. "Como familias afectadas no hemos tenido ningún tipo de reparación ni acompañamiento de algún estamento público", enfatiza.

La dirigenta añade que lo que se necesita es generar un seguimiento mucho más profundo a estas familias, "con estudios médicos más avanzados" y con nuevos chequeos para comprobar si siguen manteniendo metales pesados en sus cuerpos. Advierte también que las nuevas instancias debiesen ser lideradas por el Estado, "porque ellos pusieron a estas empresas en Coronel", a fin de avanzar y que las ayudas consideren becas de estudio u otros beneficios que no necesariamente sean económicos.

"Nos reunimos con el seremi de Salud (Eduardo Barra) hace casi un mes. Le pedimos que nos hicieran el mismo estudio que se les está haciendo a los trabajadores de Enel en el Hospital Regional. Me dijo que también se nos iba a hacer, pero que había que buscar los fondos, pues son caros, y que le diéramos hasta el primer trimestre de 2023 para comenzar a realizar los estudios de nuestros niños y familias", desliza Hernández.

En la misma línea, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Coronel, José Barra, insiste que tras la salida de la termoeléctrica sigue existiendo una serie de deudas pendientes, ya sea a nivel medioambiental, social y laboral. Uno de los que más preocupa es, justamente, este último, pues según sus cálculos hay alrededor de 60 personas de la comuna que prestaban servicios a la planta de forma indirecta y que hoy se mantienen en la incertidumbre.

Acusa también falta de información sobre el futuro de las instalaciones, "porque no lo tenemos claro". El dirigente vecinal reconoce eso sí que es probable que varios de estos puntos estén siendo previstos por parte de la empresa y el Estado, "pero falta que nos muestren un documento en donde se detallen todas las reparaciones hechas y todo lo que falta por hacer (…) Creemos que lo más adecuado es generar una mesa de trabajo entre todos los actores involucrados", puntualiza.

José Barra deja entrever además que hay reclamos de parte de familias que fueron erradicadas del sector en donde se emplazaba la planta y que no habrían sido compensadas como se les prometió, según advierte. Añade que hay otras seis que siguen ubicadas al lado de las instalaciones cerradas, en el sector Aroldo Figueroa, "que se mantuvieron hasta el final y no sabemos sobre su estado de salud por la contaminación".

Desde Enel comentan que si bien Bocamina II dejó de operar, la empresa "no se va de Coronel". Dicen que seguirán adelante con el parque urbano y la nueva escuela Rosa Medel, así como con aquellos acuerdos asociados a la reparación en un 100% de las viviendas de los vecinos de Doña Isidora y Huertos Familiares, que han planteado problemas constructivos. "Esta actividad tiene presupuestada ser terminada en los próximos años y considera el trabajo y análisis de expertos técnicos y también de reasentamiento, con la intención de subsanar de buena forma los inconvenientes provocados a las familias afectadas".

Respecto a la deuda medioambiental que acusan parte de los vecinos, afirman que no les parece que estas existan en los términos planteados. "Respecto a la supuesta presencia de metales pesados en niños, pese a las comunicaciones y declaraciones en prensa, no existen antecedentes que acrediten o atribuyan a nuestra operación en la zona la eventual presencia de metales pesados en las personas", aseguran.

En el Biobío son 12.879 las viviendas que se encuentran en distintas etapas de avance y que son parte del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno que busca reducir el déficit actual que tiene la Región.

Durante la segunda evaluación que realiza la Mesa Regional que realiza el seguimiento del plan, se informó que la iniciativa que apunta a tener 18.896 viviendas ejecutadas al término del periodo del Presidente Gabriel Boric registra un avance positivo.

"Vamos avanzando, tenemos inicios de proyectos habitacionales que se están realizando. La vez anterior dije al menos ocho inicios, pero ya llevamos nueve y nos quedan tres más, así es que estamos dando cuenta que hemos ido acelerando los distintos procesos administrativos, destrabando situaciones que son complejas desde el punto de vista de cubrir los déficits que tenemos para poder iniciar o terminar obras", analizó la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo.

Actualmente son 12.879 las viviendas que en la Región se encuentran en distintas etapas de avance, lo que refleja una importante cifra respecto a la meta que se impulsa.

"Desde la reunión anterior hemos podido constatar que el avance es prácticamente de un 10 por ciento a un 21 por ciento, que es la meta que tenemos a entregar de casi 19 mil viviendas en el período presidencial", detalló el director (s) de Serviu, Marcelo López.

Uno de los principales problemas que enfrenta el desafío plan, es que la pandemia gatilló un alza sustantiva en el precio de los materiales, por lo que desde el Ministerio de Vivienda se viene trabajando de manera sistemática en incrementar los montos para no afectar a las empresas y finalmente a las familias que buscan tener una vivienda digna y adecuada.

"Hay proyectos que están en proceso de ejecución y que ya tenían recursos desde antes y lo que se ha hecho es que se han ido apalancando estos, porque eran presupuestos que venían y que no estaban enfrentados a la situación de hoy día con el alza de precios de los materiales", comentó el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Álvaro García, quien añadió que se trabaja en programa como la industrialización de la vivienda para acortar los tiempos de aprobación y no afectar a las familias.

En el marco del Plan Buen Vivir, se elaboró un Plan Regional de Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental, desarrollando un programa de apoyo y contención socioemocional dirigido a los funcionarios del sistema comunal de educación de Tirúa, con un especial foco en la escuela de Quidico, Héctor Carrasco Heldt.

El trabajo fue de un equipo intersectorial conformado por profesionales de Educación y Salud, cuyos resultados se incluyeron en un informe de los distintos estamentos de la escuela, donde también hay recomendaciones. La seremi de Educación, Elizabeth Chávez, dijo que "entregamos los resultados de este trabajo realizado, con algunas sugerencia importantes, como es continuar trabajando la temática socioemocional y apoyar a los profesores constantemente".