Por Felipe Cuevas Mora

Se trataba de una reunión breve, pero con el correr de los minutos la certeza que había en las oficinas de la Compañía General de Electricidad de Concepción (CGE) es que había mucho que conversar.

Este miércoles, alcaldes del Gran Concepción se reunieron con los directivos de la CGE con el fin de aclarar los cobros que la empresa realizó particularmente a cuatro municipios -Concepción, Chiguayante, Penco y Coronel- por montos que oscilan entre los $200 y $500 millones, que levantaron una incertidumbre luego de que en la misiva la compañía informara que se iniciarían cortes programados en servicios públicos en caso de que la deuda no fuese cancelada.

Tras la reunión, los alcaldes y directivos de la compañía que entrega suministro a más de 150 comunas en todo el país, coincidieron en que la comunicación fue excesiva y que en un plazo de dos semanas se presentarán los resultados de un estudio interno con equipos municipales que buscará aclarar los cobros que realizó la empresa a 61 alcaldías del país, entre ellas las cuatro de la zona.

Autocrítica

Oscar Facusse, gerente regional Zona Sur CGE indicó tras la cita que "un aprendizaje del proceso, y la molestia que manifestaron los alcaldes, es que nuestra comunicación debió ser más efectiva y anterior a este proceso. Habíamos hecho comunicaciones previas, pero falto una más directa de los alcaldes, y por eso manifesté las disculpas por parte de la compañía".

Junto con ello, el directivo puso el énfasis en que "se nos plantearon diferencias que conversaremos individualmente con cada municipio, y quiero dar la tranquilidad a nuestros clientes de que la posibilidad de un corte de suministro es nula, habrá alumbrado público y los servicios de salud tendrán su suministro".

Sobre las situaciones de deuda, Facusse detalló que 61 municipios en todo el país tienen pagos pendientes con la compañía, pese a que "han sido buenos pagadores en la historia, tenemos una situación particular y con esta conversación podremos avanzar con los municipios para acordar el monto de la deuda y regularizarla".

¿Algún plazo para conocer los montos reales de deuda? "Es muy probable que durante esta y la próxima semana ya estemos en conversaciones para presentarle a la CGE y los alcaldes la situación real de este proceso, y como lo vamos a regular", dijo el directivo.

Evidente molestia

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, agradeció la disposición de los directivos de CGE para rápidamente realizar la reunión solicitada, y dijo que "tomamos las palabras de la empresa respecto a que pudo haber un error o un exceso en una actitud administrativa de no haber hablado con los representantes legales de los municipios, enviar un correo a quienes no tienen una facultad administrativa para tomar decisiones en las municipalidades. Lo reconocen, fue un error y tratamos de ver como avanzamos".

Además, lamentó el temor que se generó en la ciudadanía: "Producto de esta forma, a través de un correo que llegó a muchas personas, se infundo un temor desmedido considerando que se podía cortar la luz en el alumbrado público. Manifestamos nuestra molestia y queda conversar, cumplir lo que corresponda. Revisaremos si lo que se cobra es lo que se debe pagar".

Su par de Chiguayante, Antonio Rivas recordó que "hay una diferencia respecto de un monto que nos señala la CGE, que está objetado respecto a lo que nosotros creemos que podría convertirse en deuda a causa de que en 2016 se cambió la plataforma de pagos. Todos los estudios del detalle del total los hacía la compañía y ahí se trasladó a los municipios, haciéndonos cargo de las facturas y de 400 medidores. Eso significa que hay objeciones medidor a medidor y eso está en cuestión hoy".

"Los alcaldes somos actores políticos que tenemos permanentes competencias, donde las fake news y las intenciones de querer distorsionar la información se usan políticamente, lo que es un trabajo permanente de distintos actores políticos. Hemos tenido un deterioro importante y lo que más nos importa es la tranquilidad de nuestros vecinos", añadió sobre el trasfondo de la situación que inquietó a cuatro de los municipios más grandes de la zona.

496 millones de pesos es

En la víspera de la llegada del verano, las autoridades regionales y comunales realizaron una visita fiscalizadora a los distintos accesos a las playas de la comuna de Tomé, particularmente en Pudá, Punta de Parra y Pingueral.

Esto, considerando también que hasta la fecha Bienes Nacionales ha recibido un total de 57 denuncias en lo que va del año por distintos impedimentos para acceder a las playas por los accesos habilitados.

Ante esto, el seremi de la cartera Genaro Donoso explicó que "comenzamos con las fiscalizaciones y con el proceso de fijación de accesos. Por lo tanto, vamos a llegar a todas las playas que tengan denuncias de impedimento de ingreso para corroborar si realmente se obstaculiza la libre circulación".

Además, la autoridad agregó que "recibimos las denuncias a través de los diferentes canales habilitados para esto y, en base a ellas, realizamos la labor fiscalizadora que es un trabajo que hacemos en conjunto con la ciudadanía. Por eso, llamamos a la comunidad a ser colaborativos y participativos, sobre todo, en el proceso de fijación de acceso".

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas en tanto dijo que "nos hemos dado cuenta que la gente puede venir sin problemas a las playas de la comuna. Esto, porque se está cumpliendo con lo que exige la ley: contar con el libre acceso peatonal", y llamó a los vecinos a hacer cumplir la normativa en caso que "haya un lugar que no se encuentre respetando lo que por ley se debe hacer".

La delegada presidencial Daniela Dresdner comentó que "hemos visto que el acceso está fluido y sin obstáculos. Efectivamente existe una caseta, pero no para bloquear la entrada, sino netamente por temas de seguridad, por lo que la playa está absolutamente habilitada para todas las personas que quieran venir".

Fue la tarde de este martes que los directivos y trabajadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) alcanzaron un acuerdo respecto a las demandas levantadas por el sindicato que agrupa a 901 trabajadores del plantel.

Sin embargo, será durante la mañana de hoy que se materialice el acuerdo con la firma del nuevo contrato colectivo en dependencias de la rectoría tras una revisión previa de las condiciones que contempla la última oferta entre los dirigentes y sus abogados, en el que se considera -según pudo conocer este medio- el reajuste salarial en base al aumento del IPC (con un 8% para noviembre y un 4,2% para marzo), la mayor demanda de los trabajadores que durante dos semanas marcharon por las calles del centro penquista y que ayer aprobaron la última oferta durante la mañana, tras una votación en la explanada del campus San Andrés, toda vez que esta se firme y se apegue al acuerdo logrado por los dirigentes.

La tarde del martes, el presidente del sindicato Angelo Jara explicó que "llegamos a un consenso, y este logro de un acuerdo tremendamente importante se logró gracias a la unión del sindicato. Nosotros siempre pedimos recuperar el poder adquisitivo, y eso es fruto del esfuerzo de los trabajadores".

Se espera que con el acuerdo conseguido entre la casa de estudios y los trabajadores, las actividades administrativas se retomen entre jueves y viernes, considerando también que la federación de estudiantes paralizó todas sus actividades, en señal de apoyo a las demandas levantadas por el sindicato de trabajadores del plantel que reúne a cerca de 13 mil estudiantes en Biobío y Ñuble, y que se mantuvo paralizado casi por dos semanas.