Claudio Agostini @agostini_cl: Camioneros ya tienen muchos beneficios permanentes: tributan por renta presunta, el impuesto al diésel es 1/4 de lo que debiera ser y les devuelven hasta 80% de lo pagado. En estos últimos meses además se ha subsidiado el diésel con el Mepco...y reclaman!!

arturo ahumada @ahumadaArturo: 31/08/2022,Min. de Hacienda presenta modificaciones a Ley Mepco para facilitar la recuperación del Impuesto Específico a los Combustibles a los camioneros. El mecanismo presentado permite que cuando los montos del impuesto a recuperar sean negativos, se pueda suspender su pago.

Pato de hule amarillo @grevensound: Hipotéticamente el Mepco que es un fondo de amortiguación se recupera cuando el precio del petróleo baja, pero si, es un fondo que está ahí y al menos tiene un coste de oportunidad. Ahora, el mepco no pone precios, solo los suaviza.

Christian Sciaraffia @Csciaraffiav: Sin Mepco cuánto costaría el litro? No es lo mejor el Mepco, pero sin él serían 2 lucas fijo el litro

Jueza

Entre los argumentos que daba la abogada defensora de la jueza de Familia que fue detenida porque conduciendo ebria provocó un triple choque múltiple, para que no le suspendieran la licencia de conducir, era que no iba poder ir a dejar y a buscar a sus hijos al colegio en el auto. ¿Y la mencionada abogada que defiende a la jueza confiaría que la misma jueza le fuera a trasladar a sus hijos al colegio en auto? La jueza de Familia, aparte de serlo, debe parecerlo, no puede ser como el "cura Gatica", toda vez que su principal labor es dictar justicia en temas de familia velando principalmente por la protección y seguridad de los niños. En niño de siete años resultó lesionado producto del choque. "Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez" Francisco de Quevedo (1580-1645) escritor español del "Siglo de Oro".

Luis Enrique Soler Milla

Coalición

Tal parece que el Presidente Gabriel Boric encontró el tono para conectar con la inmensa mayoría de chilenos que quiere avanzar, pero con responsabilidad. El problema, no obstante, es su propia coalición, que sigue embebida en el resultado del lejano plebiscito de entrada y haciendo caso omiso a lo que fue el plebiscito de salida.

Esteban Meza

Bifurcación

Al llegar a una bifurcación de caminos, Alicia le preguntó al gato de Cheshire cuando se le apareció: "¿Podría decirme qué camino debo tomar: el de Allende o el de Lagos?" El gato le respondió: "Eso depende del lugar a dónde quieras ir".

Adolfo Paúl Latorre

Inclusión

Actualmente la inclusión es uno de los mayores desafíos de nuestra sociedad, y la igualdad y equidad de género es una de sus aristas más desafiantes. Con el retorno a la presencialidad ha quedado de manifiesto la brecha que existe en el ámbito laboral, ya que la pandemia nos hizo retroceder alrededor de una década de avances en esta materia. La igualdad y equidad de género no solo se restringe al trabajo, sino que es un cambio de paradigma que implica la eliminación de todo tipo de discriminación por la sola condición de género. Esto lo han vivido las mujeres desde tiempos inmemoriales y lo vemos reflejado en la distribución de los roles y labores no remuneradas al interior de la familia. Las mujeres han sido designadas a las tareas de cuidado de niños y adolescentes, personas mayores, discapacitados, entre otros, a los cuales la política pública no logra entregar las alternativas necesarias para su desarrollo y bienestar. La entrada en vigencia de la Ley 21.369 este año, que elimina el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en educación, es un gran desafío. La formación y educación de nuestros niños debe estar orientada en valores y el respeto de los derechos humanos para lograr una convivencia que permita el desarrollo de una sociedad justa, igualitaria y equitativa.

Viviana Donoso

Políticos

En la edición del sábado 19, el lector Francisco Sepúlveda dio una imagen de nuestros políticos que me pareció muy acertada. Dentro de esta descripción vemos que a los llamados honorables se les tuvo que pagar sueldos fuera de toda norma de la Ocde, destaco esta palabra porque la usan como su biblia, para que no sean tentados por coimas y al parecer nos quedamos cortos en su dieta (caso Soquimich). También vemos que en la seguridad le echan la culpa a los jueces siendo que estos solo aplica las leyes que hacen los políticos. Salen hablando de penas de 10 años, pero en la letra chica dan atenuantes y sale en un año. La ley Emilia es una burla para los afectados. Tenemos estos políticos gracias a nosotros mismos, que los elegimos. Lo primero que deben sacar de la actual Constitución es el fuero parlamentario, para que sean coherentes con lo que dicen y hacen y seamos todos iguales. Igualdad es una de las primeras palabras que aprenden en política.

Patricio Saavedra V.

Aprendizaje

Cuando se evalúe el bajísimo aprendizaje de los escolares durante la pandemia, el Colegio de Profesores tendrá que rendir cuentas.

Sergio Muñoz

Alrededor de siete millones de ciudadanos emitieron ayer su voto en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. Tras una jornada electoral marcada por la salida de los pactos políticos tradicionales del camino hacia La Moneda, el republicano José Antonio Kast obtuvo la votación más alta. En Biobío, la diferencia fue de 32,6% a su favor, versus el 19% de la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. La jornada contó con más del 50% de participación del padrón electoral. El alto interés por la megaelección generó filas para sufragar que se extendieron por varias horas. Los candidatos remarcaron sus diferencias con miras al balotaje.

En los locales del centro de Concepción y también en muchos otros puntos de la Región se observó desde muy temprano a gran cantidad de personas haciendo filas -pese al calor.

"Las leyes se tienen que aplicar", fue la sentencia de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, frente a los cuestionamientos de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y de la ministra del Interior, Carolina Toha, por la aplicación de la Ley Aula Segura para frenar la ola de violencia que protagonizan alumnos de algunos liceos emblemáticos de la capital.

¿Cuáles son las razones detrás de esta postura? ¿Por qué algunos sostenedores se niegan a ocupar esta ley y otros instrumentos para sancionar conductas lesivas o derechamente delictuales? ¿Qué está en juego si aceptamos como válida dicha postura? En primer lugar, lo más obvio: muchos sostenedores y autoridades comparten (en silencio o soterradamente) la forma de lucha de los estudiantes. Ya sea por su experiencia o su visión de mundo, a muchos les resulta elocuente la forma en que los alumnos se manifiestan, y aun cuando puedan condenar uno que otro exceso, sumando y restando, es más el apoyo que la condena.

En segundo lugar, muchas autoridades se omiten en su deber de aplicar los reglamentos internos o las leyes para no ver perjudicadas sus carreras profesionales o políticas. No quieren ser parte del petitorio, quieren pasar desapercibidos, optan por el silencio cómplice, le temen al reproche en redes sociales, y sufren frente a la posibilidad de ejercer su autoridad. Se justifican (o encubren dicho temor) afirmando que las sanciones y los procedimientos punitivos no resuelven los problemas de fondo, y que solo agudizan el comportamiento disruptivo de los acusados. Se nos deja así en un laberinto sin salida: mientras no se resuelvan o atiendan los "problemas de fondo", lo prudente es no hacer nada.

Por otro lado, se ha instalado (hábilmente) la idea de que el ejercicio de la autoridad es sinónimo de autoritarismo y de persecución a los menores. Esto es algo que la investigadora de la Usach, Kathya Araujo, aborda profusamente en su libro "El miedo a los subordinados. Una teoría de la autoridad" (2016), una obra que la izquierda debiera leer y tomarse más en serio. Parte de su tesis y de su crítica consiste en advertir que no es posible ninguna forma de organización sin el ejercicio de la autoridad. Donde no hay autoridad, no hay tampoco organización. La crisis que sufren los liceos emblemáticos tiene mucho de eso: en la comuna de Santiago, de 587 procedimientos disciplinarios consolidados a 2022, existen solo 5 expulsiones. Cuando los sostenedores no apoyan a sus equipos directivos en la aplicación de reglamentos internos y de leyes como Aula Segura incumplen gravemente sus obligaciones.

El efecto concreto de dicho relajo se observa en la alta tasa de licencias médicas de funcionarios de la educación, en el éxodo de familias a otros establecimientos, en la rotación de equipos directivos, y finalmente, en el aletargamiento y muerte de los proyectos educativos.

De continuar esta atmósfera de permisividad en escuelas, liceos y universidades, se corre el riesgo de profundizar la anomia que afecta a nuestro país, esto es, de aumentar el desapego normativo de los ciudadanos con las instituciones políticas que organizan y regulan la vida en sociedad. ¿Qué consecuencias producirá, a su vez, dicho fenómeno en la convivencia democrática? ¿Qué nuevos malestares se incuban desde la aptitud pasiva de muchas autoridades?

Muchas autoridades se omiten en su deber de aplicar los reglamentos internos o las leyes para no ver perjudicadas sus carreras profesionales o políticas. Quieren pasar inadvertidas.

En las últimas semanas las autoridades han expresado su preocupación por la gran cantidad de inmigrantes que han ingresado en forma ilegal al país, y que no han regularizado su situación, por lo que pasan a generar un nuevo problema social para el país, al incrementar la población que viven en campamentos. Esto representa a la vez una presión para los servicios de educación y salud, entre otros.

Según cifras del INE, Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, son las regiones donde la población extranjera tiene un peso mayor sobre el total poblacional regional. En la primera de ellas, los inmigrantes representan el 16,9% de los habitantes, mientras en nuestra Región del Biobío, esos extranjeros significan el 1,6% del total de residentes. Hay estudios internacionales que dicen que cuando las personas llegadas a un país representan más de un 10% de la población, se generan desafíos relevantes, ya que hay que pensar en proporcionarles vivienda, empleo, salud, cobertura previsional, educación para los niños, y desarrollar políticas de inclusión, en las que desde hace tiempo trabajan diversos ministerios.

Otro punto relevante en el que se han enfocado los últimos gobiernos ha sido la regulación del proceso migratorio, para que quienes ingresan lo hagan con su documentación al día y con las respectivas autorizaciones. Ingresar con su RUT y visa facilita la inserción de quienes vienen a trabajar, considerando que el país no tiene una capacidad infinita para integrar inmigrantes.

Hasta septiembre de este año, en la Región del Biobío la PDI reportó 2.287 personas por haber ingresado clandestinamente a Chile. Según cifras del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Concepción, en 2018 se registraron 29 reportados por ingreso clandestino; la cantidad aumentó a 244 en 2019, llegó a 441 en 2020, y a 2.780 en 2021 completando durante los últimos cinco años 5.789 denuncias de este tipo. Estas corresponden a las que son ingresadas tanto a través de las declaraciones voluntarias por ingreso por paso no habilitado, como a través de las fiscalizaciones que realizan detectives de la PDI, Posteriormente los denunciados quedan en trámite con la obligación de firmar al menos una vez en el mes como parte del control. Entre las nacionalidades de las personas que se detectan de forma irregular en la Región del Biobío, predominan venezolanos y colombianos, seguidos de bolivianos, peruanos y haitianos.

Una vez reabiertas las fronteras, tras el período más difícil de la pandemia, muchas personas que perdieron los medios de subsistencia en sus países comenzaron a emigrar a lugares donde creen que tendrán mejores condiciones. Hace unos días, el senador por Arica José Miguel Insulza ha advertido que, según los antecedentes de que dispone, este verano vendrá otra ola migratoria ilegal y que si ahora hay en el país alrededor de 40 mil inmigrantes ilegales, se podría pasar a 60 mil o 70 mil entre enero y marzo. Aunque el proyecto del Gobierno para agilizar las expulsiones de indocumentados fue aprobado por unanimidad en el Senado, el parlamentario tiene dudas de que en la práctica se puedan concretar las expulsiones, ya que se exige notificarlos previamente en forma presencial. Con la actual legislación se les debe avisar en tres ocasiones y el proyecto en estudio lo rebaja a dos, pero los involucrados van cambiando domicilio, de manera que en la práctica pasan a ser inubicables. De ahí que sugiera que hay que obligarlos a fijar domicilio y que no puedan trasladarse, aunque reconoce que no se cuenta con esa herramienta y no se les puede obligar a fijar domicilio para estos casos y tampoco los migrantes ilegales pueden quedar detenidos.

Por eso, es relevante sincerar la migración que viene a trabajar a Chile y no disfrazarla de un turismo que no es tal. Esto es aún más relevante cuando el país debe enfrentar un acelerado proceso de recuperación de los empleos perdidos en la crisis derivada de la pandemia.

Hasta septiembre de este año, en la Región del Biobío la PDI reportó 2.287 personas por haber ingresado clandestinamente. En los últimos cinco años se han presentado 5.789 denuncias.