Por Karlyng Silva Leal

"Se propone que, a contar de la sexta prórroga sucesiva del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, el Presidente de la República pueda decretar, siempre con acuerdo del Honorable Congreso Nacional, las siguientes prórrogas por un plazo de 60 días".

Esta es la principal modificación que señala el proyecto de ley ingresado ayer al Congreso por el gobierno para ampliar los periodos de votación en las prórrogas de los estados de excepción, medida que se evalúa cada 15 días por los parlamentarios y que mantiene vigente en la provincia de Arauco y Biobío, además de la región de La Araucanía debido a los hechos de violencia que aquejan la zona.

El texto detalla que, durante la vigencia de estas prórrogas extendidas, el Ejecutivo deberá informar a los diputados y senadores las medidas adoptadas en el marco de la medida constitucional cada 15 días. En tanto, respecto a la restricción y suspensión de garantías, se indica que al acoger los plazos de 60 días solo podrá afectarse la libertad ambulatoria o de locomoción y no el derecho de reunión.

Además, la reforma constitucional señala la incorporación de un mecanismo de revisión del estado de excepción por 60 días, de tal manera que el Congreso pueda revocarlo mientras cuente con los votos de las cuatro séptimas partes de la cámara de diputados y de los senadores.

Senadores

Respecto al ingreso de este proyecto, el senador Gastón Saavedra (PS) apuntó a la necesidad de urgencia que debe ser determinada por el mismo gobierno de tal forma que "haya un proceso legislativo rápido antes de que termine el año y tengamos, por lo tanto, en adelante la serenidad necesaria para enfrentar un tema tan complejo como este, la seguridad, la violencia y el terrorismo en el país, porque esta ya no es solo una cuestión de la Macrozona o donde están todas las comunidades".

Por su parte, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) aseguró que la idea de prolongar la medida por 60 días le parece buena, pero "siempre y cuando las restricciones a las garantías constitucionales de los ciudadanos sean limitadas y se entreguen nuevas herramientas legales y operativas a las Fuerzas Armadas y de Orden Público para actuar de manera efectiva contra los grupos terroristas que están actuando impunemente en la Macrozona Sur".

En una línea distinta, el senador Sebastián Keitel (Evópoli) explicó que el proyecto parece debilitar la medida del estado de excepción, pese a que existe un problema al tener que renovarlo sucesivamente. "Nos parece delicado, sobre todo si aún no existe un plan robusto en materia de seguridad que acompañe la medida", agregó.

Diputados

En la Cámara Baja, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) reiteró su oposición a la militarización en la zona y que el proyecto de 60 días debe ir aparejado con avances en el plan Buen Vivir. Por otra parte, apuntó a que existen dos aristas en torno a la implementación de estos nuevos plazos.

"La primera tiene relación a que dejan de lado una de sus características principales y que está vinculada a la excepcionalidad, transformando el mecanismo en algo más estable que, insisto, no me parece. En segundo lugar, creo que al tener la certeza de un plazo más extenso es posible avanzar en una mejor planificación de la intervención a realizarse, profundizando conjuntamente el trabajo de inteligencia y, en definitiva, desmantelando las bandas organizadas que azotan el territorio", detalló.

Eric Aedo (DC) aseguró es un estado de excepción "distinto que protege las libertades personales, pero permite el despliegue de las FF.AA. en los territorios donde impera la violencia que sucede en la Macrozona Sur y por eso la bancada de la Democracia Cristiana apoyará esta propuesta legal que presenta el gobierno, porque está en plena sintonía con lo que había hecho la DC (proyecto de infraestructura crítica)".

Por el contrario, Flor Weisse (UDI) aseguró que el proyecto no es suficiente: "solo habla de un plazo y lo que necesitamos es que haya un fortalecimiento a las FF.AA. en el territorio. Lo que hace es restarle atribuciones al Congreso y generarle más atribuciones al Ejecutivo para coartar las libertades individuales, pero no nos garantiza que el estado de excepción sea más eficiente y dé más resguardo a las FF.AA.".

Diario El Sur intentó conocer las opiniones al respecto de los diputados del Partido de la Gente de la Región del Biobío, sin embargo, no fue posible contactarlos.

A balazos un grupo de sujetos desconocidos intentó frustrar ayer la detención de un hombre por el delito de hurto de madera en Tirúa. No obstante, Carabineros logró repeler el ataque y detener al sujeto de 56 años que mantenía en su poder un camión con 12 metros cúbicos de madera.

El capitán Cristian Vallejos, subcomisario de la Subcomisaría de Tirúa, explicó que durante la jornada del martes Carabineros recepcionó una denuncia por sustracción de madera desde el predio Colcuma, ubicado en la Ruta P-972 a 4 kilómetros del área urbana de la comuna.

De esa forma, acudieron hasta el lugar personal de la Subcomisaría con apoyo de personal de Control de Orden Público (COP) y en la ruta controlaron a un camión que era conducido por un sujeto que no pudo justificar la procedencia ni adquisición de la materia prima que transportaba. Además, el camión se mantenía sin patente y cargado con la madera que coincidía con la descrita y denunciada por testigos.

"A raíz de lo anterior, personal de Carabineros procedió a la detención de este sujeto sin antes este oponer resistencia activa al actuar de Carabineros, así mismo hago presente que durante el operativo personal de Carabineros fue atacado por armas de fuego por individuos desconocidos que estaban ocultos atrás del follaje del bosque. Afortunadamente personal policial no resultó lesionado", detalló el capitán Vallejos.

El sujeto detenido fue identificado como O.L.C. de 56 años de edad, quien no registra antecedentes delictuales y por disposición del Ministerio Público pasó a control de detención. Ayer fue formalizado por sustracción de madera y quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse al predio, arresto domiciliario nocturno y firma quincenal.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Infancia el área de Participación Ciudadana de la Corporación de Asistencia judicial (CAJ) del Biobío realizó el lanzamiento de la Consulta sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 2022.

Se trata de una iniciativa que impulsa la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región como una oportunidad para escuchar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. La encuesta se aplicará a estudiantes del Colegio Rebeca Matte Bello para relevar y visibilizar la necesidad de escuchar para conocer sus necesidades, opiniones, conocimiento y percepción que tienen de sus derechos y deberes.

Con los resultados se evidenciará el interés de asumir compromisos de participación en el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) institucional y otras instancias participativas; y eventualmente extenderlo a otros establecimientos educacionales.